El Gobierno de Santa Fe dio este martes un paso para descomprimir el conflicto con la Policía provincial tras las protestas registradas en Rosario. En una conferencia de prensa, el ministro de Seguridad, Pablo Cococcioni, aseguró que se habilitó una instancia de diálogo con efectivos que participaron del reclamo, prometió que quienes fueron pasados a disponibilidad “van a salir de esa situación” si se reincorporaban al servicio y afirmó que la seguridad “nunca fue descuidada” durante los días de tensión. A su turno, el ministro de Economía confirmó que el personal de seguridad armado no cobrará por debajo de la canasta básica.
“En ningún momento nos negamos a dialogar”, sostuvo Cococcioni al iniciar su exposición. Según explicó, la condición que puso el Ejecutivo para abrir la negociación fue la recuperación de niveles mínimos de patrullaje y presencia policial. “Para sentarnos a dialogar pedimos que se restablezcan niveles razonables de patrullaje y presencia policial en la zona urbana”, afirmó.
El ministro detalló que, aun en el marco del conflicto, la operatividad policial osciló “entre el 80 y el 90 por ciento” en los días previos y que se consolidó “en un 90 por ciento” desde las 22 del lunes, tras el último cambio de guardia. En ese contexto, precisó que en Rosario hubo “no menos de cien móviles”, “ciento cuarenta caminantes” y entre “cincuenta y sesenta móviles de fuerzas federales”, en un esquema coordinado con el Ministerio de Seguridad de la Nación.
Con ese cuadro, Cococcioni indicó que el Ejecutivo retomó contactos con referentes del reclamo y los convocó a la sede de Gobierno. “Procedimos a entablar contacto con una serie de referentes y delegados del personal que se estaba manifestando. Fueron convocados a la sede de gobierno, donde fueron atendidos por mí en forma conjunta con el ministro de Economía”, dijo.
En relación con las sanciones administrativas, el titular de Seguridad hizo un llamado público a los efectivos que aún no retomaron tareas. “Quiero públicamente instar a que quienes hubieran sido objeto de medidas administrativas, tal como está siendo notificado en este momento, ya se presenten, tomen el arma, tomen el chaleco y de inmediato se reintegren al servicio ordinario”, expresó. Y agregó: “Esto va a implicar que en lo inmediato van a salir de la situación de disponibilidad en la que habían sido preventivamente colocados”.
Sobre el contenido del reclamo, Cococcioni sostuvo que, con el correr de los días, se concentró en una cuestión salarial. “El planteo central fue que aun quien está en la jerarquía más baja, quien no tiene antigüedad y no cumple funciones que generen suplementos, se aproxime a lo que se llamaría la canasta básica”, explicó. En ese marco, remarcó que el Ejecutivo consideró atendible el fondo del pedido. “El reclamo en el fondo es correcto, aceptable y admisible. No se planteó ninguna medida irrazonable”, afirmó.
El ministro también señaló que el Gobierno evaluó una política salarial diferenciada para las fuerzas de seguridad. “Si tenemos que hacer un esfuerzo mayor para reconocer de manera diferenciada al personal de seguridad por sobre el resto de la administración pública, entendemos que eso es correcto”, dijo, y vinculó esa definición con la carga horaria y el nivel de exigencia que enfrentó la fuerza en los últimos años.
En la misma conferencia, el ministro de Economía reforzó ese mensaje y puso cifras como referencia. “Todo aquel que porta un arma, que tiene una alta carga horaria de cuarenta y ocho horas o más, va a tener un ingreso que no va a ser inferior a la canasta básica para un hogar tipo”, afirmó. Recordó que ese indicador lo publica mensualmente el INDEC y señaló que el dato correspondiente se conocía ese mismo día.
Economía también hizo foco en la situación del personal subalterno. “Escuchamos las inquietudes, especialmente el problema del personal de los rangos inferiores. Son hogares que se nutren principalmente del ingreso de la función policial”, explicó, y vinculó el reclamo con la carga horaria y el estrés acumulado.
El Gobierno sigue de cerca el conflicto
El Gobierno nacional amplió la cobertura de las fuerzas federales en la provincia de Santa Fe, tras las protestas e incidentes de la policía local por demandas salariales, lo que dejó sin patrullaje policial varias calles de la región.
“Nosotros acompañamos el esfuerzo de seguridad de cada una de las provincias. Desde la mañana del día de hoy (por el martes) hemos ampliado esas zonas. Estamos patrullando con las cinco fuerzas federales distintas zonas de la ciudad de Rosario”, aseguró anoche Monteoliva, en entrevista con el canal LN+.
La funcionaria reveló que en las últimas horas mantuvo una comunicación constante con el ministro de Seguridad provincial y el gobernador Maximiliano Pullaro, a raíz de la crisis de seguridad, y que se “abrió un canal de diálogo” entre las autoridades locales y los manifestantes.
Las declaraciones ocurrieron tras un día de silencio oficial mientras las manifestaciones policiales, que comenzaron el lunes en Rosario, se extendieron el martes a otras ciudades, generando inquietud entre la población por la falta de efectivos.
Monteoliva remarcó: “De ninguna manera vamos a compartir, apoyar y a defender una huelga. Podemos entender, y todos sabemos que los reclamos son genuinos. Los reclamos están fundados, y la discusión es válida. Lo que no puede ser válido es una huelga cuando se trata de fuerzas de seguridad”.
El contexto de la protesta incluye bajos salarios entre los agentes y un aumento en los suicidios dentro del cuerpo policial, según manifestó el vocero Gabriel Sarla, quien advirtió que los sueldos no alcanzan para cubrir los gastos mensuales. El Ministerio de Seguridad nacional reiteró que el despliegue federal permanece activo en el distrito bajo el “comando unificado” del plan Bandera y confirmó contactos con autoridades locales hasta última hora del martes.
La protesta policial inició el lunes con una manifestación frente a la Jefatura de Policía, donde agentes y personal penitenciario, junto a familiares, se acuartelaron. Tras varias horas, fueron desalojados, pero el martes retomaron la protesta con una caravana de patrulleros haciendo sonar sirenas y cortando calles con neumáticos encendidos.
Las manifestaciones se expandieron a las ciudades de Santa Fe, Rafaela, Reconquista, Vera, San Lorenzo, Casilda, Recreo, Santo Tomé, San Javier y Avellaneda, donde se repitieron los acuartelamientos. El ministro de Justicia y Seguridad provincial, Pablo Cococcioni, informó en conferencia de prensa que al menos veinte agentes serán separados temporalmente de sus funciones por “atentar contra el servicio de seguridad”.
El Ministerio Público de la Acusación (MPA) de Santa Fe inició una investigación penal por posible incumplimiento de los deberes de funcionario público y abuso de autoridad. Según Sarla, las armas, credenciales y chalecos de los agentes fueron confiscados el martes.