Mariana González, hija del líder opositor venezolano Edmundo González Urrutia, reiteró este jueves la solicitud para que se permita la comunicación y defensa legal adecuada para su esposo, Rafael Tudares, detenido desde enero de 2025.
“Rafael tiene derecho a comunicarse con sus familiares y con su abogado de confianza, derechos que le han sido violados”, declaró González a través de su cuenta de la red social X, y afirmó desconocer el paradero de Tudares, por lo que calificó su situación como una “desaparición forzosa” y exigió una prueba de vida.
El 23 de junio, González comunicó que un tribunal acordó iniciar juicio contra Tudares por los presuntos delitos de forjamiento, conspiración, terrorismo, asociación, legitimación y financiamiento. Según la información entregada por González, el 13 de junio se celebró una “audiencia preliminar telemática” donde un tribunal de control admitió la acusación presentada por la Fiscalía y determinó que Tudares sería enjuiciado por los seis delitos mencionados.
González explicó que el tribunal ratificó la cárcel Rodeo I en el estado Miranda como centro de reclusión para su esposo, aunque aseguró que representantes le indicaron que Tudares no se encuentra en esa instalación penitenciaria. González también indicó que Tudares no guarda relación con el conflicto político que derivó en su detención, refiriéndose a la crisis desatada por la denuncia de fraude por parte de la principal coalición opositora durante la proclamación de Nicolás Maduro como presidente reelecto de las elecciones de julio de 2024. Edmundo González Urrutia, ahora exiliado en España, continúa reclamando la presidencia al sostener que resultó ganador en dichos comicios.
La detención de Tudares sucedió el 7 de enero, tres días antes de la toma de posesión de Maduro para un tercer mandato. Ese mismo día también fueron arrestados Carlos Correa, defensor de derechos humanos posteriormente liberado, y Enrique Márquez, ex candidato presidencial opositor.
Por otra parte, la organización Provea denunció este jueves que al menos cinco defensores de derechos humanos permanecen “encarcelados injustamente” en Venezuela. Provea exigió al Estado la liberación inmediata de los detenidos, la garantía de juicios justos, el establecimiento del contacto con familiares, la asistencia legal y el cumplimiento de obligaciones internacionales. Entre los casos citados figuran el de Rocío San Miguel, detenida en febrero de 2024 y acusada de “terrorismo y traición a la patria” cuando presidía la ONG Control Ciudadano, y el de Javier Tarazona, director de Fundaredes, detenido en julio de 2021 tras denunciar amenazas contra él vinculadas a investigaciones de abusos en la frontera con Colombia.
El Foro Penal contabilizó 934 presos políticos en Venezuela, cifra rechazada por Nicolás Maduro y el fiscal general Tarek William Saab, quienes niegan la existencia de prisioneros por motivos políticos y afirman que las detenciones responden a hechos delictivos, declaraciones disputadas por las ONG y partidos opositores.
(Con información de EFE)