Las autoridades venezolanas trasladaron en la madrugada del lunes a un grupo de presos vinculados a la denominada Operación Gedeón desde la cárcel militar del Fuerte Guaicaipuro, en el estado Miranda, hasta el penal de Yare III, en la misma entidad al norte del país. Los movimientos se realizaron sin notificación a los familiares ni comunicado oficial alguno, según denunció la ONG Comité por la Libertad de los Presos Políticos (Clipp). La organización no precisó el número total de reclusos movilizados.
Los parientes denunciaron también que desconocen el paradero de otros detenidos que permanecían recluidos junto a los trasladados. Algunos habían sido previamente movilizados desde la cárcel de Ramo Verde —otro recinto militar de Miranda— tras cumplir sus condenas, y sometidos después a semanas de incomunicación y aislamiento. Los familiares exigieron la libertad inmediata de todos los presos políticos, información clara sobre su paradero, respeto a su integridad física y mental, y el restablecimiento de visitas y comunicaciones. Rechazaron también que se les mantenga en aislamiento bajo el argumento de “readaptación”, una práctica que según los parientes se aplica sistemáticamente cada vez que los detenidos son trasladados a un nuevo centro penitenciario.
El caso acumula denuncias graves desde hace meses. En febrero, familiares de 32 detenidos en el Fuerte Guaicaipuro describieron a los reclusos en condiciones de desnutrición severa y deterioro psicológico profundo tras seis meses de aislamiento. A principios de abril, un grupo de parientes acudió a la embajada de Estados Unidos en Caracas para solicitar la mediación de la embajadora Laura Dogu ante lo que calificaron como un plan de exterminio lento, y señaló al mayor de la Guardia Nacional Mike Oyarbis Calderón, ex director del recinto, como responsable de los abusos. En las semanas previas, varios presos habían iniciado una huelga de hambre para protestar contra las condiciones de reclusión.
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La Operación Gedeón fue una incursión armada fallida que tuvo lugar el 3 de mayo de 2020. Un grupo de militares disidentes venezolanos exiliados en Colombia, junto con integrantes de una empresa de seguridad privada estadounidense liderada por el ex boina verde Jordan Goudreau, intentó desembarcar desde lanchas rápidas en las costas de La Guaira y Aragua con el objetivo de capturar a Nicolás Maduro y derrocar su régimen. La operación fue repelida: según las autoridades venezolanas, murieron ocho personas y 66 fueron detenidas. En mayo de 2024, un tribunal condenó a 29 procesados a penas de entre 21 y 30 años por traición a la patria, rebelión y financiación del terrorismo.
Los detenidos por ese caso quedaron excluidos de la amnistía promulgada en febrero de 2026. El artículo 9 de esa ley prohíbe el beneficio a quienes hayan participado en acciones armadas con apoyo de agentes, corporaciones o mercenarios extranjeros, calificación que las autoridades aplican a la Operación Gedeón. El proceso había beneficiado a unas 8.416 personas hasta el 26 de marzo, según el Parlamento venezolano, que no publicó la identidad de los beneficiados. Foro Penal reportó a comienzos de abril que 490 personas siguen detenidas por motivos políticos en Venezuela, cifra que revela los límites reales de un proceso que el gobierno presenta como señal de apertura.
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