La medida fue dispuesta a partir de una resolución 36 firmada ayer por la Secretaría de Comunicaciones, que fue elaborada junto a la Subsecretaría de Política Criminal, a partir de la cual las empresas de teléfonos fijos o celulares deberán identificar cualquier tipo de comunicación que provenga de una cárcel federal y emitir el mensaje de advertencia.
La advertencia a los usuarios será la grabación de una voz que dirá: "Esta llamada proviene de un establecimiento penitenciario".
Si bien Telefónica y Telecom ya habían incorporado a sus sistemas este mensaje cuando los presos usan el servicio de llamada por cobrar desde los teléfonos públicos de los pabellones, los reclusos lograban evadirlo usando el sistema 0-800 de las tarjetas de pulsos telefónicos que ellos mismos cobran como rescate por los falsos secuestros.
Ante ese problema, la Subsecretaría de Política Criminal -de la cual dependen las cáceles del Servicio Penitenciario Federal- convocó a las empresas telefónicas y desde noviembre pasado se iniciaron negociaciones para que las compañías le encuentren una solución técnica a ese problema.
Voceros del Ministerio de Justicia explicaron a Télam que esa solución es un software a partir del cual todas las compañías telefónicas -de línea o celulares- podrán identificar un llamado desde la cárcel por más que sea efectuado con monedas, cobro revertido o tarjetas prepagas, y antes de entablar la comunicación emitir el mensaje de advertencia al usuario.
La cartera de Justicia aclaró en un comunicado que este sistema deberá ser incorporado por las empresas "sin modificar la estructura general de tarifas, ni representar erogación alguna para el Estado Nacional".
También indicó el mensaje pregrabado "'esta llamada proviene de un establecimiento penitenciario', con ausencia de datos valorativos, no contiene actitud discriminatoria y no merece reparo desde el derecho a la comunicación, garantizado por la norma vigente".
Se trata de la segunda medida que la cartera de Horacio Rosatti toma luego del caso de Facundo Azulay, el despachante de aduanas que fue asesinado el 10 de este mes cuando un grupo de delincuentes transformaron lo que era un secuestro virtual en uno real, cobraron un rescate, pero le pegaron un tiro en la cabeza.
La semana pasada, el subsecretario de Política Criminal, Alejandro Slokar, anunció a Télam que se comenzaron a instalar cámaras en los teléfonos públicos en todas las cárceles federales para poder identificar a quienes realizaban los secuestros virtuales.
Los investigadores del caso Azulay determinaron que el llamado extorsivo provino de un teléfono público del penal de Ezeiza y que la banda estaba comandada por un preso de ese establecimiento federal.
A principio de este mes y antes del caso Azulay, la fiscal federal de San Isidro, Rita Molina, había pedido por escrito al director del SPF, Juan José Soria, que se controle de alguna manera a los presos que usan los teléfonos públicos de los pabellones para poder identificar a los reclusos que realizan los secuestros virtuales.
El problema que advirtió la fiscal Molina es que si bien con los rastreos telefónicos, en la mayoría de los casos, se logra llegar al teléfono público del penal de donde provino la llamada, es imposible identificar entre la población carcelaria al interno que la efectuó.
La mayoría de los denominados secuestros virtuales son realizados desde las cárceles por presos que llaman a un número al azar, dicen que secuestraron a "un familiar" y piden como rescate dinero o tarjetas de pulsos telefónicos, cuando en realidad todo es una farsa.
Si cuentan con un cómplice en libertad, los falsos secuestradores le indican a su víctima el lugar donde deben hacer la entrega del dinero, pero de lo contrario, le piden que compre tarjetas telefónicas y le dicten los códigos, ya que dentro de la cárcel, los pulsos telefónicos son muy preciados y se utilizan como moneda porque les permite hablar con familiares y abogados.
Autoridades judiciales y policiales recomiendan siempre hacer la denuncia ante un llamado extorsivo y desconfiar cuando la comunicación proviene de una cárcel.
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