El Parlamento de Venezuela sancionó este viernes una nueva ley de arrendamiento de viviendas, una decisión que busca dar respuesta a la emergencia habitacional causada por los dos terremotos del 24 de junio que destruyeron miles de hogares y dejaron a casi 18.000 personas sin techo.
La norma, aprobada por unanimidad, establece un marco legal para estimular el mercado inmobiliario de alquiler y garantizar condiciones mínimas de habitabilidad en los inmuebles, en un país donde la oferta de viviendas en renta se mantuvo limitada por décadas de inseguridad jurídica y regulaciones restrictivas.
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La nueva norma, bautizada como “Ley del Régimen Especial de Arrendamiento de Inmuebles Destinados a Viviendas”, estableció condiciones para reactivar el mercado de alquiler tras los sismos del 24 de junio y fijó que solo podrán arrendarse viviendas que cumplan requisitos mínimos de habitabilidad.
También prohíbe los alquileres en zonas declaradas de alto riesgo por las autoridades y habilita que propietarios e inquilinos acuerden el canon de arrendamiento dentro de los límites previstos por la legislación.
Durante la sesión, celebrada en una base militar de Caracas debido a los daños en el palacio legislativo, el jefe parlamentario Jorge Rodríguez destacó la importancia de la ley para restablecer la confianza entre propietarios e inquilinos, después de años marcados por ocupaciones ilegales y trabas para recuperar inmuebles. El texto legal también eliminó la obligación de depósitos adelantados de hasta un año y otros requisitos que, según los legisladores, dificultaban el acceso a la vivienda.
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La diputada opositora Alejandra Rodríguez consideró que la aprobación de la norma representó un paso hacia la recuperación del mercado de alquiler, que quedó paralizado por la desconfianza y la falta de incentivos para propietarios. Desde el oficialismo, la parlamentaria América Pérez sostuvo que miles de familias quedaron sin un hogar digno tras los sismos, por lo que la nueva ley respondía a una necesidad urgente.
El diputado Pedro Carreño remarcó que la norma otorgó seguridad jurídica tanto a arrendadores como a arrendatarios, con la intención de crear condiciones para que las víctimas de los terremotos puedan acceder a una vivienda mientras se reconstruyen sus hogares.
En esa línea, Jorge Rodríguez sostuvo que hasta 200.000 viviendas permanecieron vacías por temor de los propietarios a perderlas, debido a una normativa que describió como regresiva y que, según dijo, durante dos décadas desincentivó el alquiler y dio pie a ocupaciones ilegales.
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El impacto de los terremotos, con magnitudes de 7,2 y 7,5, resultó devastador: más de 5.500 personas fallecieron y 23.800 damnificados permanecen en campamentos en Caracas y La Guaira, mientras equipos oficiales comenzaron la demolición de 190 edificios colapsados y la reparación de otros 856 con daños estructurales.
El Gobierno anunció la construcción inicial de 1.875 viviendas y la presidenta encargada, Delcy Rodríguez, prometió entregar 4.000 nuevas unidades antes de fin de año, con el objetivo de superar las 10.000 durante el próximo año mediante la incorporación de inmuebles del mercado secundario.
El Gobierno también adoptó otras medidas para atender la emergencia habitacional, como subsidios para la adquisición de viviendas y el apoyo técnico de organismos multilaterales en los planes de reconstrucción. Además, las autoridades reiteraron que ningún inmueble podrá alquilarse si no cumple condiciones mínimas de habitabilidad y que se prohíben los alquileres en zonas de alto riesgo, según la evaluación de las autoridades competentes.
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La norma aún debe recibir la promulgación de la presidenta encargada Delcy Rodríguez y se presentó como una de las respuestas inmediatas a la crisis habitacional desatada por los terremotos.
(Con información de AFP y EFE)
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