“¡Exprópiese!”. La expresión fue inmortalizada por Hugo Chávez en enero de 2010. Mientras recorría la plaza Bolívar de Caracas, el difunto comandante la repetía una y otra vez para ordenar la eliminación de una serie de negocios privados que funcionaban en el centro de la capital venezolana.
Aunque su autor desapareció hace 13 años, la palabra vuelve a retumbar con fuerza ahora que el gobierno de Delcy Rodríguez anunció el lanzamiento formal de un proceso de reestructuración de la deuda externa de la República y Petróleos de Venezuela (Pdvsa).
El Centro de Divulgación del Conocimiento Económico para la Libertad (Cedice) estima que la política de expropiaciones impulsada por el régimen chavista, provocó hasta 2021 una serie de procedimientos arbitrales que condenan al país a pagar unos 30 mil millones de dólares, equivalentes al 18% de la deuda externa que alcanzaría los 162 mil millones de dólares.
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El informe de Cedice registra 57 procedimientos arbitrales contra Venezuela, de los cuales 47 se gestionaron ante el Centro Internacional de Arreglo de Diferencias Relativas a Inversiones (CIADI). Hasta la culminación de este estudio, 23 habían concluido con un fallo negativo para Caracas.
“Los acreedores cuya deuda ha sido reconocida y determinada en estos procedimientos de arbitraje tienen posición de cobro privilegiada entre los demás acreedores, por esta razón esta categoría es de suma importancia para Venezuela”, explica el tanque de pensamiento.
Pesos pesados
Entre los arbitrajes que terminaron con condena en el CIADI, el análisis de Cedice destaca en primer lugar la expropiación que sufrió en 2007 ConocoPhillips, que demandó a la República por 8 mil 446 millones de dólares luego de que Chávez decretara la nacionalización de los proyectos que desarrollaba en la franja petrolífera del Orinoco.
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Aunque el presidente Donald Trump ha invitado a las grandes corporaciones de energía a invertir nuevamente en Venezuela, el director ejecutivo de la multinacional norteamericana, Ryan Lance, ya dejó claro que su “enfoque principal sigue siendo intentar obtener la recuperación que nos corresponde por las dos sentencias que tenemos vigentes”.
Otro caso relevante que recoge el informe es el de la minera Crystallex, cuya concesión para explotar el yacimiento de Las Cristinas en el estado Bolívar fue revocada por Chávez en 2008.
La empresa canadiense reclamó como compensación mil millones de dólares y ante la falta de pago, acudió a la justicia de Estados Unidos para embargar a la refinadora Citgo, propiedad de Pdvsa.
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El ímpetu nacionalizador de Cháez también afectó a la canadiense Rusoro Mining Limited, que interpuso una demanda ante el CIADI por la expropiación en 2011 de sus inversiones para la explotación del oro en Venezuela. El monto que exigió: 971.079.502 dólares.
“La política sistemática de violación a la propiedad privada y de expropiaciones llevadas a cabo por los regímenes chavistas no solo es contraria a las normas de la Constitución y de tratados de Derechos Humanos vigentes en Venezuela, sino que ha generado una grave crisis humanitaria y una deuda pública externa sin precedente en la historia de los países petroleros”, recalca Cedice.
Vuelta atrás
Sin hacer mucho ruido y manteniendo el manto de opacidad, el chavismo comenzó a desandar sus pasos desde hace algunos años, frenando las expropiaciones y devolviendo propiedades a sus antiguos dueños. Esta tendencia se profundizó después del 3 de enero, cuando Estados Unidos ejecutó el ataque militar que concluyó con la captura de Nicolás Maduro y su esposa Cilia Flores.
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La presidenta encargada Delcy Rodríguez instaló una comisión de evaluación de activos públicos, que básicamente tiene como fin identificar aquellos bienes del Estado que pueden ser privatizados. Además, restableció las relaciones con el Fondo Monetario Internacional y el Banco Mundial, y reformó las leyes de hidrocarburos y minería para abrir estos sectores al capital privado.
La reestructuración de la deuda se sumaría a esta nueva propuesta económica desarrollada por la mandataria interina. “La reconstrucción de Venezuela está condicionada a que la crisis de la deuda externa sea resuelta y que nunca vuelva a ocurrir un proceso de expropiaciones como el efectuado durante el gobierno de Hugo Chávez”, subraya Cedice.
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