La revisión estatal sobre los balances financieros de la Asociación del Fútbol Argentino (AFA) se encuentra en una etapa de creciente rigurosidad, en paralelo a las controversias administrativas y judiciales que afronta la gestión de Claudio “Chiqui” Tapia. El foco de las autoridades está puesto en el destino de 450 millones de dólares, cuya trazabilidad permanece oscura en los registros oficiales de la propia AFA y de la Superliga, según documentos presentados ante la Inspección General de Justicia (IGJ). Esta ofensiva se profundizó luego de que el Gobierno nacional rechazara formalmente la recusación que la cúpula de la entidad intentó interponer contra Daniel Vítolo, titular de la IGJ, lo que obliga a la AFA a responder con mayor detalle a los requerimientos y expone a Tapia y sus colaboradores a un control sin precedentes.
En los últimos días, se sumó un nuevo frente de conflicto institucional: dos informes distintos –de la IGJ y de la Agencia de Recaudación y Control Aduanero (ARCA)– comprobaron que el domicilio que Tapia inscribió como nueva sede legal de la AFA en Pilar, ubicado en Mercedes 1366, no existe materialmente. El sitio, anunciado por la dirigencia como “Próximamente Sede Social y Museo Campeones del Mundo”, es en realidad, de acuerdo con los documentos oficiales a los que accedió el medio Infobae, un baldío sin instalaciones. Esta irregularidad facilitó el traslado de causas judiciales sensibles, al tiempo que erosiona la defensa institucional sostenida por la dirigencia ante organismos estatales y ante la opinión pública.
El reclamo del Estado por mayor claridad sobre los fondos no es nuevo. La IGJ había requerido a la AFA en diciembre un desglose de movimientos contables y contratos entre 2017 y 2024. La respuesta remitida por la dirigencia deportiva a mediados de enero resultó insatisfactoria. Consecuentemente, el organismo encabezado por Vítolo reiteró el pedido, señalando que las planillas enviadas hasta el momento “no cumplían con los requisitos de desagregación y de explicación de su contenido”, aspecto indispensable para evaluar la conformación de los rubros económicos bajo vigilancia, según consta en la nota enviada por la IGJ.
Entre los montos que suscitan mayores interrogantes se encuentran 111 millones de dólares pertenecientes a la AFA y otros 348 millones de dólares ligados a la Superliga, cuyas composiciones y destinos no fueron debidamente documentados por la dirigencia de Tapia. Se solicitó, asimismo, información detallada sobre pasivos, deudas, inversiones en infraestructura, recupero de actividades comerciales y, especialmente, movimientos asociados a la firma TourProdenter LLC, una empresa dirigida por Javier Faroni, que habría canalizado fondos recaudados internacionalmente por la entidad deportiva. El contrato con esta firma le otorgó el 30% del dinero recaudado como comisión, según figura en los documentos oficiales. El requerimiento incluyó un pedido de apertura “pormenorizada” y sustento documental de las operaciones, “el objeto de cada contrato, los períodos de cobertura de la sponsorización abonada y la identificación de las cuentas bancarias donde fueron acreditados los fondos”.
El punto sobre la sede también repercutió en el plano judicial: la IGJ constató que Mercedes 1366 no es localizable. Inspectores oficiales y agentes de ARCA confirmaron que el lugar indicado por Tapia está en una zona de baldíos, sin ninguna propiedad conforme a la numeración declarada. Testimonios de vecinos recogidos por la Inspección General de Justicia y publicados por Infobae ratificaron que allí solo existe “un cartel”, instalado “hace unos tres años”, pero nunca se registró presencia de personal ni oficinas vinculadas a la AFA. La responsable del cercano Polideportivo Municipal, consultada por el organismo, aseveró: “No tengo conocimiento de que la AFA tenga ahí su sede y de la AFA solo sé del cartel de la esquina. En ese espacio no hay instalaciones ni personas de la AFA”.
Desde la defensa legal de la AFA, el abogado Gregorio Dalbón argumentó ante el medio Infobae que el cambio de domicilio fue aprobado formalmente en una asamblea y remarcó la validez legal de la numeración. Sin embargo, en la práctica inmobiliaria local, la identificación de titulares de dominio solo se realiza mediante parcelas catastrales, debido a la ausencia total de numeración reconocida.
El conflicto de la sede tiene impacto directo sobre la competencia judicial en una de las causas más delicadas: la adquisición de una mansión en Pilar, con helipuerto y vehículos de lujo, supuestamente vinculada a directivos de la AFA a través de presuntos testaferros. La investigación se trasladó de la justicia penal económica porteña a la federal bonaerense debido, entre otros elementos, a la existencia de esta “sede fantasma”.
Mientras tanto, en lo administrativo, la decisión final quedó en manos del Ministerio de Justicia. De acuerdo con la documentación obtenida por Infobae, la subsecretaría de Asuntos Registrales, bajo la firma de Carlos Medina, desestimó la recusación contra Vítolo. El fallo remarcó que las expresiones atribuidas al funcionario “no configuran causal suficiente para apartarlo” y consideró improcedente el planteo por parte de la AFA. El informe que presentó Vítolo argumentó: “El suscripto no ha emitido opinión o dictamen acerca del pleito, ni ha dado recomendaciones acerca del presente caso administrativo, antes o después de comenzado”.
El dictamen también puntualizó que el sistema de notificaciones utilizado por la IGJ es el mismo que rige desde hace más de dos décadas y fue aceptado previamente por la propia dirigencia futbolística en la supervisión de la Superliga: la diferencia en el trato “se invoca cuando el procedimiento genera conflicto y no cuando transcurre sin incidentes”, subrayó Vítolo.
Con la recusación formalmente desestimada, la revisión y el control de los ocho balances consecutivos de la AFA volvieron a escena. La IGJ decidió continuar su supervisión y, en caso de encontrar nuevas omisiones, procederá a dictar nuevas intimaciones. Ante este escenario, Dalbón expresó a Infobae: “La AFA va a ejercer todas las vías legales a su alcance —administrativas, judiciales, civiles, comerciales y, de corresponder, penales— frente a lo que consideramos un accionar arbitrario y técnicamente inconsistente por parte de la IGJ. El control es legítimo; el abuso de poder, no”.
Mientras tanto, la controversia institucional, la opacidad financiera y el misterio de la sede inexistente incrementan la presión sobre la conducción de Tapia, que permanece en la mira de los organismos de fiscalización y del sistema judicial.