El agravamiento de la violencia en República Dominicana ha generado una alerta en las instituciones públicas. La procuradora general, Yeni Berenice Reynoso, advirtió que la situación está minando las bases del desarrollo económico y ahuyentando la inversión extranjera, factores considerados determinantes para el progreso del país.
Durante una conferencia en la Universidad Autónoma de Santo Domingo, Reynoso propuso la firma de un Pacto de Estado contra la violencia. Según informó Listín Diario, la magistrada sostuvo que la crisis de convivencia social ha superado la capacidad de respuesta del sistema judicial y que la respuesta debe ir más allá de los enfoques punitivos tradicionales. “Este Pacto de Estado contra la Violencia es una agenda de nación que trascienda los períodos gubernamentales y que involucre a todos los sectores para garantizar el desarrollo económico y la inversión extranjera, los cuales dependen directamente de la seguridad”, afirmó.
Violencia cotidiana y economía del delito
La proliferación de armas de fuego y armas blancas ha incrementado la letalidad de los conflictos sociales más triviales. Reynoso alertó que “cinco de cada 10 homicidios se producen por conflictos sociales: roces de vehículos, discusiones por parqueos, ruidos o deudas mínimas”, una tendencia que transforma disputas menores en tragedias.
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El robo de motocicletas, que representa el 92% de los vehículos sustraídos, junto al hurto de teléfonos móviles y metales, alimenta una economía ilícita difícil de contener solo con castigos individuales. Reynoso advirtió que combatir la demanda es tan necesario como perseguir a los responsables directos.
La procuradora explicó que la violencia expresiva, que convierte incidentes cotidianos en hechos irreversibles, debe abordarse de raíz. La propuesta es fortalecer el sistema educativo para formar ciudadanos capaces de resolver disputas mediante el diálogo.
El peso de la violencia familiar y la urgencia de un pacto social
Según Reynoso, el 34% de los hechos violentos se produce dentro de los hogares, lo que complica cualquier estrategia de reducción de la violencia social. Esta cifra, expuesta durante el foro “Anatomía del Crimen y la Violencia en RD: Radiografía para una transformación necesaria”, revela que el reto no es solo policial, sino familiar y educativo.
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Reynoso solicitó a la Universidad Autónoma de Santo Domingo la realización de un estudio científico que permita mapear con precisión los factores, manifestaciones y variables de la criminalidad en el país. Su objetivo es que las políticas de prevención sean estratégicas, no solo reactivas.
La procuradora concluyó que la seguridad ciudadana debe ser una construcción social que incluya a las instituciones, la familia y la educación. “Necesitamos un modelo de ser humano que esté en condiciones de cumplir con el contrato social”, reclamó Reynoso, convencida de que la paz social es el fundamento para cualquier proyecto de desarrollo en República Dominicana.
Transformaciones en la criminalidad y nuevas amenazas
La procuradora analizó que la criminalidad organizada ha consolidado mercados ilícitos específicos, mientras la sociedad dominicana enfrenta una crisis de convivencia que afecta múltiples ámbitos. “Una sociedad aterrada por la criminalidad difícilmente puede consolidar su estado de derecho o atraer la inversión extranjera necesaria para la prosperidad”, recalcó Reynoso.
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El fenómeno del narcotráfico ha mutado en los últimos años. Reynoso explicó que decisiones políticas en países sudamericanos y la modernización de los aeropuertos de Santiago y Santo Domingo han forzado a las redes criminales a desplazar sus operaciones hacia las costas nacionales, afectando en particular a las provincias de Pedernales, Baní y Barahona.
La magistrada subrayó la insuficiencia de una respuesta exclusivamente judicial: la acción de la justicia casi siempre llega después de los hechos, por lo que se requiere una política preventiva y estructural. “La seguridad no es una fotografía del momento, es un proceso permanente”, enfatizó, señalando la necesidad de intervenir antes de que los mercados criminales fortalezcan su arraigo.