La distribución de las rentas de la Aduana de Buenos Aires ?que era la fuente de recursos fiscales casi exclusiva del Virreinato del Río de la Plata? fue una de las causas centrales de la sangrienta guerra civil que asoló a la Argentina durante la primera mitad del siglo XIX.
Quien controlaba esta aduana tenía los recursos y, en consecuencia, podía financiar ejércitos para imponerse. Buenos Aires, controlando las rentas de dicho organismo, compensaba su debilidad relativa en hombres frente al interior.
Muchas cosas cambiaron con la organización nacional y finalmente los recursos de la Aduana fueron nacionalizados.
A lo largo del siglo XX, la estructura impositiva del país fue modificándose. Desde los años ?30 los impuestos al comercio exterior fueron reduciendo su importancia relativa frente a impuestos internos crecientes, mientras que se introduce entonces el sistema de impuestos coparticipados que, con distintas modificaciones, rige hasta nuestros días.
En este marco, el actual conflicto por la coparticipación, no es un problema que surge en forma sorpresiva, sino que tiene raíces históricas profundas en nuestro país y deriva además de la estructura institucional federal.
El conflicto presenta dos vertientes: por un lado, qué porcentaje de los impuestos coparticipados irán a las provincias y cuál al Gobierno nacional. En esta cuestión, todas las provincias tienen el mismo interés: que se reduzca el porcentaje que retiene la Nación en beneficios de ellas.
Por otro, el porcentaje del total de los impuestos coparticipados que va a cada provincia, donde lógicamente, los intereses entre ellas entran en inevitable conflicto.
En la estructura vigente, las provincias ?grandes? que históricamente eran las más ricas, como Buenos Aires, Córdoba y Santa Fe, tienen un porcentaje relativo menor que el que les correspondería de acuerdo con su población. Ello es porque se intentó compensar a las provincias más chicas ?que, por lo general, eran las más pobres?, dándoles porcentajes mayores que el que les hubiera correspondido de acuerdo con su población.
El régimen institucional favorece a las provincias chicas en la representación política, dado que todas tienen tres senadores nacionales y un mínimo de cinco diputados nacionales cualquiera que sea su población. En alguna medida, se intentó introducir este tipo de criterio federalista en la coparticipación.
Pero fue en el gobierno de Alfonsín, cuando Armendáriz era gobernador, que la provincia de Buenos Aires aceptó ceder 8 puntos de su porcentaje en beneficio de otros distritos. Al retomar el peronismo el control de la provincia, en 1987, comienza a reclamar la restitución y entonces al llegar Menem al poder se establece un fondo especial de varios cientos de millones de dólares al año, para volver a compensar a la provincia de Buenos Aires.
El dato político es que la reforma constitucional de 1994, al eliminar el Colegio Electoral y establecer la elección presidencial por voto directo y distrito único, potenció el papel político de la provincia de Buenos Aires. Basta mencionar que en una elección presidencial, el municipio más populoso del Gran Buenos Aires, que es La Matanza, tiene tantos votos como las seis provincias más chicas juntas (Tierra del Fuego, Santa Cruz, La Pampa, San Luis, La Rioja y Catamarca).
Sobre estos antecedentes, cuando en abril la administración Kirchner envió al Congreso el proyecto para modificar el régimen de coparticipación vigente, encontró la oposición de las provincias ?grandes? y optó por retirar la iniciativa, para evitar una derrota política abierta, aunque se había firmado con el FMI el compromiso de tener la reforma para el mes en curso.
Pero en los últimos días, la provincia de Buenos Aires, a través del gobernador Solá, con el apoyo del ex presidente Duhalde y de los principales partidos políticos de la provincia, reclamó la devolución de los 8 puntos de coparticipación que la provincia perdiera en el gobierno de Alfonsín.
Kirchner argumenta que no puede restar recursos a las demás provincias para entregarlos a Buenos Aires, y ésta sostiene que es del porcentaje del Gobierno nacional del que deben salir los recursos que reclama.
Más allá de la discusión económica y presupuestaria, hay una cuestión política. Es que controlar la provincia de Buenos Aires implica tener la capacidad de decidir quién será el próximo Presidente de la Nación, como ya lo demostró Duhalde en el 2003 al imponer a Kirchner.
Duhalde sabe que reteniendo el poder político de Buenos Aires, su influencia seguirá siendo decisiva en la política nacional. A su vez Kirchner comprende que, sin controlar el distrito, en mayor o menor medida estará obligado a compartir el poder con el ex presidente.
Es probable que la sangre no llegue al río y que, finalmente, se logre un acuerdo que baje la tensión política. Pero seguramente será más una tregua precaria y transitoria que un pacto político que despeje conflictos que afecten la gobernabilidad durante los próximos años.
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