"Dios me cuida": la historia de la abogada argentina que defendía a uno de los capos más pesados de América Latina y fue acribillada en Paraguay

Laura Marcela Casuso no les decía mucho a sus familiares en Resistencia, Chaco. No la veían mucho tampoco. Laura solía estar constantemente de viaje en Brasil, por ejemplo, donde vivían o estaban detenidos muchos de sus clientes. La Argentina era algo relativamente distante para ella: había dejado el Chaco hace más de 20 años para recibirse de abogada en una universidad del país vecino e instalarse en Pedro Juan Caballero, una ciudad de frontera entre Paraguay y Brasil, donde fue madre de tres hijos.

Confiaba en un miembro de su familia en particular al que le hablaba de "cosas" en "un ambiente feo", sin muchos detalles. Otros cerca de ella le advertían de su clientela, de los riesgos de defender a gente así, delincuentes feroces, narcotraficantes, asesinos de megabandas que hacen ver a los capos argentinos como dóciles en comparación, criminales de otra espesura, de otro calor.

Laura, de 54 años de edad, no tenía custodios, al menos no viajaba a la Argentina con ellos. "Dios me cuida", decía Casuso a su familia. Dios y la camioneta blindada en la que solía moverse.

Anoche, Casuso fue acribillada en Pedro Juan Caballero y murió en el Hospital Regional tras una intervención quirúrgica. Las diez balas impactaron en el tórax, en el abdomen, en el cuello y en los brazos. La prensa paraguaya confirmó la noticia y recordó, de inmediato, a su principal cliente.

Durante al menos los dos últimos años, Casuso había defendido a Jarvis Chimenes Pavao, uno de los aliados clave del Primeiro Comando da Capital, el PCC, una banda armada de delincuentes conformada por ex presos brasileños, y quizás el narcotraficante más peligroso en la frontera entre Paraguay y Brasil.

Toda la historia del PCC está hecha con sangre. Fundado a comienzos de los 90 en la cárcel de Taubaté en San Pablo, la masacre de Carandirú con 111 internos muertos fue instrumental en su creación. Envueltos en una extraña mística de pertenencia, sus miembros comenzaron campañas armadas de robo y narcotráfico a gran escala.

Se creía en 2016 que el PCC tenía al menos 200 miembros estacionados en la zona de Ponta Porá, la ciudad del Mato Grosso brasileño lindante con Pedro Juan Caballero. Jarvis es, precisamente, oriundo de Ponta Porá.

Hizo del lugar la base de su pequeño imperio con su casa, mezcla de mansión y bunker fortificado. Se sospecha que hasta tuvo su propia miniflota de aviones para mover droga. Cayó en 2009, frente a una mesa repleta de ametralladoras. Fue condenado en 2014 a 17 años de cárcel. Su hermano Ronny, otro jugador pesado en el esquema, terminó asesinado de doce tiros en Ponta Porá en marzo de 2017.

Jarvis no era el único pesado que Casuso defendía: en su lista de clientes también estaba Marcelo Pinheiro, alias "Piloto", parte del Comando Vermelho, banda rival del PCC.

El asesinato sicario de Casuso no es un recorte de diario suelto para las autoridades argentinas. Esta mañana, un funcionario de un organismo estatal nacional recibió informalmente un reporte de las fuerzas de seguridad paraguayas en su teléfono redactado desde la Dirección de Policía de Amambay que reportaba la muerte de la abogada. La preocupación fue evidente. "Con este tema te diría que dormimos la siesta de una manera alarmante", asegura.

Lo cierto es que el PCC está en la mira de funcionarios hace varios años por sus movimientos argentinos: Priscila Galhego Luiz, jefa de cuadrilla del Comando, chefe da quadrilha, una jefa de banda con 15 años de carrera, responsable de golpes contra objetivos de lujo en San Pablo, Brasilia y Recife, fue capturada el año pasado en un hotel de Congreso con una orden de Interpol sobre su cabeza. Parte de su banda había caído también a comienzos de marzo del año pasado en San Pablo: fuentes policiales brasileñas calcularon un botín total logrado en los últimos cinco años de más de un millón y medio de dólares.

Renato Dutra Pereyra y Thiago Ximenez, parte de la megafuga del penal de Ezeiza de 2013, fueron sospechados de pertenecer al Primeiro Comando. Llegaron a Ezeiza con una condena pesada: 20 años de cárcel confirmados por la Cámara Segunda en lo Criminal de Resistencia, Chaco, por robo a mano armada, portación de arma de guerra y privación ilegítima de la libertad.

Ambos estuvieron presos en la Unidad Nº 7 del SPF en Chaco, la Prisión Regional del Norte, una de las principales dependencias de máxima seguridad en el interior. En 2010, la Unidad Nº 7 se despertó con un estruendo: un explosivo estalló en uno de sus muros aunque no lo perforó, un intento fallido. Un intento de liberar a Ximenez y Dutra Pereyra fue la principal hipótesis en los cálculos privados del SPF.

Hoy, las preocupaciones en ciertos sectores locales son mucho más concretas. El endurecimiento contra el delito que promete la presidencia de Jair Bolsonaro -cuyo partido, el PSL, vinculó en un primer momento el atentado sufrido por Bolsonaro al PCC, según declaraciones a la agencia Reuters– podría causar, según cálculos de inteligencia, una migración de miembros del Comando. Su carisma y poder de captación pueden ser un problema, con la prédica no a presos y criminales brasileños sino a delincuentes paraguayos, donde el PCC tiene su historia. Los paraguayos conforman, por su parte, el mayor bloque de extranjeros en los penales federales argentinos.

La familia argentina de Casuso, por lo pronto, planea viajar a Pedro Juan Caballero para asistir a su velatorio.

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