A los pocos días de dos despido indemnizados, en total por casi 70 millones de pesos, el clima en el Puerto de Bahía Blanca se tornó tenso. Las empresas Hydra Argentina S.A. e Ildemar S.A., especializadas en balizamiento y barimetrías, denunciaron un escenario de hostigamiento sindical que, según describieron, excedió los canales habituales de reclamo laboral.
El conflicto, que llevaba tiempo latente, estalló con manifestaciones sorpresivas, bloqueos de embarcaciones y acusaciones públicas de irregularidades.
El paso de la disputa al terreno judicial se concretó con una presentación penal firmada por el abogado Maximiliano Gorg, quien detalló acciones de “acoso sindical” y “extorsión” que -según la denuncia- incluyeron desde amenazas verbales y físicas hasta la imposibilidad de operar las lanchas.
En el escrito, se relataron episodios de “intimidaciones, agresiones, extorsión, agravios y manifestaciones en la vía pública”, todos atribuidos a integrantes del Sindicato del Personal Embarcado de Dragado y Balizamiento y, especialmente, a su secretario local, Luis Oscar Pérez. “Se han realizado manifestaciones sorpresivas frente a los domicilios de las empresas y sus oficinas, bloqueando el ingreso y egreso del personal, y se han proferido amenazas directas e indirectas”, se afirmó en el documento.
Argumentos empresariales y graves antecedentes portuarios
Las empresas explicaron que la presión sindical se intensificó luego de la desvinculación —con indemnización completa— de dos empleados, hecho que, según sostienen, desató una escalada de exigencias para reinsertar trabajadores y sumar nuevos tripulantes.
En el escrito judicial, se solicitó que la fiscalía cite a declarar a testigos de los hechos denunciados, así como a las autoridades actuales y anteriores del Consorcio de Gestión del Puerto de Bahía Blanca, para que den cuenta de las asambleas intempestivas y de las denuncias administrativas previas presentadas por las empresas. “El accionar del sindicato impide el normal funcionamiento de la empresa y genera un perjuicio real a una empresa en funcionamiento”, subrayó la presentación.
La relación entre las empresas y el sindicato no siempre fue conflictiva, pero el documento reflejó una acumulación de episodios que, en la visión de Hydra e Ildemar, terminaron por quebrar la convivencia en el Puerto de Bahía Blanca.
Los hechos relatados en la denuncia no son aislados: las empresas describieron una sucesión de bloqueos, asambleas sorpresivas y campañas de hostigamiento que, según ellas, dificultaron la continuidad de las tareas de balizamiento.
Entre los hechos enumerados, se destaca una agresión física al capitán de un buque en muelle en noviembre de 2019, el bloqueo de la zarpada de una embarcación mediante una asamblea convocada sin aviso ni temario en octubre de 2024 y el impedimento de tareas a bordo en agosto de 2025. Las firmas lo presentaron ante el Consorcio portuario, sin obtener soluciones efectivas, lo que motivó el paso al fuero penal.
La denuncia también incorpora episodios ocurridos en enero de 2026, cuando el sindicato realizó manifestaciones frente al domicilio legal de la empresa y en oficinas administrativas externas, con obstrucción de accesos, actos de intimidación al personal, ensuciamiento de instalaciones e impedimento del normal funcionamiento de las actividades administrativas.
En el escrito se detalló que los incidentes incluyeron el impedimento físico del trabajo en las embarcaciones y la difusión de acusaciones públicas sobre supuestas irregularidades laborales y de seguridad, que las empresas calificaron como infundadas.
La denuncia penal constituye el último eslabón de una cadena de reclamos: Hydra e Ildemar consideran que agotaron las vías institucionales y que, ante la falta de respuesta, el accionar sindical rebasó los límites legales. Solicitó que la fiscalía cite a los testigos propuestos, entre ellos personal de ambas empresas, así como a los representantes actuales y anteriores del Consorcio de Gestión del Puerto de Bahía Blanca.
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