Latency, un potrillo reciente ganador del premio Jockey Club en el hipódromo de San Isidro y candidato a imponerse el sábado próximo en el Carlos Pellegrini, quedó envuelto hoy en una puja judicial que, incluso, podría derivar en
un embargo del animal antes de la competencia de turf.
Según dijeron fuentes judiciales, Latency pertenecería a una sociedad que administra el haras Dos Manos, uno de cuyos propietarios sería el cardiocirujano Dardo Jorge Fernández Aramburu, quien integró el equipo que operó a Carlos Menem en la carótida en 1993.
Las fuentes revelaron que Dos Manos se presentó en concurso de acreedores, en el marco del cual se originó un "incidente de administración" por los caballos.
El expediente está a cargo de la jueza comercial Margarita Braga, quien designó a un administrador (en realidad, se habrían sucedido cuatro en los últimos tiempos) y al propio Fernández Aramburu como co-administrador.
Pero los caballos, que debían estar afectados al proceso de convocatoria, no están en la sociedad concursada y los premios que ganaron no habrían ingresado a la administración de la convocatoria. se dato estaría probado con un informe de Stud Book, una entidad que paga los premios de las carreras.
Por esa presunta irregularidad existen dos causas penales: una por supuesta administración fraudulenta contra Fernández Aramburu, ante el juzgado de instrucción del magistrada Julio Lucini, y otra por eventual prevaricato contra la jueza Braga, ante la jueza de instrucción Silvia Ramond.
Pero también hay una causa civil vinculada con el divorcio de Fernández Aramburu, y es en ese expediente en el que los abogados de su ex esposa evalúan pedir el embargo del animal. El caso se reactivó a partir de la publicación, el martes pasado, de un artículo en el suplemento deportivo de un diario porteño en el que Fernández Aramburu aparece coom "propietario" de
Latency.
Según documentación a la que tuvo acceso esta agencia, esta mañana una de las partes presentó ese artículo y otro de la revista del Jockey Club ante el juzgado que lleva la causa por presunta administración fraudulenta.
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