Quedó al borde del juicio un manifestante que usó un mortero casero durante el debate de la reforma previsional el año pasado

La Cámara Federal confirmó este martes el procesamiento y prisión preventiva de Daniel Ruiz, uno de los manifestantes que lanzaron bombas de estruendo con un mortero casero en la Plaza del Congreso durante las protestas contra la reforma previsional del 18 de diciembre pasado. Aún sigue prófugo Sebastián Romero, el dirigente del Partido de los Trabajadores al que se apodó "el gordo mortero", pese a la recompensa de un millón de pesos que ofrece el Ministerio de Seguridad para quien aporte algún dato que permita su detención.

Ruiz es un dirigente gremial petrolero de Chubut y militante del Partido Socialista de los Trabajadores Auténticos que fue detenido el 12 de septiembre pasado. También aparecía en las imágenes de las protestas de la Plaza de los Dos Congresos activando un mortero casero.

En un fallo al que accedió Infobae, la Cámara Federal confirmó su procesamiento con prisión preventiva. Por dos votos a uno, quedó firme el delito de "intimidación pública y atentado contra la autoridad agravado por haber sido cometido a mano armada y por la reunión de más de tres personas, en concurso ideal entre sí".

A Daniel Oscar Ruiz se lo acusa de haber disparado -con un "arma de fuego de factura casera"- dos proyectiles explosivos contra agentes de la Policía de la Ciudad de Buenos Aires, mientras éstos desempeñaban sus funciones en la "Plaza de los Dos Congresos" el pasado 18 de diciembre de 2017.

Las filmaciones lo retratan accionando un mortero -"ligado" al extremo de un "palo largo"- adaptado para descargar elementos explosivos en la dirección deseada. En este caso, los disparos se efectuaron en sentido horizontal -con un leve ángulo ascendente- hacia el lugar en el que se hallaban emplazados los funcionarios públicos. Los videos que analizó el juez Sergio Torres captaron "con suficiente detalle el momento exacto en el que se produjeron las detonaciones", señalaron las fuentes.

Por su parte, el juez Martín Irurzun confirmó el procesamiento pero consideró que no se había configurado el delito de intimidación publica, porque esa figura implica provocar un temor que afecte "el ánimo de un conjunto considerable de personas indeterminadas, reunidas en un lugar público o de acceso público". A criterio del juez, "el desorden y la situación de violencia" habían comenzado ya desde el mediodía, antes de que llegara Ruiz.

Sin embargo, Bruglia y Bertuzzi sostuvieron que en un primer momento el conflicto en la Plaza de los Dos Congresos "pudo controlarse y se mantuvo el orden", pero a las 14 de aquel día "un grupo de personas, entre los cuales se encontraba Ruiz" irrumpió en escena y "generó los desmanes en la vía pública que luego se perpetuaron sin interrupciones durante varias horas".

"Fue el comportamiento de los individuos que integraban este grupo, muchos de ellos con sus rostros tapados, con elementos intimidantes en su poder y opuestos a las razones de la protesta, las que produjeron un estado de temor en el resto de los convocados y en la población en general, que los condujo a mantener distancia y retroceder. A su vez, fueron estas conductas las que posteriormente derivaron en agresiones al personal policial, provocando heridas de diversa índole y daños en el espacio público", dijeron los jueces. Y añadieron que "bajo este contexto de situación el actuar del imputado y del resto de las personas que estaban a su alrededor, no fue espontáneo y carente de finalidad; sino que, estuvo coordinado y respondió a un acuerdo previo dirigido a infundir un temor público y a suscitar tumultos y/o desórdenes, tanto entre las personas que asistieron ese día a las inmediaciones del Congreso a manifestarse pacíficamente, como así también tendiente a afectar el ánimo de los legisladores y frustrar la sesión en la Cámara de Diputados".

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