El viento cálido de mayo no trajo alivio a las comunidades de la República Dominicana; trajo, en cambio, el eco de los llantos fúnebres.
En un lapso de apenas treinta y un días, el territorio nacional se convirtió en el escenario de una descarnada secuencia de violencia de género que segó la vida de al menos ocho mujeres de manera oficial, dejando al descubierto la vulnerabilidad extrema que enfrentan las ciudadanas en sus propios entornos afectivos.
El repunte criminal, caracterizado por la saña de los ataques y la recurrencia del patrón de homicidio-suicidio, desbordó las estadísticas y obligó a las más altas instancias del Estado a declararse en una situación de alerta institucional ineludible.
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El goteo de sangre comenzó temprano. El 3 de mayo, la juventud y las aspiraciones de Diana Elena Evangelista, de apenas 18 años, quedaron sepultadas bajo el peso de la violencia en el sector de Villa Duarte, en Santo Domingo Este. Su cuerpo fue hallado con múltiples heridas cortopunzantes.
Horas más tarde, la rápida intervención policial culminó con la captura del presunto responsable, Erick Daulin Urbáez Farcón, un joven cuya detención abrió formalmente la bitácora de un mes que pasaría a la historia contemporánea dominicana como uno de los más letales para la población femenina.
Apenas tres días después, el 6 de mayo, la tragedia golpeó por partida doble en el Gran Santo Domingo, desnudando un alarmante componente institucional: la implicación de miembros de los cuerpos de seguridad. En el sector Barrio Nuevo de Las Caobas, en Santo Domingo Oeste, Yessika Álvarez Jiménez, de 26 años, fue ejecutada a tiros por su propia pareja, Railin de la Rosa Moquete, sargento activo de la Policía Nacional.
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De forma casi simultánea, en Los Frailes, Santo Domingo Este, la joven Nikaury Alicia Heredia Taveras, de 27 años, expiraba en una cama de hospital tras batallar durante jornadas agónicas contra las heridas de bala que le propinó su compañero sentimental, Adonis Pimentel, un raso de la misma institución policial.
La geografía del dolor se extendió rápidamente hacia el este profundo. El 7 de mayo, la comunidad de La Higuera, en la provincia de El Seibo, fue testigo de un crimen que las organizaciones feministas catalogaron inmediatamente como un acto de saña desmedida.
Providencia Marte falleció tras ser rociada con gasolina y prendida fuego por su pareja. Las llamas no solo extinguieron su vida de forma atroz, sino que encendieron la indignación colectiva. Aunque el sospechoso fue arrestado y puesto a disposición judicial, el ensañamiento del caso dejó una cicatriz imborrable en el imaginario social.
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El patrón destructivo del homicidio-suicidio
A mediados de mes, los agresores comenzaron a replicar un patrón destructivo que anula cualquier posibilidad de rendición de cuentas inmediata: matar y luego quitarse la vida. El 11 de mayo, en la pacífica localidad de Ojo de Agua, en Salcedo, provincia Hermanas Mirabal, Rómulo Rafael Almánzar interceptó a su pareja, Alfania Manuela Hernández, de 29 años, y la asesinó a tiros antes de volver el arma contra sí mismo y suicidarse en la escena del crimen.
Las autoridades que levantaron ambos cadáveres solo pudieron certificar el cierre expedito de un caso judicial por la muerte del victimario, pero la fractura familiar ya era permanente.
Dos días después, el 13 de mayo, la escena volvió a calcarse en Alma Rosa I, Santo Domingo Este. Esmeralda Moronta de los Santos, de 33 años, fue perseguida en plena vía pública y atacada a balazos por su expareja, Omar Tejeda Guzmán, de 48 años, quien posteriormente se suicidó.
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Este caso en particular encendió la indignación de los allegados, pues se confirmó que Moronta había interpuesto denuncias previas por hostigamiento. Los papeles, las restricciones teóricas y las promesas de seguridad burocrática se disolvieron ante la determinación letal del agresor.
La penúltima víctima identificada de esta fatídica cronología fue Indhira Carolina Beltré, de 33 años, asesinada el 17 de mayo en el sector La Toronja, también en Santo Domingo Este. Su expareja, Camilo Rodríguez, de 52 años, utilizó un arma blanca para agredirla mortalmente dentro de su propia residencia.
Cuando el mes parecía expirar, la violencia machista asestó su golpe más cruento en el polo turístico de Verón-Punta Cana, provincia La Altagracia. La noche del 30 de mayo, Yuri Ernestina Zapata Pichardo, una mujer de 40 años, fue atacada salvajemente con un machete en un episodio de barbarie extrema.
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El principal sospechoso, su expareja Leandro Almonte Lantigua, emprendió la huida inmediatamente después de cometer el hecho. La División de Investigación Criminal (DICRIM) desplegó operativos de rastreo y revisó minuciosamente las cámaras de seguridad locales, emitiendo una orden de captura internacional mientras la comunidad marchaba exigiendo justicia en las calles.
A estos siete nombres se suman otros casos que aún no se han dado a conocer públicamente en su totalidad o que permanecen bajo estricta investigación y proceso de reclasificación por parte de los patólogos forenses.
El Ministerio Público y el Observatorio de Justicia y Género del Poder Judicial señalaron que la cifra acumulada en los primeros dos trimestres del año ya supera la veintena de mujeres asesinadas por razones de género, proyectando un panorama desolador que sitúa el total oficial por encima de los 27 feminicidios hasta el cierre de mayo.
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