El Parlamento venezolano comunicó que 561 personas se postularon para ocupar los cargos de magistrados en el Tribunal Supremo de Justicia (TSJ), en un proceso motivado por la reciente reforma de la ley que reorganizó el máximo tribunal del país y fijó en 32 el número de jueces, con el objetivo de renovar parte de la justicia venezolana.
Entre los aspirantes figuran nombres de alto perfil, como la exvicefiscal general Katherine Haringhton, sancionada por Estados Unidos en 2015; la rectora del Consejo Nacional Electoral Aimé Nogal, y el exrector Luis Emilio Rondón González, según la lista difundida por el Comité de Postulaciones Judiciales de la Asamblea Nacional.
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El proceso de selección se abrió el 22 de mayo, cuando la Asamblea Nacional convocó a juristas venezolanos a presentarse tanto para los cargos de magistrados como para inspector de tribunales y director de la Escuela Nacional de Magistratura. En paralelo a las postulaciones para el TSJ, se inscribieron 63 candidatos al cargo de inspector de tribunales y 33 al de director de la Escuela Nacional de la Magistratura.
El Parlamento previó sustituir a ocho magistrados que dejaron sus cargos por jubilaciones y renuncias, y designar a 12 nuevos jueces, mientras otros 12 permanecieron en sus funciones dentro de la corte.
La reforma aprobada por la Asamblea Nacional el 12 de mayo introdujo cambios en la estructura del TSJ: la Sala Constitucional aumentó de cinco a siete magistrados, y el resto de las salas: Político Administrativa, Electoral, Civil, Penal y Social, pasaron de tres a cinco magistrados cada una.
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Esta modificación se inscribió en un proceso más amplio de revisión de la justicia penal, impulsado en abril por la presidenta encargada Delcy Rodríguez, quien inauguró una consulta nacional para abordar las deficiencias del sistema judicial, especialmente el retardo procesal y la corrupción que afecta a los sectores más vulnerables de la sociedad.
Rodríguez identificó tres grandes retos para el sistema judicial: el retardo procesal, la corrupción y la criminalización de la pobreza, al reconocer que el 68% de las personas encarceladas en Venezuela pertenecen a los estratos más desfavorecidos.
Un informe del Observatorio Venezolano de Prisiones calculó que existen 26.694 personas privadas de libertad en el país, lo que supone un hacinamiento de 176,83%. Sin embargo, el ministro de Interior, Diosdado Cabello, precisó que la cifra real alcanza 58.714 personas, de las cuales 12.425 superaron los dos años de detención sin sentencia y 8.222 permanecen recluidas en centros de detención preventiva, instalaciones diseñadas solo para estadías breves.
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El fiscal general Larry Devoe señaló que casi el 70% de la población privada de libertad corresponde a los estratos económicos más bajos, y 81% se enfrentó por primera vez a un proceso judicial penal.
Además, Rodríguez lanzó una línea telefónica para que los ciudadanos denuncien actos de extorsión por parte de funcionarios del sistema judicial, y afirmó que busca erradicar la corrupción y la extorsión en los procesos penales. En los últimos dos años, el gobierno removió y procesó judicialmente a 28.314 funcionarios policiales.
(Con información de EFE)
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