Coronavirus en la Argentina: murió otra residente del geriátrico de Belgrano que fue clausurado

Este tarde, se confirmó la segunda muerte de una residente del geriátrico de Belgrano que fue clausurado hace una semana. Se trata de una mujer, de 92 años, quien fue diagnosticada con coronavirus y permanecía internada en el Sanatorio San José de Recoleta. La primera víctima que se conoció fue Angélica González, de 89 años, quien también fue infectada con coronavirus y estaba internada en la Clínica La Esperanza del barrio porteño de Caballito.

“La mujer de 92 años, de nombre Esther, murió esta madrugada en el sanatorio San José a donde había sido trasladada después de ser evacuada del geriátrico”, aseguró en diálogo con la agencia de noticias Télam Ignacio Trimarco, abogado de la familia de la víctima.

Asimismo, el letrado aseguró que la mujer “había dado positivo de COVID-19” y anunció que “ahora la causa se agrava a abandono de persona seguido de muerte”, lo que contempla una pena de entre 5 y 15 años de prisión. “Estamos presentando la notificación a la Justicia”, afirmó, y destacó que la causa que lleva adelante apunta a “los dueños del geriátrico, la médica encargada de la salud de los residentes y al Gobierno de la Ciudad”.

Todo comenzó el miércoles pasado cuando el geriátrico Apart Incas, ubicado sobre la Avenida de los Incas al 1000, fue desalojado y clausurado a raíz de un contagio masivo de coronavirus entre los empleados y los residentes del lugar. Allí vivían 29 adultos mayores.

En este sentido, Trimarco aseguró que “los dueños del geriátrico dijeron que cuando tuvieron conocimiento del primer caso positivo dieron aviso a las autoridades sanitarias de la Ciudad, pero al parecer nadie hizo nada; esto es algo que deberá investigar la Justicia”.

El abogado aseguró además que ayer se pidió “la detención de los dueños del lugar y de la médica” y que también se presentó un pedido de incompetencia para que la causa fuera al “fuero federal, ya que es un caso que involucra la salud pública”.

La querella también presentó a la Justicia un pedido para que se “ratifiquen las declaraciones testimoniales” ya que la “fiscalía está tomando estas declaraciones vía telefónica, y no se garantizan los derechos constitucionales”.

Según el letrado, en esta modalidad “no se puede constatar la identidad de la persona que está declarando, no pueden verificar si son coaccionadas, o si leen, no participa ningún contralor; ni la defensa ni la querella y esto puede provocar futuras nulidades”.

“No queremos que, como consecuencia de estos testimonios, se puedan anular las declaraciones y se caiga la causa”, sentenció el letrado.

En tanto, ayer, el Cuerpo de Investigaciones Judiciales de la Justicia porteña decidió inspeccionar un geriátrico en el barrio de Devoto ante la posibilidad de que una de las residentes estuviera afectada por coronavirus y no contaran con la habilitación para funcionar.

Se trató de la cuarta residencia para adultos mayores en el ámbito de la Ciudad de Buenos Aires que queda en la mira por el mismo tema.

Los funcionarios decidieron que ingresara al geriátrico, ubicado en Allende 2900, solo personal de Investigaciones Judiciales, con el equipo que marcan las medidas sanitarias. En la inspección se determinó que una de las residentes, mayor de 80 años, tenía temperatura corporal de más de 38 grados y por lo tanto se decidió aplicar el protocolo por coronavirus y fue trasladada, y se está decidiendo el caso de otro traslado. El fiscal Ponce corroboró la “falta de habilitación” de la residencia y “una posible violación de clausura”.

Además, el miércoles pasado unos 35 adultos mayores del hogar Beit Sión, ubicado en el barrio porteño de Flores, fueron derivados a distintos centros de salud luego de haber dado positivo en el test de coronavirus. Según informó la agencia Télam, la mayoría de ellos no presentaban síntomas de la enfermedad y seguían estables. También hay cuatro empleados del lugar infectados.

Ese mismo mediodía, un grupo de familiares de adultos mayores del hogar San Lucas, un geriátrico del barrio porteño de Parque Avellaneda, se había reunido frente al establecimiento para reclamar que los 45 residentes fuesen trasladados. El pedido se originó tras la confirmación de que una persona murió por coronavirus en ese lugar y otras siete están contagiadas.

“Confirmamos una muerte y siete personas contagiadas”, sostuvo a la prensa Mónica Roque, secretaria de Derechos Humanos, Gerontología Comunitaria, Género y Políticas de Cuidado del PAMI, antes de ingresar al geriátrico privado, el cual posee convenio con la obra social de jubilados y pensionados.

En tanto, el sábado 18 de abril, cerca de las 17:30, dos móviles de la Policía de la Ciudad de Buenos Aires se presentaron en el geriátrico, ubicado en Medina 1650, luego de que el hijo de una persona que vive allí denunciara que en el lugar varios adultos mayores presentaban síntomas compatibles con el COVID-19. Antes del arribo policial, varias ambulancias del PAMI trasladaron a seis personas para realizarles los hisopados correspondientes. Tres fueron llevadas al Hospital Italiano, dos al Piñeiro y uno al de Clínicas.

Según precisaron los familiares, los adultos mayores se encontraban aislados en habitaciones de tres o cuatro personas, por eso reclamaron que las autoridades informaran cómo era la situación dentro del establecimiento y que les hagan testeos de coronavirus a todas las personas que viven allí.

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