La familia de Jorge Julio López, víctima y sobreviviente de la última dictadura militar, pidió a la Justicia que coteje los datos genéticos de cada uno de los cadáveres hallados recientemente en el cementerio de La Plata por la sospecha de que puedan estar ahí los restos del militante peronista desaparecido en septiembre de 2006.
Alfredo Gascón, abogado de los hermanos Rubén y Gustavo López, presentó un escrito ante la Justicia para que declare una medida de “no innovar” con el fin de que se compare “urgente” el material genético de los 501 féretros y más de 200 bolsas con restos humanos con los de López encontrados días atrás en la capital bonaerense donde, justamente, vivía la víctima.
“Pudiendo ser de utilidad para los hechos que aquí se investigan, solicito se dicte medida de no innovar para que la Municipalidad de La Plata se abstenga de modificar, mudar, alterar y/o introducir cambios en los elementos descriptos”, dice el escrito del abogado, presentado el miércoles 21 de febrero, al que tuvo acceso Infobae.
“Antes de la pandemia ya habíamos presentado un escrito porque ya se habían descubierto 66 tumbas NN en cementerio de La Plata, que está a cuatro cuadras de la casa de mi viejo. Sería increíble y canallesco pero no es descabellado pensar que podrían estar los restos de mi viejo ahí”, explicó a este medio Rubén López, y agregó: “Ahora, con esta novedad de los restos que se encontraron, volvimos sobre eso. Nunca bajamos la esperanza de que en esas tumbas, o en entre estos restos que aparecieron ahora, pueda estar mi papá”.
Según explicaron en la familia López, los pasos lógicos serían que a partir de este momento intervenga sobre la investigación la fiscalía de Lesa Humanidad que lleva el caso de la desaparición de Jorge Julio, visto por última vez el 18 de septiembre de 2006, un día antes de la condena a perpetua dictada contra el represor Miguel Etchecolatz.
El militante había declarado como testigo en la causa, ya que fue víctima de desaparición forzada durante la dictadura y sobrevivió para contarlo. Una imagen que tomó el fotorreportero Leo Vaca en 2014 durante otro juicio contra Etchecolatz exhibió que el genocida tenía un papel entre sus manos en el que estaba anotado, a mano, el nombre de Jorge Julio López y la palabra “secuestrar”.
Al momento de registrar la foto, Vaca vio al represor intentando entregar el papel a los jueces sin éxito. Nunca se pudo descubrir qué pasó con él. Etchecolatz murió en 2022 sin decir una palabra sobre este caso ni del resto de las desapariciones en dictadura de las que se lo declaró responsable.
La tarde en que desapareció, López estaba esperando que su sobrino lo pase a buscar para ir a presenciar, justamente, los alegatos en el juicio contra el ex director de Investigaciones de la Policía bonaerense y mano derecha del general de brigada Ramón Camps.
Los 501 ataúdes y 200 bolsas con restos humanos en condiciones irregulares de preservación se encontraron en cuatro depósitos que no eran parte de la morgue ni estaban destinados a la conservación de cadáveres o restos óseos humanos.
El hallazgo se produjo a raíz de unas auditorías llevadas a cabo en distintas dependencias de la ciudad por pedido del intendente Julio Alak, con el fin de garantizar la transparencia de la administración municipal. En ese marco, personal municipal y de la dirección provincial de Registro de Personas Desaparecidas del Ministerio de Seguridad provincial inspeccionaron el cementerio.
Según precisaron desde el Municipio, uno de los primeros lugares donde advirtieron anomalías fue en el panteón denominado “Protectora”, un subsuelo donde los inspectores percibieron olor nauseabundo y descubrieron 16 féretros de madera.
Varios cajones estaban en el piso con agua estancada. Ninguno tenía las identificaciones correspondientes, no estaban las chapas que contienen esa información necesaria. Para las autoridades, esto “no ha sido producto de un desgaste natural”, sino que “se trató de un acto llevado a cabo de forma deliberada”.
“Sospechamos que respecto a las bóvedas y nichos, a las que pudieron pertenecer dichos ataúdes, pudo haber algún manejo fraudulento de los mismos”, dice la denuncia que las autoridades municipales radicaron ante la Unidad Funcional de Instrucción N°15, a cargo de la fiscal María Cecilia Corfield. La causa está calificada como “averiguación de posibles ilícitos respecto de los cuerpos y los restos óseos hallados no identificados”.