El aumento del contrabando de huevos en las regiones norte y noreste de Argentina encendió las alarmas de los productores avícolas y las autoridades nacionales. No caben dudas: ya dejó de ser un problema marginal para convertirse en una amenaza real que afecta tanto a la industria avícola como a la salud de la población.
Este fenómeno, que atraviesa fronteras y evade controles, ha movilizado a productores, autoridades y organismos de fiscalización en un esfuerzo conjunto para combatirlo.
En una reunión clave, el presidente de la Cámara Argentina de Productores e Industrializadores Avícolas (CAPIA), Dr. Javier Prida expresó su preocupación por el impacto del contrabando en la industria avícola y en las arcas públicas, pero enfatizó aún más el riesgo sanitario: “Nos preocupa en sobremanera el peligro que implica el ingreso de mercadería ilegal, tanto para la población como para nuestras aves “.
Una amenaza sanitaria latente
Uno de los mayores peligros asociados al ingreso ilegal de huevos es el desconocimiento sobre su origen, calidad y condiciones de almacenamiento. Consumir huevos en mal estado puede provocar enfermedades graves, como la salmonelosis, una infección bacteriana que se transmite por alimentos contaminados y puede causar síntomas como fiebre, vómitos, diarrea y deshidratación. Las intoxicaciones alimentarias por salmonella representan una de las principales causas de enfermedades transmitidas por alimentos a nivel mundial.
Además, el almacenamiento inadecuado durante el transporte puede acelerar el deterioro de los huevos, aumentando el riesgo de infecciones. La listeriosis, aunque menos frecuente, es otra enfermedad vinculada al consumo de huevos en mal estado y puede ser especialmente peligrosa para embarazadas, recién nacidos y personas con sistemas inmunitarios debilitados.
Coordinación para frenar el avance
Frente a esta problemática, CAPIA trabaja codo a codo con el Servicio Nacional de Sanidad y Calidad Agroalimentaria (SENASA). El objetivo es reforzar los controles en puntos críticos de ingreso y distribución de productos ilegales, así como concientizar a los consumidores sobre los riesgos de comprar huevos de dudosa procedencia.
“Los productos ilegales están llegando hasta 600 kilómetros dentro del territorio nacional, lo que demuestra la magnitud del problema”, señaló Prida. Por ello, se están desplegando operativos de fiscalización en rutas, mercados y puntos de venta, con la intención de frenar el avance del contrabando y proteger tanto a los productores locales como a los consumidores.
Una lucha que necesita compromiso colectivo
Además del riesgo sanitario, el contrabando tiene un impacto devastador en la economía formal. Los productores avícolas locales, que cumplen con estrictas normativas de calidad y sanidad, ven amenazados sus ingresos frente a la competencia desleal de productos ilegales que no pagan impuestos ni respetan los estándares establecidos.
El combate al contrabando de huevos requiere también de la responsabilidad de los consumidores, quienes deben priorizar la compra de productos en puntos de venta autorizados. En este contexto, el llamado es a reforzar el compromiso colectivo para proteger la salud pública y fortalecer la economía formal, cerrando el paso a un negocio ilegal que pone en riesgo el bienestar de todos.
El contrabando de huevos es un recordatorio de cómo un problema aparentemente aislado puede tener consecuencias profundas. Frenarlo no solo es necesario, sino urgente.