Hace veinte días, el acuerdo de libre comercio entre la Unión Europea y el Mercosur entró en un nuevo compás de espera tras más de dos décadas y media de negociaciones. El Parlamento Europeo decidió paralizar la ratificación y remitir el texto al Tribunal de Justicia de la Unión Europea (TJUE) para que dictamine si su arquitectura jurídica encaja con los tratados comunitarios. El movimiento no cancela el pacto, pero instala una pausa con alto voltaje económico y político a ambos lados del Atlántico.
La votación en Estrasburgo expuso la grieta interna del bloque: 334 votos a favor de la remisión judicial, 324 en contra y 11 abstenciones. Con ese resultado ajustado, Bruselas abre un impasse que, según estimaciones habituales para este tipo de consultas, podría estirar entre 18 y 24 meses la definición final. En ese lapso, empresas y gobiernos recalibran expectativas sobre aranceles, cupos y reglas sanitarias.
Acuerdo histórico bajo revisión
Negociado durante más de dos décadas, el tratado aspira a crear una de las mayores zonas de libre comercio del mundo, con más de 700 millones de consumidores y una liberalización progresiva de la mayoría de los aranceles. Para el Mercosur, la llave es el acceso preferencial para agroalimentos; para Europa, la puerta de entrada a bienes industriales, servicios e inversiones en Sudamérica. Pero sectores agrícolas europeos y algunos actores políticos cuestionaron la base jurídica y mecanismos como el “reequilibrio”, que permitiría medidas correctivas si una parte considera afectada su normativa.
Si el TJUE avala el texto y la ratificación se reactiva, el impacto podría sentirse en exportaciones, competitividad e inversiones, sobre todo en cadenas agroindustriales, logística y agregado de valor. Además, la convergencia con estándares europeos en sanidad, ambiente y calidad suele traducirse en reputación y trazabilidad, activos clave para vender con mejores precios.
El frente político también pesa: un acuerdo con la UE consolidaría una estrategia de inserción internacional y diversificación de socios en tiempos de tensiones comerciales globales. A la vez, emergen desafíos: mayor presión sobre ecosistemas sensibles si no hay políticas ambientales sólidas, y exigencias regulatorias que pueden tensionar a sectores menos competitivos.
Si la pausa se transforma en bloqueo definitivo, el Mercosur seguiría enfrentando aranceles elevados en Europa y perdería atractivo relativo frente a países con acuerdos vigentes. En lo geopolítico, se debilitaría la capacidad negociadora del bloque y crecerían los debates internos sobre avanzar en acuerdos bilaterales por fuera del esquema regional.
Brasil: oportunidades demoradas y una mirada pragmática
Desde la Confederación Nacional de Agricultura y Ganadería de Brasil (CNA), el vicepresidente Gedeao Silveira Pereira advirtió en el programa radial Chacra Agro Continental sobre la judicialización: “Hoy no impacta directamente porque seguimos operando con los mercados que ya tenemos, pero claramente limita la posibilidad de avanzar más”. También subrayó la magnitud del mercado potencial: “Estamos hablando de un entendimiento que abarcaría a unos 700 millones de personas y un PBI conjunto de más de 22 billones de dólares”. Y puso el foco en los tiempos: “El tema salió del campo político y pasó al judicial, y eso siempre lleva más tiempo. La justicia es lenta en cualquier parte del mundo”. Sobre la estrategia comercial, fue tajante: “Nos preocupa que la ideología pese más que el mercado. El agro necesita libertad para hacer negocios con la mayor cantidad de países posible”.
Paraguay: perfil exportador y ventana para proteínas
Por su parte, el ex ministro de Agricultura y Ganadería de Paraguay, Marcos Medina destacó -también en el ciclo radial Chacra Agro Continental- el sesgo exportador paraguayo y las oportunidades en carnes, miel y lácteos. “Siete de cada diez dólares que produce y exporta Paraguay provienen de la agroindustria”, señaló, al tiempo que remarcó el tamaño del mercado europeo. Sobre nichos concretos, enfatizó: “Hay una ventana de oportunidad muy importante para la carne porcina, la avícola, la miel y los lácteos, como el queso”. Mirando el tablero global, resumió: “El mundo necesita alimentos y el Mercosur es la región que puede producirlos”. Y frente a las resistencias europeas, fue optimista: “Europa no es autosuficiente en alimentos y este acuerdo refleja una necesidad. En el mediano plazo, las protestas se van a diluir y la relación comercial va a mostrar beneficios para ambos bloques”.
Uruguay: potencial en alimentos y alerta por competitividad
En tanto, desde Montevideo, el presidente de la Asociación Rural del Uruguay (ARU), Rafael Ferber, describió -en diálogo con Chacra Agro Continental- expectativas cautelosas tras años de idas y vueltas. “Da la sensación de que cuando llegue el momento de resolverlo, puede aparecer algún otro obstáculo”, advirtió, aunque recordó que otros procesos demandaron entre 18 y 24 meses. Sobre los ganadores potenciales, fue concreto: “Son productos en los que daríamos un salto en precio y volumen hacia la Unión Europea, lo que mejora el valor final de todas nuestras exportaciones”. En el frente interno, alertó por el tipo de cambio: “El atraso cambiario termina siendo nuestra forma de retención”.
Desde la Argentina, en tanto, una de las voces que siguió de cerca el proceso es la de Diego Guelar. A sus 75 años y con una extensa trayectoria pública —fue embajador en Estados Unidos, China y Brasil, además de diputado nacional, periodista y autor de varios libros— el diplomático destacó la relevancia estratégica del entendimiento entre ambos bloques, al subrayar en Chacra TV, que el acuerdo representa una oportunidad histórica para fortalecer la inserción internacional del país y diversificar mercados en un contexto global cada vez más competitivo.
En esa línea, consideró que el tratado no solo tiene implicancias comerciales, sino también geopolíticas, al vincular de manera más profunda a Sudamérica con uno de los polos económicos más importantes del mundo. Y por ello, expresó preocupación por la nueva postergación derivada de la decisión del Parlamento Europeo. Desde su perspectiva, la demora prolonga un proceso que ya lleva más de dos décadas de negociaciones y posterga beneficios potenciales para sectores clave de la economía argentina, en especial la agroindustria y las cadenas de valor vinculadas a alimentos.