El fiscal que se opuso a investigar a Puigdemont por terrorismo en el caso Tsunami Democràtic se da de baja de la asociación

Álvaro Redondo, el fiscal del Tribunal Supremo que emitió un informe en el que se oponía a que el alto tribunal investigase al expresidente catalán Carles Puigdemont por terrorismo, se ha dado de baja de la Asociación de Fiscales después de que la misma descartase ampararle a raíz de un artículo de prensa en su contra.

En una carta dirigida a la presidenta de la asociación, Cristina Dexeus, Redondo asegura “que carece de sentido” su permanencia en una asociación a la que ha pertenecido 20 años y que “se muestra absolutamente incapaz” de darle amparo en sus “actuaciones profesionales”. “Te ruego que tramites, a la brevedad posible y con efecto inmediato, mi definitiva e irrevocable baja asociativa”, recoge el comunicado, recogido por Europa Press.

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En la misma circular, Redondo recuerda que el Consejo Fiscal acordó el pasado 6 de marzo ampararle “ante la publicación en algún medio de comunicación de artículos extremadamente críticos” sobre su decisión de oponerse a investigar a Puigdemont por terrorismo en relación a la plataforma independentista Tsunami Democràtic.

“El Consejo concedió el amparo, si bien los seis vocales pertenecientes a la Asociación de Fiscales, votaron en contra de su toma en consideración”, ha lamentado el fiscal, asegurando que “con su actitud inconcebible y sobrecogedora se distanciaron de los consejeros de las otras dos asociaciones, así como del fiscal general del Estado, de la teniente fiscal y de la fiscal inspectora”.

A su juicio, la Asociación de Fiscales puso “de manifiesto” que no estaba dando cumplimiento a una de sus más importantes finalidades, la de defender a los asociados en su actuación profesional.

Cabe recordar que el pasado 6 de febrero, en la junta de fiscales de la sección primera de lo penal del Supremo, los dos presidentes de dicha sección mostraron posturas enfrentadas sobre el informe que elaboró Redondo. Fidel Cadena se mostró en contra, mientras que Joaquín Sánchez-Covisa estuvo a favor. Esta discrepancia entre ambos jefes llevó a que la teniente fiscal del Supremo, María Ángeles Sánchez-Conde, en calidad de superior jerárquica se pronunciara.

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Finalmente, Sánchez-Conde emitió el informe final con la postura de la Fiscalía: se opuso a que se investigara a Puigdemont en el Supremo por terrorismo al considerar que no hay indicios suficientes de criminalidad contra el eurodiputado de Junts.

El pasado 29 de febrero, el Supremo -en contra del criterio del Ministerio Público- abrió causa penal contra Puigdemont y contra el diputado de ERC en el Parlament Ruben Wagensberg por presuntos delitos de terrorismo en la causa de Tsunami Democràtic.