Confirmaron la fecha del juicio contra L-Gante por amenazas y privación ilegal de la libertad

Luego de haber sorteado la prisión preventiva, la Justicia fijó las fechas del juicio contra del cantante de cumbia 420 Elián Ángel Valenzuela, conocido popularmente como L-Gante, por la causa por amenazas y privación ilegal de la libertad que lo enfrentará contra dos presuntas víctimas. De esta manera, el artista deberá comparecer ante el Tribunal en lo Criminal N°3 de Mercedes el 8, 9, 10 y 11 de octubre de 2024 a las 10 horas. Asimismo, las partes denunciantes presentarán las pruebas que buscarán comprobar la culpabilidad del músico sobre los hechos.

A principios de junio del año pasado, Valenzuela fue denunciado por empleados municipales que lo acusaron de haberlos subido a su auto a la fuerza y amenazarlos a punta de pistola después de que varios de sus amigos, integrantes del grupo denominado “La Maflia”, fueran demorados tras haber participado de una discusión con otro grupo a la salida de un boliche de la zona oeste.

A pesar de que el cantante no habría estado involucrado en el enfrentamiento entre las bandas, los testimonios recogidos por los investigadores señalaron que éste habría intercedido “en pos de aclarar la situación relacionada con sus amigos a la salida del local bailable”. Aparentemente, ya se encontraba en su casa ubicada en el country del Banco Provincia, de General Rodríguez, cuando al enterarse de lo ocurrido fue en busca de Darío Gastón Torres, un empleado municipal que también era vecino de la comunidad cerrada.

“El músico tomó al empleado municipal, le apuntó con una pistola, lo obligó a subir a su coche y se los llevó”, describieron las fuentes, para después mencionar que a unas cuadras abordó a la segunda víctima, identificada como Rosa Catalina Passi. A partir de ese momento, el cantante los retuvo por unos 20 minutos aproximadamente, mientras les decía: “Si no sueltan a mis amigos, no los suelto a ustedes”.

Por medio de las cámaras de seguridad públicas, los investigadores establecieron que el vehículo BMW blanco se dirigió hacia la Autopista Acceso Oeste hasta que frenó en una estación de servicio de la zona, debido a que le habrían confirmado que sus amigos “habían sido sólo identificados sin tomarse decisión de restricción de su libertad”. Horas después de que ocurrieran los hechos, el domicilio de L-Gante fue allanado y éste fue trasladado hacia la DDI de Quilmes, en donde permanecería casi cien días detenidos producto de la doble denuncia que Torres y Passi ratificaron en su contra.

A pesar de que el músico había negado en la indagatoria haber secuestrado y amenazado a los empleados municipales, el fiscal a cargo del caso resolvió imputarlo por los delitos de “amenazas simples en concurso real con privación ilegítima de la libertad, en concurso ideal con amenazas coactivas”, en perjuicio de Torres, y de “privación ilegítima de la libertad simple en concurso ideal con amenazas simples”, respecto a Passi. Después de que el artista fuera acusado formalmente, el juez de Garantías de Moreno Gabriel Castro resolvió elevar la causa a juicio en noviembre del año pasado.

Sin embargo, en las audiencia de debate que se fijaron para octubre el cantante también será juzgado por el delito de “tenencia simple de estupefacientes”. Pese a que L-Gante había sido sobreseído por éste cargo, la Cámara de Apelaciones de Mercedes rechazaron la petición de sobreseimiento, a la vez que aceptaron la solicitud para elevar la causa a juicio oral. Según los jueces Oscar Reggi y Carlos Risuleo, el recurso presentado por el abogado defensor del artista, Diego Storto, era inadmisible para descartar la apelación.

En simultáneo, el líder de cumbia 420 sumó una última imputación por el delito de “encubrimiento calificado”, en relación a un celular robado que encontraron durante el allanamiento realizado en su casa country. En esa oportunidad, los agentes policiales incautaron un total de cinco teléfonos celulares. Un par de ellos eran propiedad de dos mujeres que lo acompañaban, otros dos eran del músico y el último se trataba del aparato robado, pese a que había declarado al mismo como otro de sus celulares personales.

La anomalía fue detectada por el fiscal Raúl Villalba, quien estableció por medio del rastreo del número de IMEI que el aparato había sido sustraído. En consecuencia, desde la Justicia se contactaron con el dueño original, que al presentar la documentación correspondiente que comprobaba que el celular marca iPhone le pertenecía y dar detalles del robo permitió que se pudiera procesar la acusación contra Valenzuela.