Caso Orellano: la fiscalía pidió hasta 19 años de cárcel para los acusados del crimen

El 26 de febrero de 2020, el cuerpo de Carlos Orellano fue hallado muerto en el río Paraná. La investigación indica que patovicas y policías agredieron al joven de 23 años y provocaron que salte de un muelle

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Piden 17 y 19 años de cárcel a los acusados del crimen de Carlos Orellano a la salida de un boliche

El calendario marcaba la madrugada del 24 de febrero de 2020 cuando el cuerpo de Carlos Orellano fue hallado muerto en el río Paraná. La investigación del caso apuntaría después contra dos policías y dos patovicas acusados de darle una paliza y obligarlo a saltar desde un muelle. Ante esta situación, ahora el fiscal de la ciudad de Rosario pidió penas de entre 17 y 19 años de prisión efectiva para los acusados.

“La prueba que se va a rendir en el debate contempla la presentación de más de 200 testigos, también contamos con prueba material y documental, videofilmaciones y el contenido de pericias que dan un sustento objetivo a la teoría del caso”, dijo en su alegato antes del inicio de la primera audiencia del juicio oral el fiscal del caso, Patricio Saldutti.

En esta instancia, Saldutti pidió la pena de 17 años de prisión para Emiliano Oscar López y Claudio Fabián Maidana, quienes trabajan como personal de seguridad del local bailable “Ming River”, ubicado en el complejo “La Fluvial” de Rosario. En simultáneo, el profesional pidió una cifra mayor de 19 años para los policías Gabriel Julio Nicolossi y Karina Laura Gómez, quienes la noche del episodio que terminó en la muerte de Orellano prestaban servicio adicional en el local.

Marcha en pedido de justicia por la muerte de Carlos Orellano (Foto: Sebastian Granata/telam/cgl)

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En una línea similar, la querella que representa a la familia de Orellano acompañó la teoría del caso de la Fiscalía y la calificación legal del hecho -homicidio simple con dolo eventual-, pero solicitó penas más altas, de 20 años para el personal de seguridad y de 23 para los policías.

La teoría del caso

Según la investigación, esa madrugada Carlos ‘Bocacha’ Orellano, un joven de 23 años, fue a bailar con un grupo de amigos al boliche “Ming River”, ubicado sobre la costanera central de Rosario. En el medio de la noche supuestamente fue expulsado del local por personal de seguridad y a continuación recibió una paliza por parte de los mismos en conjunto con la policía.

Al día siguiente su familia denunció su paradero y comenzó una búsqueda que concluyó dos días después, el 26 de febrero, cuando el cuerpo del joven salió a flote en el río Paraná, a pocos metros del lugar donde estaba el boliche.

El abogado querellante de la familia, Salvador Vera, sostuvo que “los forenses, tanto del Instituto Médico Legal como los de la Corte Suprema de la Nación, van a acreditar que hubo que hubo agresión, una expulsión forzada y violenta con el posterior final en la zona de muelles”.

Rosario: Familiares y amigos de Carlos Orellano reclaman justicia frente al boliche Ming House River. (Foto: Sebastian Granata/telam/cgl)

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Con todo este panorama, el fiscal pidió elevar el caso a juicio y sostuvo que el hecho sucedió “aproximadamente entre las 4.30 y las 5″. En ese marco, acusó a los patovicas y policías de “haber ejercido violencia física contra su persona, hecho que sucedió dentro del complejo La Fluvial, en cercanías al muelle 3″.

Agregó que tanto los patovicas como los policías “tras rodear a la víctima contra la baranda del río Paraná, aprovechándose de la superioridad física y numérica, y habiéndolo golpeado, determinaron con su accionar que Orellano salte las barandas de protección del muelle y caiga a las aguas del río, circunstancias que le provocaron la muerte”.

Según el fiscal también se suman los hecho de que los policías al dar aviso de la caída del joven al 911 y a Prefectura Naval omitieron informar la existencia de una interacción entre los imputados, como así también no dieron aviso inmediato al Ministerio Público de la Acusación de ninguna de estas circunstancias.

Además, sostuvo Saldutti en su alegato, “se retiraron inmediatamente del lugar, sin documentar debidamente su actuación, lo que le impidió al personal de Prefectura ahondar en la información necesaria para poder llevar adelante de manera efectiva las primeras acciones de búsqueda y rescate”.

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