Comisarios de la Bonaerense denunciaron en la Justicia a los efectivos que protestaron: ¿habrá sanciones?

Ayer por la tarde, los policías que protestaron frente a la Quinta de Olivos se convirtieron en la cara más problemática del mayor reclamo en la historia de la fuerza de seguridad más numerosa de la Argentina. Cerca de 100 efectivos de comandos como el de San Isidro o de sectores vecinos como Vicente López y San Fernando golpeaban bombos frente a la residencia presidencial. Exigían mejoras salariales y mejores condiciones de trabajo, un reclamo que no solo se trataba de dinero.

Por otra parte, lo hacían con sus pistolas reglamentarias al cinto. Infobae le preguntó a uno de los agentes si no entendía como un gesto de violencia que se acerquen a protestar armados a la residencia presidencial: “No me parece porque nosotros damos la vida por el que está adentro y por la sociedad. Somos conscientes de lo que hacemos”, concluyó.

Alberto Fernández mismo repudió la modalidad, así como políticos de todo el arco de la oposición, desde la izquierda hasta Juntos por el Cambio. “Hemos visto imágenes espantosas frente a la Quinta de Olivos, frente a la residencia donde vivo con mi familia; esas imágenes no deben volver a repetirse”, aseguró el gobernador Kicillof esta mañana en la presentación del Plan Integral de Seguridad, donde anunció que ningún efectivo ganará menos de 44 mil pesos mensuales, un aumento sustancial sobre la línea de base de 33 mil pesos que incluye cómputos por uniforme. Kicillof también sintió el calor. Antes de la Quinta, los policías que se manifestaron llegaron a la residencia del gobernador en La Plata.

El rechazo también llegó desde diversas organizaciones de la sociedad civil. Se usó un término puntual, una calificación legal para definir la protesta en Olivos: el delito de sedición.

De acuerdo al Código Penal, la sedición a la insurrección tanto de una fuerza armada o de un grupo de personas que, atribuyéndose los derechos del pueblo, buscara deponer algún poder público o peticionar en su nombre, violando el principio democrático que consigna que el pueblo no delibera ni gobierna sino a través de sus representantes y autoridades creadas por la Constitución.

Es decir, un levantamiento.

Muchos de los que salieron a la calle temen ser acusados en Asuntos Internos o en la Justicia penal. El karma existe. La era Ritondo inició casi 40 mil sumarios y tres mil suspensiones, se apartaron a más de 13 mil efectivos, otros 2.300 fueron exonerados, con dos mil más en procesos de expulsión: más de mil policías fueron detenidos. En zonas como Puente 12 en La Matanza frente al centro de comando de Berni, en las protestas, muchos en el limbo administrativo aplaudían entre los chalecos antibalas. Oscar Pagano, el cabo primero que se colgó ayer de una torre y amenazó con quitarse la vida, había pasado casi una década en disponibilidad antes de ser reincorporado a los 52 años.

Kicillof, en su anuncio de esta mañana, no dijo nada sobre esta situación. Se refirió a ella en una entrevista con Radio El Destape. “Sobre los sumarios hay diferentes situaciones. Hay gente que no pertenece a la fuerza de manera activa. Los que son exonerados, retirados, familiares. Hay quienes no están con los códigos de la fuerza. No puede permitirse lo que está pasando y menos en una pandemia. Necesitamos que se restituya el trabajo”, indicó el gobernador.

El delito de sedición corresponde a la Justicia federal. Sin embargo, según aseguraron fuentes judiciales, el juez Lino Mirabelli, de turno en la jurisdicción de la Quinta, no recibió denuncias o imputaciones contra los efectivos que se manifestaron ayer con sus Bersa Thunder al cinto, sin tomar rehenes, tomar una comisaría, acuartelarse o disparar contra los más de 60 efectivos de PFA y del grupo Albatros de Prefectura que llegaron para reforzar la seguridad de la residencia presidencial.

Sin embargo, hay otros posibles delitos, y allí está el problema.

¿Qué pasa, entonces? Fuentes políticas cercanas a Sergio Berni aseguraban a mediados de la mañana que todavía no se habían iniciado causas penales. Sin embargo, en la Procuración bonaerense, uno de los funcionarios de mayor jerarquía ratificaba a Infobae a mediados de esta mañana: “Hubo denuncias presentadas en Lomas de Zamora, San Martín y La Matanza por superiores jerárquicos de la Policía Bonaerense, jefes de unidades y comandos”.

No sorprende: nadie con una tira en el hombro vio la protesta con buenos ojos o la apoyó explícitamente, una “rebelión de los pendejos”, la llamó un veterano comisario, de “pitufos que eran de la Policía Local”, de pocos años en la fuerza y poco entrenamiento, el verticalismo de la pirámide policial aplicado a sus bases.

Por lo pronto, las causas presentadas tienen la calificación de averiguación de ilícitos, describen situaciones, asegura la fuente jerárquica en la Procuración provincial: “Por ejemplo, en cierto lugar se convocaron uniformados en móviles. El superintendente de policía vial los intentó disuadir para que vayan a patrullar y se negaron”, asegura el funcionario.

Cerca de la cúpula de la Bonaerense aseguran que se busca dar un mensaje a los 90 mil efectivos. Los patrulleros tomados para protestar que se vieron en las calles son un problema. “Si no damos el mensaje, nos pasan por encima”, asegura un hombre fuerte de alto rango.

Verse débil no conviene. Pero judicializar la protesta, por otro lado, puede tensar el conflicto. Las movilizaciones se dispararon el lunes, luego de que los efectivos de Almirante Brown salieran a la calle con sus familias luego de que, según fuentes en la zona, fueran apercibidos por sus superiores.

Otra vez, las bases son la clave: los efectivos en la calle no hablaron solo de plata, sino de traslados arbitrarios, corrupción interna de supuestas coimas exigidas por superiores a subalternos, castigos y sanciones, recortes en sueldos, maltrato al personal femenino incluso en sus períodos menstruales.

La protesta es, en sí, no solo una cuestión de sueldo, sino también de cultura.

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