Una denuncia penal contra el intendente de Caraguatay, Mario Darío Peyer, por abuso con acceso carnal y amenazas, sacudió la política de Misiones. Lo denunció una empleada del Concejo Deliberante local, de 31 años, a raíz de dos episodios que afectaron a su integridad sexual.
La empleada municipal denunció que los episodios de acoso comenzaron el 8 de julio de 2025. Ese día, Peyer la convocó a su despacho con el argumento de hablar sobre una sesión del Concejo Deliberante. Ella relató que el funcionario buscó contacto físico, lo que la incomodó hasta retirarse.
El hecho central sucedió después, el 4 de septiembre de 2025. En el relato, Peyer llegó con una caja de bombones por el Día de la Secretaria, la arrinconó en la oficina, le cerró el paso y, pese a la resistencia de la mujer, la agredió físicamente e interpuso violencia sexual.
Luego, el intendente asistió a la sesión del Concejo Deliberante y se sentó junto a la víctima. “Ese día empezó a tocarme por debajo de la mesa. Yo me corrí para evitar la situación y la presidenta del Concejo le llamó la atención sin saber lo que había ocurrido días antes”, rememoró.
La víctima también afirmó en su declaración que posteriormente el intendente la amenazó con quitarle el trabajo y facilitar el traslado de su pareja, que trabaja como policía, si relataba el episodio. “Me dijo que eso es lo que a él le gusta”, figura textualmente en el expediente.
Además, la mujer denunció una escalada de conductas intimidatorias. Narró que semanas después, durante una sesión del Concejo Deliberante, Peyer se sentó a su lado y le realizó tocamientos por debajo de la mesa, lo que motivó el llamado de atención de la presidenta del cuerpo.
Ya con la investigación en marcha, la denunciante informó nuevos episodios: el intendente habría realizado gestos amenazantes hacia su hija de 11 años desde una camioneta oficial, episodio registrado cuando la niña jugaba en una plaza.
El juzgado de Instrucción N° 1 de Puerto Rico, a cargo de Manuel Balanda Gómez, ordenó este miércoles a varios allanamientos en dependencias municipales y el domicilio del funcionario, además de una restricción de contacto con la víctima.
El impacto de la denuncia se evidenció en la decisión del gobernador de Misiones, Hugo Passalacqua, de involucrarse directamente en el escándalo de Caraguatay, localidad del departamento Montecarlo, ubicado cerca de Eldorado y a 178 kilómetros de Posadas.
“Ante la grave denuncia por abuso sexual radicada en el Juzgado de Instrucción Nº 1 de Puerto Rico, solicito al intendente de Caraguatay, Mario Peyer, que pida licencia en el cargo y se ponga a disposición de la Justicia, a los fines de que la investigación se desarrolle de manera ordenada y transparente”, pidió el mandatario en sus cuentas de redes sociales.
De manera paralela a la declaración de la víctima, el juez Balanda Gómez dispuso allanamientos en la Municipalidad de Caraguatay, la casa del intendente y en oficinas del Concejo Deliberante, así como en una camioneta gris utilizada por Peyer.
El operativo judicial, según replicó el medio Misiones Opina, persigue el secuestro de teléfonos celulares, dispositivos electrónicos y otros elementos que puedan aportar pruebas a la causa.
Actualmente, el intendente no puede ser detenido por contar con inmunidad legal derivada de su cargo electivo. Una eventual prisión preventiva sólo podría concretarse si el Concejo Deliberante aprueba su desafuero. Hasta entonces, sobre Peyer pesa una orden de prohibición de contacto, ya extendida a la familia de la denunciante.
El proceso judicial continúa en etapa de instrucción y se encuentra supeditado a la preservación de pruebas y testimonios, mientras se espera la definición del intendente si se aparta de la función pública.