La Plataforma Unitaria Democrática (PUD), la principal alianza opositora de Venezuela, calificó este jueves como “inconstitucional y aberrante” la condena a 30 años de cárcel impuesta a Rafael Tudares Bracho, yerno del presidente electo Edmundo González Urrutia, tras un proceso judicial que la familia y sus abogados consideran plagado de irregularidades.
El bloque opositor señaló que la sentencia forma parte de una campaña de persecución y venganza política por parte de la dictadura de Nicolás Maduro.
A través de su cuenta de X, la PUD señaló que el procedimiento fue “exprés”, pues la audiencia de juicio se realizó en una sola sesión de más de 12 horas, sin derecho a una defensa de confianza ni acceso al expediente.
“Una vez más, Nicolás Maduro utiliza el poder judicial como instrumento de persecución, imponiendo condenas mediante un juicio exprés que duró apenas 48 horas”, expresó la alianza.
Mariana González, hija de Edmundo González y esposa del condenado, denunció que ni ella ni el equipo legal pudieron revisar las actas ni obtener copia del expediente; además, aseguró que nunca pudieron designar a un abogado particular.
“Las autoridades me han ratificado que, ni mi persona, ni mi abogado, podemos acceder al expediente del caso, ni conocer el número de ese expediente en fase de juicio, como de hecho nos lo han impedido desde septiembre”, afirmó en un comunicado difundido en redes sociales.
Añadió que Tudares fue sentenciado tras una única audiencia de juicio, y que la decisión fue notificada exclusivamente por vía telemática.
De acuerdo con los allegados a Tudares, los cargos incluyen delitos de conspiración y asociación con personas con las que ni él ni su familia tienen relación, lo que, aseguran, convierte el proceso en una maniobra para intimidar y castigar a opositores al régimen de Maduro.
Mariana González reiteró que su esposo es “totalmente inocente” y que el proceso estuvo “viciado de nulidad absoluta”.
La PUD también condenó la reciente sentencia a 20 años de prisión contra Luis Guillermo Istúriz, miembro del partido Vente Venezuela y colaborador de la líder opositora de Venezuela y Premio Nobel de la Paz 2025, María Corina Machado.
La coalición denunció que ambos procesos son parte de una política sistemática para silenciar a los adversarios del chavismo.
Entretanto, el presidente electo de Venezuela Edmundo González Urrutia se sumó a las denuncias afirmando que la condena es una represalia diseñada para “distorsionar la voluntad expresada por los venezolanos el 28 de julio de 2024”, fecha en la que Consejo Nacional Electoral proclamó de forma fraudulenta la reelección de Nicolás Maduro.
“Utilizar el sistema de justicia para castigar a terceros es una práctica que confirma la confusión entre poder e impunidad que tanto daño le ha hecho al país”, escribió González Urrutia en X. Aseguró que la medida carece de fundamento legal y reiteró la inocencia tanto de Tudares como de su hija Mariana, quienes, subrayó, no tienen relación con sus actividades políticas.
Tudares fue detenido el 7 de enero, días antes de la investidura de Maduro para un tercer mandato.
En el mismo contexto fueron arrestados el defensor de derechos humanos Carlos Correa —ya liberado— y el ex candidato Enrique Márquez.
Mariana González alertó sobre la imposibilidad de mantener comunicación directa con su esposo y subrayó que la represión busca desarticular las redes familiares y políticas de la disidencia.
Organizaciones de derechos humanos nacionales e internacionales han alertado por el uso del sistema penal para intimidar opositores, la recurrencia de juicios expeditivos sin garantías y el bloqueo a la defensa técnica.
La oposición exige la revisión inmediata de estos procesos y reclama el restablecimiento de garantías fundamentales en Venezuela.
(Con información de EFE)
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