El Ministerio Público de República Dominicana puso en marcha la Operación XL526 contra una red criminal que, según la Procuraduría General de la República Dominicana, extorsionaba, chantajeaba y estafaba a residentes en Estados Unidos desde Jacagua, en Santiago, para obtener fondos que luego eran canalizados en maniobras de lavado de activos; la ofensiva dejó 20 personas arrestadas y derivará en presentaciones judiciales en las próximas horas.
La investigación, de acuerdo con la Procuraduría General de la República Dominicana, incluyó 28 allanamientos ejecutados en Santiago y Puerto Plata por un equipo de 35 fiscales.
Entre los detenidos hay cinco cabecillas, seis integrantes identificados de la estructura y otras ocho personas apresadas con fines de investigación, mientras las autoridades persiguen a otro hombre vinculado al caso.
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La operación fue coordinada por la Dirección General de Persecución y la Fiscalía de Santiago, según la Procuraduría General de la República Dominicana.
También participaron la Dirección de Área de Investigación de Crimen Organizado, el Departamento Especial de Investigación de Delitos Trasnacionales de la Policía Nacional, HSI Santo Domingo, la Dirección Central de Prevención de la Policía Nacional y la Fuerza de Tarea contra el Crimen Organizado.
La red operaba desde Jacagua y apuntaba a víctimas en Estados Unidos
La estructura tenía su base operativa en el municipio de Jacagua, provincia de Santiago. La entidad oficial sostuvo que se trataba de una organización de carácter internacional integrada por personas con dominio del inglés y uso de herramientas tecnológicas para ejecutar las maniobras ilícitas.
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El mecanismo, de acuerdo con la investigación oficial, comenzaba con la captación de víctimas mediante anuncios publicitarios. Después, las personas eran sometidas a extorsión y chantaje con un guion previamente estructurado por los cabecillas.
La Procuraduría General de la República Dominicana indicó que los imputados se hacían pasar, por medios tecnológicos, por supuestos miembros de organizaciones criminales como el denominado “Cartel de Sinaloa”. Con esa identidad falsa, exigían dinero a las víctimas y les enviaban imágenes de crímenes horrendos para intimidarlas.
Ese es el núcleo del caso: una red asentada en Santiago contactaba a residentes en Estados Unidos, los amenazaba con identidades criminales ficticias y obtenía dinero por coerción, según la Procuraduría General. Luego, esos fondos eran movilizados por distintos canales para dificultar su rastreo.
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Las autoridades identificaron a los presuntos cabecillas y los delitos investigados
Durante la operación fueron arrestados los presuntos cabecillas Carlos José Parra Lantigua, Eliardo Peña Almonte, Renso Darío González Almonte, Josiel Pichardo Cabrera y Walinton Sosa Almonte, según la Procuraduría General de la República Dominicana.
La institución también identificó como miembros de la red a Moisés David Pichardo Aracena, Pedro Antonio Pichardo, Yumeiry Altagracia Cabrera, Danny Rafael Lantigua, Augusto José Reyes y Julio Antonio Peralta del Rosario.
Los integrantes de la red serán presentados ante la Oficina Judicial de Servicios de Atención Permanente de Santiago en las próximas horas, de acuerdo con la Procuraduría General de la República Dominicana. La investigación les atribuye presunta vinculación con crímenes y delitos de alta tecnología, asociación de malhechores, estafa, extorsión, chantaje, obtención ilícita de fondos, enriquecimiento ilícito, lavado de activos, distribución de sustancias controladas y uso de armas de fuego.
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La Procuraduría General de la República Dominicana sostuvo que los fondos obtenidos eran canalizados mediante criptomonedas como Bitcoin, transferencias electrónicas, transferencias espejo y depósitos a través de empresas remesadoras y plataformas de pago.
En la mayoría de los casos, añadió la institución, las transacciones se hacían a favor de terceros identificados por la investigación para dificultar la trazabilidad del dinero y encubrir su origen ilícito.
La investigación sostiene que la red captaba jóvenes y provocaba daños psicológicos en las víctimas
La ostentación de bienestar económico por parte de los integrantes de la organización incentivaba la incorporación de nuevas personas, sobre todo jóvenes de Santiago de los Caballeros y municipios cercanos, según la Procuraduría General de la República Dominicana. La institución afirmó que esa exhibición de recursos formaba parte del entorno de expansión de la estructura.
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Las autoridades también señalaron que los imputados empleaban mecanismos de intimidación y coacción que causaban afectaciones psicológicas graves en las víctimas.
Las amenazas provocaban temor, sufrimiento y perturbación emocional tanto en quienes recibían directamente la presión como en sus familiares, con impacto en su estabilidad personal y su calidad de vida.