Avanza en el Parlamento de Venezuela la ley de amnistía: las claves del proyecto

La Asamblea Nacional de Venezuela aprobó este jueves en primera lectura una ley de amnistía que promete ser una de las más amplias en la historia reciente del país. El proyecto, impulsado por la líder del régimen venezolano, Delcy Rodríguez, establece un perdón jurídico masivo para delitos políticos cometidos durante más de dos décadas de chavismo.

La iniciativa abarca hechos ocurridos entre el 1 de enero de 1999 —fecha en que Hugo Chávez asumió el poder— hasta el día en que la ley entre en vigor. Este período incluye las protestas masivas que sacudieron al país en 2007, 2014, 2017, 2019 y 2024, ciclos de manifestaciones que dejaron decenas de muertos y miles de detenidos.

Delitos cubiertos

El borrador al que accedió la agencia Reuters especifica que la amnistía incluye acusaciones de instigación de actividades ilegales, resistencia a la autoridad, daños a la propiedad, rebelión, traición a la patria y porte ilegal de armas. La condición esencial es que estos actos se hayan cometido en contexto de protestas políticas.

También contempla casos de difamación cuando la supuesta ofensa se produjo al criticar a funcionarios públicos, un cambio significativo en un régimen que ha perseguido sistemáticamente a quienes cuestionan su autoridad. Durante años, el chavismo utilizó cargos de difamación para silenciar voces críticas en redes sociales, medios de comunicación y el ámbito político.

El proyecto establece una aplicación inmediata para quienes actuaron de manera pacífica o presentan problemas de salud graves. Esta disposición busca acelerar la salida de prisión de cientos de personas que organizaciones de derechos humanos consideran presos de conciencia.

Exiliados y órdenes internacionales

Uno de los aspectos más relevantes de la ley es la anulación de alertas rojas de Interpol y otras restricciones de movimiento contra personas acusadas de delitos cubiertos por la amnistía. El texto garantiza explícitamente el “regreso seguro y libre de persecución” de ciudadanos venezolanos que se encuentran en el exterior.

Esta cláusula beneficiaría a numerosos dirigentes opositores, ex funcionarios del chavismo que rompieron con el régimen, periodistas y activistas que viven en el exilio para evitar órdenes de captura. Durante la era de Maduro, decenas de figuras políticas huyeron del país alegando persecución política, y muchos enfrentan procesos judiciales pendientes que califican como fabricados.

La ley también ordena la devolución de bienes confiscados a personas detenidas por razones políticas, reconociendo implícitamente que el Estado se apropió de propiedades de manera arbitraria.

Inhabilitaciones políticas y sanciones

El proyecto levanta inhabilitaciones impuestas por motivos políticos a funcionarios públicos entre 1999 y 2026. Esta disposición cobra particular relevancia porque entre los inhabilitados figura María Corina Machado, Premio Nobel de la Paz 2025, a quien la Contraloría chavista le prohibió competir en las elecciones presidenciales de 2024 mediante una sanción ratificada por el Tribunal Supremo de Justicia.

Además, se cancelarían sanciones contra medios de comunicación, otro instrumento que el régimen ha empleado para cerrar o asfixiar económicamente a canales televisivos, emisoras radiales y portales digitales críticos con el gobierno.

Exclusiones expresas

La amnistía no ampara a quienes fueron condenados por violaciones de derechos humanos, crímenes de guerra, homicidio, corrupción o narcotráfico. Estas exclusiones se ajustan a estándares del derecho internacional y al artículo 29 de la Constitución venezolana, que prohíbe expresamente perdonar crímenes de lesa humanidad.

Sin embargo, organizaciones como Foro Penal han expresado cautela sobre esta limitación. Temen que el régimen utilice las exclusiones de manera arbitraria para mantener encarcelados a opositores clave, acusándolos falsamente de delitos graves que no cometieron.

Civiles juzgados por tribunales militares

El texto incluye una cláusula que amnistía a civiles juzgados por tribunales militares cuando se haya producido abuso de poder o faltas al debido proceso. Esta disposición reconoce una práctica sistemática del chavismo: llevar a opositores ante la justicia militar para garantizar condenas sin garantías procesales.

Infracciones de funcionarios judiciales

En un giro inusual, la ley extiende el perdón a “infracciones disciplinarias” cometidas por jueces, fiscales y otros funcionarios públicos en el ejercicio de sus funciones. Esta cláusula podría interpretarse como un mecanismo para proteger a magistrados y fiscales que aplicaron órdenes políticas del régimen, blindándolos de futuras acciones legales.

Contexto político

Jorge Rodríguez, presidente de la Asamblea Nacional y hermano de Delcy, describió la ley como un camino “lleno de obstáculos” y “momentos amargos”, pidiendo perdón y convocando a la reconciliación. La votación unánime en primera lectura representa apenas el inicio del proceso legislativo; falta un segundo debate cuya fecha no ha sido fijada.

El proyecto surge en un contexto excepcional: Delcy Rodríguez asumió el gobierno tras la operación militar estadounidense que capturó a Nicolás Maduro el 3 de enero. Desde entonces, el régimen interino ha implementado concesiones a Washington que incluyen acuerdos petroleros y liberaciones graduales de presos políticos.

Según Foro Penal, 383 personas han sido excarceladas desde el 8 de enero, pero aún quedan 687 presos políticos.

La aprobación definitiva de la ley será la prueba para determinar si Venezuela avanza hacia una reconciliación genuina o si se trata de otra maniobra táctica del chavismo.