Los fiscales Eduardo Freiler y Federico Delgado pidieron que se solicite colaboración a la Justicia de Estados Unidos para identificar una cuenta bancaria en la que se habría depositado parte de la coima que se pagó por aprobar en el 2001 la ley de reforma laboral.
El planteo fue formulado al juez federal Rodolfo Canicoba Corral, a raíz de que un testigo declaró que Domingo Nicolás Avellaneda, un supuesto testaferro del ex senador Emilio Cantarero, viajó en 2000 a Nueva York para depositar el dinero.
La información sobre el viaje fue aportada a los fiscales el 12 de enero último por el periodista salteño Sergio Poma, quien "acompañó un número de cuenta correspondiente a una entidad bancaria con sede en Nueva York y que él vincula como el imputado Cantarero", dice el requerimiento fiscal.
En ese sentido, Freiler y Delgado consideraron que "se aprecia de interés identificar la cuenta de que se trata y dilucidar si Avellaneda viajó a los Estados Unidos durante 2000, en qué fechas, a qué lugar y con quién".
En caso de hacer lugar a esta medida, el juez deberá enviar un exhorto al Departamento de Justicia estadounidense para requerir su colaboración.
Respecto de Avellaneda, los fiscales también reclamaron que se determine si tuvo algún vínculo laboral con el Congreso de la Nación y que se indidualicen los titulares de una serie de números de teléfonos aportados por el periodista.
Avellaneda es un empresario y ex diputado provincial de Salta que, tras ser mencionado en la causa de los sobornos, negó haber realizado gestiones en favor de Cantarero, pero admitió haber viajado a Nueva York en 2000.
Sin embargo, dijo que fue para visitar a una hija que es monja misionera y que no pisó un banco mientras estuvo allí.
Por otra parte, los representantes del Ministerio Público pidieron que se ordene "de manera urgente" un entrecruzamiento entre los teléfonos fijos y móviles que utilizaban el arrepentido Mario Pontaquarto y Martín Fraga Mancini, secretario del ex senador justicialista Remo Costanzo.
El cruce debería abarcar las llamadas realizadas entre abril y diciembre de 2000, debido a que los fiscales sospechan que Fraga Mancini faltó a la verdad cuando declaró que nunca había hablado por teléfono con Pontaquarto en esa época, pese a que se lo señala como vinculado al pago de los sobornos.
El secretario -quien goza de una falta de mérito en esta causa- podría ser citado nuevamente a ampliar su indagatoria debido a que recientemente dijo en una entrevista que se negaba a abordar "la cuestión de fondo", es decir el pago de las coimas, pero prometió hacerlo "un poco más adelante".
Tras esos dichos, publicados en el diario Río Negro, Freiler y Delgado pidieron que se lo cite otra vez, pero el juez aún no hizo lugar a esa medida.
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