Escándalo en Córdoba: cuatro jefes policiales irán a juicio por usar repuestos de vehículos secuestrados para reparar sus autos

Un ex comisario mayor, un ex subcomisario y otros dos comisarios de la departamental de Villa María habían sido denunciados en octubre pasado por obligar a sus empleados a desguazar vehículos incautados por la Justicia. Están acusados de malversación de bienes, coacción y violación de pruebas

Los cuatro jefes habían sido denunciados en octubre de 2020 por un sargento de la departamental (Twitter: @PoliciaCbaOf)
Los cuatro jefes habían sido denunciados en octubre de 2020 por un sargento de la departamental (Twitter: @PoliciaCbaOf)

La Justicia de Córdoba elevó este martes a juicio la causa contra los integrantes de la ex cúpula policial de la departamental San Martín de la Policía provincial, acusados de malversación de bienes por un faltante de autopartes registrado en el depósito judicial de vehículos entre diciembre de 2019 y octubre de 2020.

En la causa que investiga la fiscal Juliana Companys, a cargo de la Fiscalía de Instrucción de Segundo Turno de Villa María, están imputados el ex comisario mayor y jefe de la departamental, Walter Roldán, y parte de los responsables de la fuerza a nivel local en aquel momento: el ex subcomisario y director Juan, Carlos Arias, y los ex comisarios, Lucas Dagatti y Franco Bernardi.

La causa se inició el 23 de octubre pasado, cuando un sargento ayudante de la Policía de Córdoba a cargo del depósito judicial de vehículos, ubicado en el barrio Las Acacias de Villa María, presentó una denuncia contra tres de sus jefes.

El efectivo los acusó en concreto de coordinar una maniobra continua de “robo hormiga” en la que, haciendo uso de su poder, obligaban a los mecánicos y técnicos del depósito y funcionarios subalternos a retirar repuestos de autos secuestrados por la Justicia y utilizarlos para reparar otros vehículos. Entre ellos el Chevrolet Aveo asignado al comisario Roldán y otros vehículos y móviles policiales que utilizaban los jefes de la departamental.

En el requerimiento de elevación a juicio, a la que Infobae accedió en forma completa, la fiscal Companys consideró probado que Roldán, Arias, Dagatti y Bernardi dieron la orden de “despiezar” al menos dos vehículos para luego utilizar las autopartes en al menos otros tres.

Los jefes juzgados eran la cúpula de la Unidad Regional Departamental de Villa Maria
Los jefes juzgados eran la cúpula de la Unidad Regional Departamental de Villa Maria

Luego, de acuerdo al planteo de la funcionaria judicial, cuando ya eran investigados, los jefes policiales “se dispusieron a entorpecer la investigación penal preparatoria en curso, y procedieron no sólo a ejercer presión e influir en los subordinados (...) indicándoles los términos en los cuales debían realizar las declaraciones en caso de ser citados por la justicia, como así también, ordenando colocar y/o devolver a su lugar las autopartes ilegalmente extraídas de los vehículos apostados en el depósito judicial, con la clara intención de borrar evidencia probatoria que los incriminaba”.

Según consta en la investigación, Arias, Dagatti y Bernardi habrían ejercido presión “funcional y psicológica” sobre los empleados de la departamental, a quienes, bajo amenaza de represalias -dos empleados habrían sido puestos en licencia contra su voluntad- los presionaron para desconocer las irregularidades y maniobras ilegales y ocultar las pruebas y les advirtieron “que tuvieran cuidado con lo que se hablaba”.

El sargento primero Eduardo Ezequiel Giménez y el agente Juan Alberto Moreno, en tanto, fueron considerados responsables del delito de falso testimonio por haber mentido en sus declaraciones como testigos ante la fiscal sobre lo que ellos sabían de lo ocurrido en el depósito judicial durante la etapa de investigación.

De esta forma, el comisario Walter Roldán Arias, Dagatti y Bernardi están señalados como coautores de los delitos de malversación de bienes privados equiparados a públicos y violación de medios probatorios en concurso real. Arias, Dagatti y Bernardi, además están acusados por el delito de coacción.

Ahora, los defensores de los acusados tendrán un plazo de cinco días para oponerse a la medida y luego se fijará una fecha para el debate.

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