El padre Manuel Fernando Pascual se salió del patrón usual de los curas acusados de ser abusadores, rompió el molde, en su extraña forma.
El delito por el que fue imputado es el de abuso sexual con acceso carnal gravemente ultrajante, agravado por la condición de sacerdote católico, la calificación para un cura violador, pero las víctimas no eran las típicas dentro de la Iglesia.
Durante al menos cuatro años, entre 2012 y 2016, Pascual, de acuerdo a la acusación en su contra, atacó en forma serial a dos monjas, integrantes de la congregación Hermanas de San José que tenía a su cargo. Eran tocamientos y sexo oral. Lo hacía en un campo en el partido de Capitán Sarmiento llamado La Ermita, donde la orden de religiosas realiza retiros espirituales, o en una obra a cargo de las hermanas en la calle Ernesto Bavio en Núñez, el Hogar Amparo Maternal, que alberga a mujeres en situación de calle junto a sus hijos. El hogar es, también, el domicilio fiscal del cura, registrado para operar en los rubros inmobiliarios de la AFIP.
El padre Pascual tenía su método, al menos sobre una víctima. El pedido de elevación a juicio firmado en su contra por el fiscal Marcelo Retes tiene un párrafo algo perturbador: “Pascual ejerció una manipulación sobre su psiquis, siendo que la hacía hablar de situaciones traumáticas del pasado (entre las cuales constan abusos sexuales de vieja data), las cuales provocaban una profunda angustia en la victima, y frente a su incontenible llanto, Pascual aprovechaba el estado de vulnerabilidad, comenzando con el contacto físico y manipulación, de forma en que la besaba en todo el cuerpo y en la boca al tiempo que intentaba quitarle la ropa, esgrimiendo que dichas prácticas obedecían a buscar ‘una absolución, o bien sanarla del dolor que llevaba consigo’”, dice el documento. De allí, el cura seguía.
Las tocaba, según las acusaciones en su contra, las sometía, se forzaba sobre ellas, las obligaba a ciertas perfomances. También tenía otras excusas. Una de sus víctimas declaró que “lo hacía para para que gozara y aprendiera a gozar”. El expediente en su contra tiene como prueba un escrito que el cura le entregaba a sus víctimas: “Lectura cristiana de la sexualidad femenina” era su título, una rara pastoral.
Con el tiempo, el cura fue elevado a juicio. El expediente llegó al Tribunal Oral Criminal N°4, presidido por el juez Julio Báez con los magistrados Gustavo Valle y Gustavo Rofrano. Fue preso y sigue preso: está en el penal de Ezeiza, aunque paradójicamente, el Arzobispado de Buenos Aires continúa siendo su empleador, o lo era hasta el mes pasado, con todos sus aportes al día hasta abril de acuerdo a registros previsionales consultados.
El mes pasado, el padre Pascual pidió salir de la cárcel mediante su defensor particular con un arresto domiciliario. El abogado argumentó motivos de salud: que Pascual tiene más de 65 años, sufre de presión alta entre otros diagnósticos más delicados, y que en caso de un brote de coronavirus dentro del penal de Ezeiza, donde no hay ningún caso registrado hasta el momento, estaría en un riesgo evidente, que relativamente cerca del penal hay un aeropuerto, lo que es un doble factor de riesgo en sus cálculos, entre penitenciarios que entran y salen.
En un fallo firmado a mediados de esta semana, el Tribunal Oral N°4 dijo que no. Para los jueces, se trató de una cuestión de poder.
“Por un lado, el imputado ejerce una fuerte influencia no sólo sobre las religiosas damnificadas sino además sobre los posibles testigos que conviven con él y permanecen a su cargo dentro de la Congregación de las Hermanas de San José", detalló el fallo.
Por otra parte, las víctimas no serían solo dos.
“No resulta un dato menor la posibilidad de que se presenten nuevas víctimas, pues si bien al inicio de la investigación se trataba de sólo dos damnificadas ya han concurrido otras tres víctimas que si bien eligieron no impulsar la acción penal a su respecto me llevan a considerar que podrían surgir otros nuevos hechos que atribuirle al nombrado... Recuérdese que la imputación consiste en actos abusivos concretados por el imputado en esa situación de poder sobre las religiosas que estaban a su cargo”, continuó.
Los abogados querellantes del caso también pidieron expresamente que se le niegue la salida, lo mismo dijo el fiscal general ante el tribunal. El Cuerpo Médico Forense, en un informe que elaboró a pedido del tribunal, ratificó los diagnósticos del cura, pero también recordó que las recomendaciones para evitar contagios están “en plena vigencia” dentro de las cárceles federales, que sus enfermedades están siendo tratadas.
Los jueces, por otra parte, recordaron la alta pena que puede recibir: un máximo de 40 años de cárcel. Las pruebas son fuertes. Pericias psicológicas del Cuerpo Médico Forense a las monjas que denunciaron a Pascual aseguran que no hay signos de fabulación en sus relatos.
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