La Inspección General de Justicia, el organismo de control societario, solicitó al Ministerio de Justicia de la Nación la designación de veedores en la Asociación del Fútbol Argentino (AFA), que preside Claudio “Chiqui” Tapia, con el fin de acceder a información contable y financiera que, según el organismo, fue requerida y no entregada por la entidad que preside Claudio “Chiqui” Tapia. La medida se formalizó a través de una Resolución Particular firmada por el inspector general Daniel Roque Vítolo, tras detectar “graves irregularidades”.
La solicitud, a la que accedió Infobae, establece una veeduría –no una intervención plena–, centrada en el análisis de los estados contables cerrados al 30 de junio de 2025, la auditoría integral del proceso de creación de la Universidad de la AFA (UNAFA), institución educativa en trámite de creación por la AFA, y la revisión de las relaciones comerciales y financieras de la AFA con empresas y personas vinculadas a la comercialización de derechos y operaciones financieras.
En un comunicado, el Ministerio de Justicia informó en un comunicado que “la IGJ avanza con la solicitud de veedores en la AFA debido a la gravedad de las irregularidades”. La respuesta desde la Asociación del Fútbol Argentino provino del abogado Gregorio Dalbón: “La IGJ puede fiscalizar. Lo que no puede es convertir una facultad de control en una herramienta de presión política”.
La resolución -cuya notificación se hizo a la AFA de manera formal este mediodía- ordena que los veedores “obtener, recabar y compulsar la documentación y/o información solicitada y negada” por la AFA, además de verificar la posible existencia de “otros actos graves que importen la violación de la ley, el estatuto o los reglamentos” de la entidad.
Entre las tareas asignadas se incluye la presentación de un informe sobre los estados contables y financieros cerrados al 30 de junio de 2025. El examen implicará analizar detalladamente cuentas y partidas, y emitir una opinión sobre el cumplimiento de obligaciones impositivas, previsionales y contributivas durante ese ejercicio, considerando tanto la consistencia contable como el comportamiento fiscal de la institución.
La auditoría abarcará toda la documentación relacionada con la creación, puesta en marcha y equipamiento de la Universidad de la AFA (UNAFA), incluyendo operaciones patrimoniales y financieras, adquisición de inmuebles y bienes muebles, contratación de personal directivo y autoridades, y convenios celebrados con universidades u otros terceros. El foco institucional se coloca en la trazabilidad de los fondos utilizados y en la regularidad jurídica de las decisiones adoptadas.
Uno de los puntos más sensibles dentro de la investigación es la revisión de las relaciones comerciales y financieras que mantiene la AFA con la firma TourProdEnter LLC, los empresarios Javier Faroni y Erica Gillette, Sur Finanzas S.A., sus sociedades vinculadas y el denominado Grupo Sur Finanzas, entre ellos el empresario Ariel Vallejo. Los veedores deberán auditar e informar sobre los montos percibidos por TourProdEnter en su carácter de comercializador de derechos de la AFA, las rendiciones de cuentas, las remesas internacionales y los fondos ingresados al país, reconstruyendo el flujo financiero completo de estos acuerdos.
La revisión también abarcará cualquier otra información necesaria para que la IGJ cumpla su función de control, en especial en lo referido al Libro I, Título II, Capítulo 2° del Código Civil y Comercial de la Nación, los artículos de la Resolución General IGJ N° 15/2024 y la Ley 22.315.
Para el cumplimiento de estas funciones, los veedores tendrán facultades amplias para examinar libros societarios, documentación contable, soportes documentales y otros registros vinculados con la misión encomendada.
Vítolo aclaró que la veeduría “no implica sanción ni prejuzgamiento alguno”, sino que forma parte del ejercicio regular de las funciones de fiscalización previstas por ley. Agregó: “No es ninguna interferencia en el manejo y administración de la AFA en ninguno de sus campos de decisión ni actuación. La única finalidad es contar con información completa y verificable para determinar si corresponde adoptar medidas adicionales”.
“Reafirmamos que en la nueva Argentina del presidente Javier Milei no hay privilegios. Todas las asociaciones civiles, sin excepción, deben acatar sus obligaciones legales y contables. Nadie está por encima de la Ley”, sostuvo el funcionario.
Este pedido se formula tras un episodio reciente en el que la IGJ rechazó la pretensión de la AFA de inscribir un cambio de domicilio a la provincia de Buenos Aires. Según Vítolo, el intento de traslado no cumplió con los requisitos legales y, según el organismo, se detectó una sede social falsa, ya que en el lugar declarado se comprobó que la AFA no realiza allí su administración y gobierno.
La IGJ afirmó: “La realidad es la única verdad, y la AFA no ha mudado en realidad su domicilio a la Provincia de Buenos Aires y mantiene hoy su sede social en la calle Viamonte 1366 de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires”. Por lo tanto, la AFA continúa bajo la jurisdicción de la IGJ. Si el cambio de domicilio se hubiera inscrito conforme, la fiscalización habría pasado a la Dirección Provincial de Personas Jurídicas bonaerense, excluyendo a la IGJ. Así, la disputa por la sede define quién ejerce el control institucional.
El proyecto de la Universidad de la AFA (UNAFA), presentado como una apuesta a la profesionalización y formación académica en el ámbito deportivo, supone una expansión institucional. Para la IGJ, el foco está en la regularidad jurídica y financiera del proceso; se auditarán la adquisición de inmuebles, equipamiento, contratación de autoridades y convenios con terceros para verificar que las decisiones se hayan adoptado conforme al estatuto y las normas aplicables a asociaciones civiles.
La relación con TourProdEnter LLC y el Grupo Sur Finanzas representa una de las áreas bajo mayor examen. La comercialización de derechos, ya sean televisivos, publicitarios o de otra naturaleza, representa una de las principales fuentes de ingresos de la AFA. El pedido de detalle sobre montos percibidos, rendiciones de cuentas y remesas internacionales busca reconstruir la arquitectura financiera de esos contratos: interesa no solo cuánto se facturó y cobró, sino también cómo se distribuyeron los ingresos, qué intermediaciones existieron y qué flujo de fondos se canalizó hacia o desde el exterior. El objetivo del organismo de control es determinar si se cumplieron las normas contables, fiscales y estatutarias, mientras que el análisis de estos vínculos podría tensar la relación con actores empresariales de peso.
La designación de los veedores queda ahora en manos del Ministerio de Justicia. Si se concreta, comenzará una etapa de inspección que podría extenderse durante meses y cuyos resultados podrían llevar a nuevas medidas, desde requerimientos adicionales hasta eventuales sanciones si se detectan irregularidades. La AFA, por su parte, decidirá si colabora con la veeduría o si judicializa la medida por considerar que excede las facultades legales del organismo.
Tras la difusión de la solicitud de nombrar veedores en la AFA, el abogado Dalbón afirmó que la entidad "es una asociación civil que aprobó sus estados contables por asamblea, con auditorías externas y cumplimiento impositivo vigente. Si la información fue requerida, se entrega por los canales institucionales. Para eso existen los procedimientos administrativos, no los titulares mediáticos".
“La llamada veeduría no es una sanción. Y si no hay sanción ni prejuzgamiento, entonces tampoco hay “graves irregularidades” probadas. Hay, en todo caso, una revisión en trámite. La IGJ no gobierna la AFA. La fiscaliza dentro de los límites de la Ley 22.315 y del Código Civil y Comercial. No puede reemplazar a la voluntad soberana de una asamblea ni utilizar disputas administrativas (como el domicilio) para ampliar su poder de control".