El régimen venezolano condenó a dos de los presos canjeados por Alex Saab sin cumplir el acuerdo con Estados Unidos

En parte fue una burla lo ocurrido con la liberación de presos políticos a cambio de Alex Saab y la flexibilización de las sanciones. Nicolás Maduro se comprometió a excarcelar a 12 estadounidenses, como parte del grupo de 36 personas, cuatro del equipo de María Corina Machado. Aunque copó las primeras páginas de los medios, gracias a la estampida de propaganda del régimen venezolano, el 20 de diciembre, en casos como el del juez Carlos Jaimes y el abogado Juan Carlos Guillén, fue una farsa, porque un mes después los llamaron al Tribunal y ahí mismo los condenaron a 5 años y 6 meses de prisión, sin prueba alguna.

Haciendo gala de que se burla de los pactos internacionales, de la mesa de negociación y de los acuerdos establecidos, el 25 de enero 2024, el régimen de Nicolas Maduro que hizo un acuerdo con Estados Unidos, a cambio de la liberación del comerciante colombiano Alex Naín Saab Morán y la flexibilización de sanciones, violando el pacto, condena a Jaimes y Guillén. Días después, activa la puerta giratoria, y coloca en escena supuestas cinco operaciones conspirativas, que se suman a otra veintena anteriores.

El régimen venezolano, antes de diciembre 2023, denunciaba que Alex Saab era torturado en los Estados Unidos; el comerciante, nombrado diplomático por Nicolás Maduro, se mostraba en perfectas condiciones, mientras que algunos de los presos políticos venezolanos han tenido evidencias de ser torturados, drogados, abusados sexualmente, amenazados sus hijos y hasta padres ancianos.

El 10 de diciembre 2021, Carlos Alberto Jaimes Gómez, fue detenido siendo juez en el estado Apure, y también Juan Carlos Guillén Rosales, un capitán retirado del Ejército y abogado defensor de El Finquero, Reyes Gabriel Hernández González, dueño del hato Chaparralito, del estado Apure. El 20 de diciembre los liberan con presentación cada 15 días.

Cuando los dos juristas se presentan el 25 de enero, la fiscal 10° de Apure, Luisa Elena Castillo, recibiendo órdenes del Fiscal Superior Eduardo Juárez, solicitó condena de 5 años y 6 meses, lo que así decretó el juez. Les advirtieron que no denunciaran porque sería revocada la medida de libertad.

Es relevante que no se efectuó audiencia física, por lo que ni el Ministerio Público ni la Defensa expusieron nada, tampoco hubo argumentos ni conclusiones. Se mantuvo entonces la privativa de libertad con medida sustitutiva de presentación cada 15 días.

La juez Jessica González no hizo presencia porque supuestamente no estaba en condiciones de salud, solo recibió la orden del presidente del Circuito, Edwin Blanco Lima, para condenar a Jaimes y a Guillén por los delitos: corrupción propia agravada, abuso de poder del juez y agavillamiento. Aún no hay publicación de dicha sentencia.

Así funciona la administración de justicia en la frontera. El 21 de diciembre 2023 se dio a conocer la destitución de Edwin Blanco Lima, Juez Rector y presidente del Circuito Penal de Apure. El secretario de Seguridad Ciudadana y director regional de la Policía Bolivariana, coronel Ramón Cabeza, dio a conocer que estaban tras la búsqueda y captura del funcionario judicial por presunta participación en una trama corrupción, abuso de poder y extorsión, en asociación con varios abogados. En protección de Blanco Lima surgió el expresidente del Tribunal Supremo de Justicia (TSJ), magistrado Maikel Moreno; así regresó al cargo.

El hato

La verdadera razón para condenar al juez Jaimes y al abogado Guillén, es el interés, desde hace unos años, de jerarcas políticos y militares en el mencionado hato, por su lugar estratégico en la frontera colombo venezolana. El Chaparralito, ubicado en municipio Achaguas de Apure, ha sido saqueado por la empresa del estado venezolano Agropecuaria Flora (Aglofora), presidida por Wilmer Rodríguez; robaron miles de reses, se llevaron vehículos, equipos, electrodomésticos y hasta las aves de corral; ha sido usado por funcionarios de la Dirección General de Contrainteligencia Militar (DGCIM) para sus fiestas, encuentros amorosos y también para extrañas reuniones.

Es tanto el interés en esa propiedad que además de encarcelar al abogado y al juez, llevó a la muerte de un joven de quien la DGCIM quería información; esos funcionarios de Contrainteligencia Militar estaban al mando del comisario Juan Bautista García Arocha, quien finalmente fue detenido aunque gozando de privilegios, por la muerte del joven funcionario del Cuerpo de Investigaciones Científicas Penales y Criminalísticas (CICPC), Juan Ángel Pantoja Carreño, quien murió en la sede de la DGCIM en Apure, luego de ser detenido y torturado.

Como será de irregular lo que sucede en esa jurisdicción fronteriza que el Fiscal Superior de Apure, Hermes Eduardo Juárez Miranda, el 29 de noviembre 2021, ordena una investigación, Nr. MP-236133-2021, que nunca se realizó.

La tortura y muerte del funcionario del CICPC, Juan Pantoja, trajo como consecuencia la encarcelación de varios funcionarios de la Dirección General de Contrainteligencia Militar (DGCIM), pero el jefe de esa delegación de la DGCIM responsable, ha tenido todos los privilegios en el sitio al cual fue enviado, permitiéndose incluso enviar amenazas y coaccionar a diversas personas a través de diversas cuentas anónimas en redes sociales.

La tortura y muerte de Pantoja es parte de lo que ocurre en los organismos de inteligencia en Venezuela, donde la DGCIM y el Servicio Bolivariano de Inteligencia (SEBIN), violentan los derechos humanos, cometen delitos atroces, desapariciones forzosas, mantienen presos sin juicio, incluso hasta que mueren en prisión como ocurrió con el General y exministro de la Defensa, Raúl Isaías Baduel.