La Justicia está limitada para actuar en este caso. Dos de los asesinos son menores. Uno, de 15, está por lo tanto libre e impune, aunque se investiga aún cuál fue su participación. Pero es inimputable para la justicia. El de 17, tiene prisión domiciliara, sin pulsera y sin control alguno y ya fue visto en la calle. Un tercero, de 19 años, está detenido a la espera del juicio. Pero para llegar a eso, la familia de la víctima tuvo que mediatizar el caso.
En la noche del 16 de agosto de 2019, en Villa Luzuriaga, La Matanza, tres delincuentes, asesinaron de dos disparos en el parietal a Emiliano Pereyra Suarez, el Pela, 38 años, intentando robarle su Fiorino en la puerta de su casa, frente a su padre.
De robo a mano armada, estos delincuentes pasaron a la calificación de homicidas.
“Son menores”, dice la Justicia; ¿menores para qué?, preguntan sus víctimas. ¿Acaso no saben discernir el bien del mal, la vida de la muerte? Sí lo saben. Pero uno está libre y otro infringe su prisión domiciliaria porque nadie lo vigila.
Es decir que son menores para que la impunidad los ampare y vuelvan a matar. Aquel día, venían de cometer otro delito al robar el auto con el que se desplazaban al momento de matar a Pereyra Suárez.
A la entrevista con Usina de Justicia acude Matías, uno de sus hermanos, que conmovido dice: “Era el segundo hecho delictivo el mismo día; seis horas antes ya habían robado un auto con el que perpetraron luego el homicidio. Si la policía hubiese actuado ante la alarma dad al 911 y los responsables hubieran estado detenidos, hoy mi hermano estaría vivo”.

Pero eran menores. ¿Menores para qué? Para disparar en la cabeza del Pela, fueron libres y temerarios. Para la sociedad, son peligrosos.
Peligrosos, palabra de difícil aceptación por estos tiempos, pero la adecuada para que el discurso no sea infame y conveniente y, en cambio, sea la descripción de un hecho que nadie reparará. Ni los menores, ni la justicia.
Matías, el hermano del Pela, vive en San Justo, también partido de La Matanza, a 50 cuadras de la casa de su padre, donde Emiliano fue asesinado. Es docente. Habla empapado de la causa que debió aprender a interpretar sin nunca querer participar. Tiene un discurso seguro y claro.
Pero el recorrido de la entrevista lo lleva a una reflexión: “Mi familia quedó destruida. Esa es la verdad. Uno trata de salir adelante todos los días, pero es muy difícil. Cuando te arrancan así la vida...” Y allí mismo lo que era seguro y claro se transforma en congoja y emoción llorosa.
“Esa noche estaba ya acostado porque al oro día tenía que ir a trabajar. A las dos y media de la mañana sonó el teléfono con esa terrible noticia. Fui para la casa, mi padre estaba en shock, mi hermano murió en sus brazos”, dice Matías y se frena porque no hay palabras.
El padre se siente culpable porque el auto era suyo y le dijo a Emiliano que lo guardara... La impunidad deja a los delincuentes sin castigo y a las víctimas sobrevivientes con una condena eterna.
Matías es el discurso equilibrado y también el representante del dolor de una familia herida y de luto.
Piden Justicia Justa, sabiendo que el Poder Judicial no está facultado para devolverles al Pela; pero si lo está para que no haya más familias rotas, para que los asesinos, impunes, no tengan otra vez permiso para matar.
“Yo tengo mucha bronca. Si hubiera un Estado que actuara... No quiero que ningún pibe más agarre un arma... Como familiares de víctimas no nos gustaría que les pase a otros. Por eso necesitamos que no quede impune lo de mi hermano”, agrega Matías.

Una sociedad en la que se rompe el pacto social y los que delinquen están libres y los ciudadanos de bien amenazados, hace que lo que es un orden natural, en el que los hijos despiden a los padres, hoy naturalice que los padres despidan a los hijos.
Los delincuentes son menores. ¿Menores para qué?
Interminables discusiones sobre la edad de imputabilidad. Nunca resueltas por la Justicia, ni por los legisladores ni por la política.
En el mientras tanto ese debate poco instruido sobre el psiquismo de las personas, donde la responsabilidad de un hecho se define por otros parámetros y lo cronológico carga con la obsolescencia de un pensamiento anacrónico, deja a la sociedad desprotegida y a los homicidas impunes.
¿Y si la Justicia en manos de los jueces, en un baño de responsabilidad social, decide si los responsables pueden ser juzgados como adultos?
La familia Pereyra Suárez debió hacer mediática su tragedia para que la Justicia los escuchara. Y, con el discurso cuidadosamente equilibrado, expresa, en referencia al homicida que se pasea por la calle, “para que esta persona no quede impune porque es un asesino”.
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