La ONG venezolana Comité por la Libertad de los Presos Políticos denunció el miércoles el traslado de presos políticos desde la cárcel El Helicoide a otros centros penitenciarios del país, sin que se precise el número de personas ni los destinos de los traslados.
Andreína Baduel, integrante de la organización, explicó que “a partir de las 18.00 de la tarde (22.00 GMT) comenzaron a suscitarse estos traslados, no sabemos a quiénes ni a dónde, pero sí pudimos ver a través de una loma cercana a este centro de torturas que comenzó el traslado de presos políticos”.
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El Helicoide, sede del Servicio Bolivariano de Inteligencia (Sebin) en Caracas, ha sido señalado por ONG y familiares como un centro de torturas. Según Baduel, desde la mañana del miércoles se vivió una “situación irregular” tras el anuncio de Estados Unidos sobre el supuesto cierre del penal, información que fue desmentida por familiares y organizaciones.
La activista indicó en diálogo en EFE: “La respuesta del régimen hoy es comenzar un traslado arbitrario, reiterar las violaciones de derechos humanos hacia los presos políticos que están aquí y no darle respuestas oportunas a los familiares, quienes desde esta mañana están tratando de saber qué es lo que ocurre”.
Baduel agregó que los funcionarios del Sebin solo informaron que las visitas permanecen suspendidas. “¡Mi hijo, por favor! ¡Mi hijo no es ningún delincuente!”, gritó una mujer en las afueras del Helicoide al enterarse el episodio de este miércoles.
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El martes, la ONG Justicia, Encuentro y Perdón afirmó que El Helicoide sigue en funcionamiento, pese a que la presidenta encargada de Venezuela, Delcy Rodríguez, ordenó su cierre en enero. En una publicación en X, la organización aseguró que al menos 25 presos políticos permanecen detenidos en esa sede, y advirtió: “No es posible considerar clausurado un espacio mientras existan ciudadanos privados de libertad en su interior”.
Rodríguez solicitó el 30 de enero convertir El Helicoide en un centro social y deportivo, en el marco de una ley de amnistía para presos políticos aprobada en febrero por el Parlamento, bajo control del chavismo. La estructura, concebida en los años cincuenta como un centro comercial, se transformó con el tiempo en la sede del Sebin y de la Policía Nacional Bolivariana (PNB).
El lugar ha sido descrito como un centro de torturas por opositores y activistas, mientras que la Misión Internacional Independiente de la ONU para Venezuela ha documentado abusos y torturas en sus instalaciones. El Gobierno venezolano rechaza de manera constante estas denuncias.
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En paralelo, la ONG venezolana Foro Penal informó el miércoles la liberación de 29 trabajadores de la empresa minera Mibiturven, una corporación mixta integrada por la estatal Minerven y la firma turca Marilyns Proje Yatirim. Los trabajadores recuperaron su libertad tras permanecer un año y dos meses detenidos, acusados de delitos como tráfico de material estratégico, según publicó en X el director vicepresidente de la organización, Gonzalo Himiob, quien precisó que la liberación se efectuó a las 20.50 hora local (01.50 GMT).
Según medios locales, el 1 de abril de 2025, funcionarios de la Dirección General de Contrainteligencia Militar (Dgcim) realizaron el operativo en las instalaciones de la empresa binacional, situada en el estado Bolívar, en el sur del país y fronterizo con Brasil. Durante ese procedimiento fueron arrestados 31 empleados.
(Con información de EFE)
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