Mediante la publicación del decreto 122/2026, el Gobierno oficializó la incorporación más de 200 nuevas sustancias consideradas estupefacientes al registro de drogas controladas y amplió de esta manera el alcance normativo sobre el control de drogas y sustancias psicoactivas en el país.
A raíz de un trabajo conjunto entre las Fuerzas de Seguridad Federales, las Policías Provinciales y por la Ciudad de Buenos Aires, con intervención de laboratorios oficiales especializados en análisis químico-forense, se llegó a la conclusión de que era necesario “actualizar el listado de las sustancias individuales que deben ser consideradas estupefacientes’”.
Por tal motivo y en el marco de la lucha contra el narcotráfico que ejecuta el Gobierno, se actualizó el Anexo I que acompaña la reciente medida publicada en Boletín Oficial, respondiendo a la necesidad de adecuar el marco regulatorio argentino a las recomendaciones de organismos internacionales, las fuerzas y autoridades mencionadas en el párrafo anterior y a la evolución del tráfico y consumo de sustancias no contempladas previamente.
La decisión incorporó al listado oficial un total de 254 nuevas sustancias, entre las que se encuentran ocho análogos del fentanilo, once barbitúricos, treinta y cuatro benzodiacepinas, veintisiete cannabinoides semi-sintéticos, cuatro cannabinoides sintéticos, cuarenta y cinco catinonas sintéticas, siete fenidatos, diez fenmetrazinas, tres fenetilaminas, diez lisergamidas, nueve nitacenos, tres opioides sintéticos, dieciséis psicotrópicos, dos compuestos de fenciclidina, una triptamina y sesenta y cuatro sustancias adicionales de diversa clasificación.
El texto emitido este lunes destacó que estas incorporaciones constituyen la mayor ampliación desde la entrada en vigor del Decreto 560/19, el último documento que había sido modificado.
El procedimiento para la actualización partió de un análisis técnico elaborado por especialistas de la Dirección Nacional de Precursores Químicos y del Programa contra las Drogas Sintéticas y el Desvío de Precursores Químicos del país y de la Oficina de las Naciones Unidas contra la Droga y el Delito (ONUDD) para la Región Andina y el Cono Sur. Asimismo, se fundamentó en el artículo 77 del Código Penal y en la Ley 23.737, que establecen el régimen penal de los delitos vinculados a estupefacientes y psicotrópicos.
De acuerdo con el decreto publicado, el criterio central para la inclusión de nuevas sustancias se apoyó en la verificación de su circulación efectiva dentro del territorio nacional, constatada por procedimientos judiciales y datos del Sistema de Alerta Temprana de Nuevas Sustancias Psicoactivas (SAT), puesto en vigencia en abril de 2023.
Al respecto remarcaron que la decisión se apoyó también en la evidencia aportada por “organismos internacionales especializados en el monitoreo global de Nuevas Sustancias Psicoactivas (NSP), entre los que se destacan la Agencia Europea de Drogas (EUDA), el Programa Global SMART de la Oficina de las Naciones Unidas contra la Droga y el Delito (ONUDD), los informes técnicos de la Administración de Control de Droga (DEA) de los Estados Unidos de América y las notificaciones remitidas por los Estados miembros a la Junta Internacional de Fiscalización de Estupefacientes (JIFE)”.
El texto subrayó que la incorporación de estos compuestos se justifica por su potencial de abuso, especialmente en contextos de policonsumo, y por el desvío demostrado desde canales lícitos, como hospitales, farmacias o veterinarias, hacia circuitos ilícitos. Entre las sustancias agregadas figuran tanto nuevos compuestos sintéticos detectados en laboratorios clandestinos como ciertos fármacos sujetos a prescripción médica obligatoria.
“Se incluyen no solo a las Nuevas Sustancias Psicoactivas (NSP) sintetizadas en laboratorios clandestinos sino también a determinados fármacos utilizados en tratamientos terapéuticos”, explican en el documento.
El decreto, que lleva la firma de la ministra de Seguridad Nacional, Alejandra Monteoliva, aclaró que las sustancias seleccionadas presentan relevancia toxicológica por su capacidad de afectar el sistema nervioso central y generar riesgos de dependencia física o psíquica, intoxicaciones agudas, sobredosis, trastornos psiquiátricos o daño neurológico crónico. El listado actualizado contempla tanto sustancias de origen ilícito como medicamentos cuyo uso sin supervisión médica puede derivar en consecuencias adversas para la salud pública.
En este sentido, las autoridades describieron: “El personal especializado consideró de “relevancia toxicológica” a aquellas sustancias que, independientemente de su estatus legal actual o de su origen lícito o ilícito, presentan un potencial neurotóxico, depresor, estimulante, disociativo, alucinógeno o psicoactivo".
La nueva medida actualiza las últimas modificaciones aplicadas a través de los decretos 635 y 1130 de 2024, aumentando en aquel entonces, a un total de 632 sustancias.