Senado dominicano evaluaría regulación para destinar bienes incautados a protección de mujeres víctimas de violencia

La propuesta legislativa contempla que una fracción de los fondos proveídos por la incautación de bienes sea asignada a políticas implementadas para el resguardo y apoyo de sobrevivientes, ante el alza de casos de agresión registrada en el país

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El funcionario expone al Senado qe combate a la violencia de género requiere presupuesto, no solo discursos. "El compromiso es legislar para prevenir y proteger. Pasemos de los minutos de silencio a las garantías de justicia.", expuso.

La asignación de recursos públicos para enfrentar la violencia de género en República Dominicana atraviesa una etapa de revisión tras la denuncia de que solo 0.5% del presupuesto de la Procuraduría General de la República se dedica a la protección de mujeres víctimas de agresiones, una proporción considerada insuficiente por el senador Pedro Catrain Bonilla.

El senador de la provincia Samaná anunció que presentará ante el Senado de la República un proyecto de ley para que el 10% de los fondos recaudados por bienes incautados, decomisados y en extinción de dominio, bajo la Ley 60-23, se destine a políticas de protección y acompañamiento para mujeres sobrevivientes de violencia.

La constatación de esta brecha presupuestaria se produce en un contexto marcado por asesinatos reiterados de mujeres a manos de sus parejas, una situación que el legislador describe como pandémica y escandalosa. En los primeros tres meses del año, el Ministerio Público registró 17.552 denuncias de violencia de género, según declaraciones de Catrain Bonilla.

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Con esta iniciativa, se busca fortalecer las herramientas estatales para la atención integral de las víctimas. Entre las medidas previstas figura la creación de casas de acogida donde se brinde asistencia psicológica y legal, y la implementación de unidades de respuesta inmediata ante situaciones de peligro.

Indignación entre representantes legislativos por la escasez de fondos que complica la asistencia a afectadas, mientras se presentan nuevas propuestas parlamentarias de reasignación y respaldo institucional múltiple (Foto cortesía Senado)

Catrain Bonilla remarcó que el mayor volumen de denuncias proviene del entorno familiar de las víctimas, lo que resalta la urgencia de una respuesta estatal que enfatice la prevención y la intervención temprana. Afirmó que una política efectiva requiere recursos: “no más compromisos sin presupuesto”, advirtió, y cuestionó la costumbre de aplicar soluciones solo después de cada tragedia.

El senador describió como alarmante el saldo de 22 mujeres asesinadas por sus parejas sentimentales únicamente en el primer trimestre, rechazando la resignación ante el crecimiento de estas cifras. Su pronunciamiento fue enfático: “Esmeralda Moronta y Carolina Beltré no son una estadística más, son vidas arrebatadas, una familia rota, una familia destruida. No más nombres en la lista”.

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El anuncio detalla que el senador Pedro Catrain Bonilla, vicepresidente del Senado y representante de Samaná, impulsará una ley que destine el 10% de los fondos provenientes de bienes en extinción de dominio a políticas públicas de protección para mujeres víctimas de violencia. La propuesta surge a partir de las 17.552 denuncias de violencia de género y el asesinato de 22 mujeres en tres meses, cifras que exhiben una crisis nacional y fundamentan la urgencia de la decisión.

La iniciativa legislativa cuenta con respaldo multipartidista: las senadoras Aracelis Villanueva (San Pedro de Macorís) y Ginette Bournigal (Puerto Plata) solicitaron ser coproponentes del proyecto, de acuerdo con el Listín Diario.

Vista de una sesión del Senado dominicana, en Santo Domingo (República Dominicana), en una fotografía de archivo. EFE/ Orlando Barría

Catrain Bonilla anticipó la convocatoria a la Procuraduría, el Ministerio de Interior y Policía, otras dependencias estatales y representantes de la sociedad civil, con el objetivo de recibir aportes al proyecto y modificar la estructura presupuestaria vigente. Las medidas previstas incluyen la educación en escuelas, la creación de casas conductuales para hombres sometidos a procesos por feminicidio y la prevención activa.

Según el legislador, la meta es que en 2026″no termine con más madres llorando a sus hijas, que no tengamos que volver a pronunciar más nombres en esta lista", defendiendo que la intervención temprana respaldada por presupuesto puede significar la diferencia entre la vida y la muerte para las mujeres dominicanas.

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