La República Dominicana estrenó un reglamento que transforma el sistema de compras estatales, bajo el marco de la Ley 47-25, con el objetivo central de fortalecer la transparencia, la eficiencia y la inclusión social en la gestión de los recursos públicos. Según informó Presidencia.gob.do, la normativa reemplaza al esquema anterior y busca que cada peso invertido por el Estado esté debidamente justificado, bajo reglas claras y verificables.
De acuerdo con la entidad política, el reglamento introduce mecanismos digitales que permiten auditar y trazar en tiempo real todos los procesos de contratación. Las plataformas digitales de supervisión refuerzan los controles y limitan los espacios para la corrupción o el manejo discrecional de los fondos públicos.
El alcance de la ley también se amplía, involucrando al Poder Legislativo, el Poder Judicial en su función administrativa, órganos autónomos, fideicomisos públicos y empresas estatales de participación mayoritaria.
Nuevos principios y modalidades para una contratación pública más inclusiva y ágil
La norma incorpora ahora 21 principios rectores que guían la actuación de las instituciones, incluyendo:
- La imparcialidad
- La sostenibilidad
- La inclusión
- Planificación
- Promoción de la producción nacional.
El respectivo reglamento introduce nuevas modalidades como los convenios marco, las licitaciones abreviadas, las compras conjuntas y una Tienda Virtual para adquisiciones menores, lo que busca simplificar y agilizar los procedimientos administrativos.
Uno de los ejes del nuevo marco es la promoción de la inclusión y el desarrollo económico. El 30% de las contrataciones públicas estará reservado para micro, pequeñas y medianas empresas (MIPYMES), y un 10% de ese total se destinará específicamente a empresas lideradas por mujeres.
Además, se flexibilizan los requisitos fiscales y se establecen incentivos para pequeñas firmas proveedoras, con el propósito de ampliar la base de participantes en los concursos estatales.
El reglamento endurece el régimen sancionador y prevé castigos administrativos, penales y económicos para funcionarios y empresas que incurran en violaciones. Las sanciones incluyen multas, inhabilitaciones y penas de prisión para quienes vulneren las disposiciones.
La Dirección General de Contrataciones Públicas obtiene mayores facultades de supervisión y sanción, y se exige la profesionalización de las áreas de compras estatales mediante capacitación obligatoria de los servidores públicos.
La ley también incorpora criterios de sostenibilidad y responsabilidad corporativa, exigiendo que las compras públicas consideren factores sociales, medioambientales e innovación. El nuevo marco alinea a la República Dominicana con estándares internacionales de gobernanza y transparencia y, de acuerdo con Presidencia.gob.do, “apunta a que las contrataciones respondan al interés general”.
¿Qué es la Ley 47-25?
La Ley 47-25 es la normativa que regula las contrataciones públicas en República Dominicana. Su objetivo principal es establecer el marco legal para la adquisición de bienes, servicios y obras por parte de las instituciones estatales, garantizando procesos transparentes, competitivos y alineados con el interés general.
Esta ley define los principios, procedimientos y requisitos que deben cumplir los organismos públicos al realizar compras y contrataciones, asegurando la correcta administración de los recursos públicos y promoviendo la participación de diversos actores económicos en los procesos estatales.
El nuevo reglamento que la acompaña refuerza la transparencia con controles digitales, amplía la inclusión al reservar cuotas para MIPYMES y empresas lideradas por mujeres, y endurece las sanciones para quienes incumplan las disposiciones, contribuyendo a una gestión pública más eficiente y responsable.