Un nuevo siniestro vial volvió a encender las alarmas en torno al estado de las rutas nacionales. Esta vez, el episodio ocurrió el domingo en el kilómetro 187 de la Ruta Nacional 19, a la altura de La Francia, en el departamento cordobés de San Justo. Allí, un Renault Kangoo terminó volcado sobre la carpeta asfáltica tras una maniobra fallida que dejó a sus tres ocupantes con lesiones leves.
De acuerdo a lo informado por fuentes policiales, en el vehículo viajaban tres mujeres: la conductora, de 30 años, y dos acompañantes, de 28 y 39. Todas fueron trasladadas por un servicio de emergencias a un centro de salud de la región. En el operativo también intervinieron Bomberos Voluntarios, que trabajaron para asistir a las víctimas y asegurar la zona del siniestro.
Según los primeros reportes, la conductora habría perdido el control del rodado por razones que aún se intentan establecer. Sin embargo, un video difundido poco después del accidente muestra un bache de grandes dimensiones en el asfalto, justo antes de la zona donde el vehículo aparece volcado. Esa imagen reavivó un viejo reclamo: el de la falta de mantenimiento en los tramos que están bajo jurisdicción del Estado nacional.
El legislador cordobés Miguel Siciliano, del espacio Hacemos Unidos por Córdoba, expresó su malestar en redes sociales. “Las RUTAS NACIONALES CADA VEZ MÁS PELIGROSAS por la falta de mantenimiento”, escribió en mayúsculas. Y añadió: “En este caso, la conductora manifestó que el motivo del vuelco fue por tratar de evitar el bache”. También recordó que ese tramo de la Ruta 19 fue inaugurado en 2018, pero desde entonces no se realizaron tareas de conservación adecuadas.
El hecho, que por fortuna no dejó víctimas fatales, se suma a una larga lista de incidentes viales que tienen como denominador común el mal estado de las rutas. Según el Informe de Siniestralidad Vial elaborado por el Gobierno Nacional, durante el 2024 el 29% de los accidentes automovilísticos fatales se produjeron en rutas nacionales. La cifra encendió las alertas en varias provincias, donde funcionarios y mandatarios volvieron a pedir al Ejecutivo que retome la inversión en infraestructura vial.
Uno de los que alzó la voz antes de la disolución de Vialidad, fue el gobernador de Río Negro, Alberto Weretilneck, quien publicó en sus redes sociales un descargo en el que cuestionó la inacción de las autoridades nacionales. “La Ruta 22, la 23, la 40 y la 151… heridas, rotas, olvidadas. Hace más de 15 años que estamos esperando”, escribió. Y agregó: “Gobiernos van, gobiernos vienen, y las promesas se archivan. Pero la producción sigue saliendo por caminos destrozados, los turistas llegan por rutas intransitables y la gente se juega la vida todos los días”.
En otro tramo de su mensaje, Weretilneck apuntó al uso de los fondos recaudados por el impuesto a los combustibles, que según la normativa vigente deben destinarse a obras viales. “En 2024, el Estado Nacional recaudó más de 2 billones de pesos. ¿Dónde está esa plata? ¿En qué provincia invierten? Porque en Río Negro, no”, lanzó.
Desde Santa Fe, también se sumaron a los cuestionamientos. El secretario de la Agencia Provincial de Seguridad Vial, Carlos Torres, habló del deterioro de las rutas por la presencia de baches, la falta de iluminación y el escaso mantenimiento. “Parcialmente, han hecho arreglos. En la ruta 33 taparon algunos pozos, pero fue muy precario”, señaló en declaraciones radiales. “Lo que exigimos es tapar pozos, prender las luces y cortar el pasto”, añadió.
En este contexto, el Gobierno avanza en una reforma estructural que busca trasladar la responsabilidad de las rutas a las provincias o bien a concesionarios privados. Según un relevamiento de Chequeado, hasta mayo de 2025 el Ejecutivo solo había iniciado 18 obras públicas y no había dado continuidad al 54% de los proyectos heredados de la gestión anterior.
Una de las provincias que tomó la iniciativa fue Mendoza, donde el gobernador Alfredo Cornejo firmó un convenio para hacerse cargo del mantenimiento de 235 kilómetros de rutas nacionales, incluyendo tramos de la Ruta 7, la 143 y la 40. El acuerdo contempla que la provincia podrá recuperar la inversión mediante peajes o por vía de reclamos al Estado nacional.