La presidenta encargada de Venezuela, Delcy Rodríguez, convocó este martes a los principales líderes religiosos del país para pedirles que fiscalicen la aplicación de la Ley de Amnistía para la Convivencia Democrática, promulgada en febrero. El régimen chavista cifra en más de 8.400 el número de personas beneficiadas hasta el 26 de marzo, pero organizaciones de derechos humanos registraban 490 presos políticos aún detenidos y denunciaban que no se publicó ninguna lista de amnistiados, pese a que el alto comisionado de Naciones Unidas para los Derechos Humanos, Volker Türk, lo había reclamado públicamente.
Al acto, celebrado en el Palacio de Miraflores y transmitido por el canal estatal Venezolana de Televisión, asistieron representantes de la Iglesia católica, la Iglesia anglicana, iglesias evangélicas, líderes del islam y el rabino principal del país. “No hay nada que ocultar, todo lo contrario, ojalá se puedan incorporar, ver el proceso, ver quiénes se han beneficiado, ver quiénes no pueden ser beneficiados”, expresó Rodríguez, según recogió la agencia EFE.
La mandataria aceptó también la propuesta de crear una mesa de trabajo con la Vicepresidencia social para atender la crisis humanitaria, que atribuyó a las sanciones económicas internacionales. Pidió a la vez a los líderes religiosos “dejar la política para otro lado” y enfocarse en construir “espacios comunes” para la paz. El pastor Carlos Vielma, vicepresidente de Unicristiana de Venezuela, llamó a edificar la paz sobre “la verdad y la justicia”. Monseñor José Antonio Da Conceição, secretario de la Conferencia Episcopal Venezolana, reclamó “garantías legales” para que las organizaciones religiosas pudieran desarrollar su labor social y entregó a Rodríguez una carta con propuestas de agenda.
La reunión incluyó a integrantes del Programa de Convivencia y Paz, instancia instalada por Rodríguez tras la captura del ex presidente Nicolás Maduro el 3 de enero por fuerzas especiales estadounidenses en el Fuerte Tiuna de Caracas, hecho que abrió el actual período de transición en Venezuela.
La Ley de Amnistía fue aprobada por unanimidad el 19 de febrero y promulgada ese mismo día por Rodríguez. La norma cubre 13 episodios específicos de conflictividad política entre 1999 y 2025, entre ellos las protestas de 2017 y las movilizaciones postelectorales de 2024. Quedan excluidos los delitos de homicidio intencional, tráfico de drogas, corrupción, violaciones graves a los derechos humanos y rebeliones militares como la Operación Gedeón de 2020.
La brecha entre las cifras oficiales y las verificadas independientemente es sustancial. Mientras el diputado Jorge Arreaza, presidente de la comisión parlamentaria de seguimiento, informó que al 26 de marzo 8.416 personas obtuvieron “libertad plena”, Foro Penal contabilizaba al 30 de ese mes 490 presos políticos aún recluidos: 303 civiles y 187 militares. La diferencia metodológica es determinante: el gobierno incluye en sus totales a personas con medidas cautelares no privativas de libertad, mientras la organización solo registra excarcelaciones efectivas de quienes estaban físicamente en prisión. Foro Penal advirtió además que la ley aplica en la práctica solo a 13 de los 27 años que dice abarcar.
El recurso al Foro Interreligioso como instancia fiscalizadora revela las tensiones del proceso. En un escenario donde el aparato judicial permanece en manos de los mismos funcionarios del período de Maduro, la apelación a los líderes religiosos funciona también como un ejercicio de legitimación ante una audiencia interna e internacional que exige transparencia. La Conferencia Episcopal, con tradición en mediaciones políticas venezolanas, condicionó su colaboración a garantías legales concretas, señal de que las iglesias no están dispuestas a prestar su respaldo de forma incondicional.