Durante los primeros tres meses de 2026, se registran 22 feminicidios en la República Dominicana, según la Dirección Nacional Contra la Violencia de Género.
El 86 % de las víctimas no había presentado denuncias previas contra sus agresores, lo que refuerza las dificultades para una intervención temprana y la persistencia de la impunidad en estos casos letales.
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El análisis revela que el Distrito Nacional y la provincia de Santo Domingo concentran el 41 % de los feminicidios reportados, sumando cinco y cuatro casos respectivamente.
La mayoría de las víctimas tenía entre 18 y 35 años, franja etaria que predomina también entre los victimarios. De las mujeres asesinadas, 21 eran dominicanas y una de nacionalidad haitiana, según datos publicados por Listín Diario.
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El patrón de los crímenes indica que los ataques se produjeron principalmente entre las 6:00 am y las 11:00 pm, con una marcada concentración los domingos, día en que ocurrieron 10 feminicidios. Las armas blancas y de fuego fueron los medios más utilizados para cometer estos delitos.
Según la Dirección Nacional Contra la Violencia de Género, el 54,55 % de los responsables permanece bajo arresto.
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En cuanto a la relación entre víctima y victimario, en doce casos el agresor era la pareja y en ocho, la expareja. Provincias como San Cristóbal, La Altagracia y San Pedro de Macorís registraron dos feminicidios cada una, mientras que Santiago, Duarte, Espaillat, Dajabón, El Seibo, San José de Ocoa y Sánchez Ramírez sumaron uno por demarcación.
Más de 17,000 denuncias por violencia y delitos sexuales
En el mismo periodo, la República Dominicana contabilizó más de 17,000 denuncias por violencia de género, intrafamiliar y delitos sexuales. El primer boletín estadístico de 2026, publicado por la Dirección Nacional Contra la Violencia de Género, revela la persistencia y magnitud del problema, con especial alerta sobre la violencia en relaciones íntimas recientes y el perfil de los agresores y víctimas.
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Las autoridades emitieron 7,644 órdenes de protección provisionales y solo 2,234 se transformaron en medidas formales por parte de los tribunales.
Además, 305 hombres fueron atendidos en los Centros de Intervención Conductual del Distrito Nacional y 1.086 mujeres recibieron asistencia en el Centro para Sobrevivientes de Violencia. Estas cifras reflejan una demanda creciente de apoyo legal, emocional y medidas de protección, tanto para víctimas como para agresores.
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Santo Domingo, centro de la problemática
La provincia de Santo Domingo lidera los registros con 5.766 denuncias en el primer trimestre, según la Dirección de Inteligencia de Datos e Indicadores de Gestión. La violencia intrafamiliar representa el 52.49 % del total, mientras que el 89.43 % de los reportes está vinculado a violencia de género y familiar, y el 10,57 % a delitos sexuales.
El comportamiento semanal muestra un incremento de denuncias los lunes (31 %) y martes (20 %), lo que evidencia una acumulación de incidentes durante los fines de semana. El grupo de 18 a 35 años se identifica como el más vulnerable y también el de mayor perpetración. En el 49 % de los casos, el agresor es una expareja, seguido por la pareja actual (18,25 %).
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El perfil demográfico señala que los hombres son los principales agresores y las mujeres, las principales víctimas, reafirmando el componente de género en la violencia reportada. El informe insiste en la necesidad de fortalecer las estrategias de prevención y protección, ya que la mayoría de los casos no había sido denunciada previamente.
Respuesta estatal y retos pendientes
Durante el primer trimestre de 2026, la Dirección Nacional contra la Violencia de Género gestionó la emisión de miles de órdenes de protección y atendió 2,853 interacciones a través de la Línea Vida, de las cuales 1,860 fueron solicitudes de información y orientación. El Centro de Atención a Sobrevivientes de Violencia asistió a más de mil mujeres, lo que evidencia la urgencia de ampliar recursos y fortalecer políticas públicas.
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La directora, Ana Andrea Villa Camacho, sostiene que el objetivo institucional es consolidar una respuesta estatal mediante atención integral, investigación y persecución penal, garantizando servicios de calidad para las víctimas.
Entre las acciones implementadas destacan la supervisión interna, el impulso de alianzas interinstitucionales, el uso de análisis estadístico para la toma de decisiones y la capacitación del personal. La Unidad de Trabajo Social acompaña y realiza seguimiento de los casos, consolidando una red de apoyo que aspira a una justicia más eficiente y centrada en las víctimas.
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La realidad reflejada en estos datos exige la revisión y el fortalecimiento continuo de las estrategias de prevención y protección, en un contexto donde la mayoría de las víctimas de feminicidio no había accedido previamente a los canales institucionales disponibles.