La Plataforma Unitaria Democrática denunció este viernes la “alarmante situación” que viven los opositores en la sede de la Embajada de Argentina en Caracas y exigió, por tanto, una “pronta solución”.
En un comunicado, el antichavismo solicitó al régimen de Nicolás Maduro la emisión de salvoconductos que permitan al grupo de disidentes abandonar el país “a la brevedad”, tras meses de hostigamiento por parte de sus oficiales, que han deteriorado las condiciones de vida en el edificio.
Por ejemplo, la PUD recordó que desde hace 83 días, los asilados viven sin servicio eléctrico, dado que la compañía estatal que provee el suministro retiró los fusibles para ello. En consecuencia, los cinco residentes “dependen de un generador eléctrico habilitado para casos de emergencia, cuyo uso racionan para poder garantizar la mínima conectividad necesaria, en vista de la reiterada negativa del restablecimiento del servicio eléctrico”, se lee en un comunicado.
Asimismo, sumó la agrupación en el escrito, la Embajada enfrenta “restricciones de acceso a otros servicios y productos esenciales”, como el agua, medicamentos y alimentos.
Actualmente, estos bienes solo pueden ser ingresados por civiles que los acerquen a la Embajada que, no obstante, son también víctimas del asedio policial chavista, que se intensificó el 23 de noviembre cuando sus hombres rodearon el lugar.
“No conformes con no autorizar el ingreso (de terceros o empleados a la sede), los retienen hasta por dos horas para luego devolverlos, no sin antes amenazarlos. Estas órdenes arbitrarias de los cuerpos represivos del régimen dificultan con creces la disposición y factibilidad de suministro de insumos, ante el riesgo que implica para quien se atreve a acercarse”.
También, en las últimas dos semanas, los oficiales de seguridad negaron “de manera continua” el ingreso de camiones cisterna que surten de agua potable la residencia, por lo que los asilados “ya no cuentan con agua”.
“Cada día se agravan las condiciones”, alertó la PUD, que llamó a miembros del cuerpo diplomático acreditado a verificar por sí mismos la situación y trabajar más activamente por una solución, aunque reconoció que “no ha habido éxito”.
“Hoy, reiteramos la invitación a estos diplomáticos para que se compruebe el estado en el que se encuentran los asilados, desmintiendo las versiones del régimen con las que pretende minimizar la situación que, bajo sus propias órdenes, ha creado”, concluyó la alianza opositora en el escrito.
El 20 de marzo de 2024, un grupo de seis opositores ingresó en la Embajada de Argentina en busca de asilo, ante la intensa persecución del chavismo por su colaboración con María Corina Machado en el contexto pre electoral.
Según la Fiscalía, Magalli Meda, Claudia Macero, Omar González, Pedro Urruchurtu, Humberto Villalobos y Fernando Martínez Mottola son culpables de los presuntos delitos de conspiración y traición a la patria, dos cargos que el régimen suele usar contra la disidencia. Martínez Mottola se presentó “voluntariamente” ante la Justicia el 19 de diciembre y declaró sobre supuestos “graves hechos violentos, conspirativos, y desestabilizadores organizados” en el establecimiento diplomático, sumó el Ministerio Público al conocerse su salida.
A raíz de ello, el oficialismo ha negado en reiteradas oportunidades la emisión de salvoconductos para los civiles y, por el contrario, aumenta cada vez más la presión sobre la sede.
(Con información de EFE)