El abogado Miguel Ángel Pierri tomará el caso del argentino preso en El Salvador: “Nos dio esperanza”

El reconocido letrado le ofreció a la familia de Alejo Arias González hacerse cargo de la causa. El joven está preso acusado de ser parte de una banda de estafas colombiana

El abogado Miguel Ángel Pierri. Foto: Adrián Escandar

En medio de la incertidumbre por la situación de Alejo Arias González, el argentino que está preso en El Salvador hace más de 20 días y de quien no hay novedades desde el martes, el reconocido abogado Miguel Ángel Pierri se ofreció a tomar el caso del joven que fue detenido acusado de formar parte de una banda de estafas colombiana.

Así lo confirmó su familia a Infobae, quienes contaron que el letrado se hizo eco de su desesperado pedido de ayuda y se comunicó con ellos para hacerse cargo de la causa ad honorem.

“Nos llamó desde Buenos Aires y nos dijo que dejáramos todo en sus manos. La verdad es que es una bendición para nosotros en estos momentos donde uno no maneja dólares acá en Argentina y la situación económica es pésima”, señala a este medio Sandra Gónzalez, la mamá del mendocino que vive un calvario en Centroamérica desde el pasado 14 de julio cuando fue detenido.

Alejo Arias, el argentino detenido en El Salvador

La mujer, oriunda de la ciudad de Rivadavia, admitió haberse sentido aliviada cuando fue contactada por Pierri. Según explicó, ni ella ni su entorno cercano contaba con los recursos necesarios para solucionar el conflicto en el que quedó envuelto su hijo, quien está arrestado en uno de los países con el régimen carcelario más duro de la región.

En este sentido, reveló cómo se dio la comunicación con el abogado y cuál fue el panorama que éste les dio sobre el caso: “Él nos llamó el viernes tarde y nos pidió que le contáramos todo. Le pasamos fotos y documentación de Alejo. Estuvimos en contacto con él hasta anoche, sábado, cuando nos dijo que decidió tomar la causa”.

Y agregó: “Nos dio esperanza, nos dijo que lo dejáramos todo en sus manos, y que él y todo su equipo corresponsal se van a mover en el caso. En 24 horas él movió cielo y tierra. Habló con la embajada, con la cancillería. Hay tantas entidades que ya se me hizo un lío, pero se contactó con las autoridades. El doctor Miguel Ángel Pierri nos ha dado esperanza y a corto plazo”.

Alejo es estudiante de radiología y había viajado para ahorrar dinero y costear su carrera

Hasta el pasado jueves, Alejo Arias González estaba alojado en el centro penitenciario El Penalito, ubicado en San Salvador. Estaba siendo representado por una abogada local, quien mantuvo a la familia al tanto de la situación durante algunos días. En la última semana, les había informado que probablemente el joven iba a ser trasladado a otro penal. Sin embargo, desde entonces, no volvió a comunicarse con ellos.

“Estamos preocupados porque no sabemos nada de él y no sabemos qué hacer para ayudarlo”, había dicho Sandra González a este medio.

El joven se había mudado a El Salvador en marzo con una propuesta laboral de una financiera. Su trabajo consistía en ir a cobrar las cuotas de los préstamos que tomaba la gente en la empresa. Pero lo que no sabía era que la misma era una asociación ilícita que se dedicaba al lavado de dinero y que estaba siendo intensamente investigada por el gobierno del presidente Bukele.

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Cuando ésta fue desbaratada por las autoridades, Alejo quedó detenido junto a 105 colombianos, un guatemalteco y tres salvadoreños, todos vinculados a la compañía. La misma, de acuerdo a una investigación realizada a nivel nacional, recurría a mecanismos ilícitos para obtener el pago de los préstamos.

“Mi hijo es inocente, cayó en una red. Fue sometido a un trabajo ilegal, pero él no lo sabía. Estamos viviendo una pesadilla”, asegura la mamá del argentino.

En este sentido, uno de los factores que agravan el episodio e incrementa la preocupación de los familiares de Arias es la política de mano dura de la gestión de Nayib Bukele ante la delincuencia.

En El Salvador, los presos son sometidos a fuertes castigos y a una excesiva violencia de parte de las fuerzas de seguridad por orden del mandatario, quien implementó un duro régimen contra los delincuentes en el marco de una política “para disminuir los delitos a nivel nacional”.

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