La CGT decidió salir a la calle nuevamente para protestar contra la reforma laboral: el miércoles próximo, desde el mediodía, se movilizará ante el Congreso cuando los senadores comiencen el debate sobre el proyecto oficial.
Lo resolvió este mediodía el Consejo Directivo cegetista, como anticipó Infobae, que se reunió en la sede de Azopardo 802 y mantuvo una discusión interna: a la propuesta de hacer la movilización, efectuada por el triunvirato, hubo otras de sumar un paro de 12 horas para favorecer la asistencia de los manifestantes, efectuada por los sindicatos del transporte de la CATT, e incluso una para realizar un paro de 48 horas, como planteó Sebastián Maturano (La Fraternidad).
Sergio Palazzo (bancarios), por su parte, pidió que la CGT avale el cese de actividades para que participe más gente de la concentración y, además, que se anuncie que la movilización del miércoles próximo será parte de un plan de lucha que irá creciendo en intensidad.
De todas formas, pese a que se decidió una movilización ante el Congreso sin paro, cada sindicato quedó facultado para disponer un cese de actividades para permitir que los trabajadores puedan concurrir a la movilización.
Las propuestas de hacer paros no lograron suficiente consenso en la conducción de la CGT, donde predomina el sector dialoguista, que sigue negociando en varios frentes para introducir cambios en la reforma laboral.
En el debate de los dirigentes cegetistas hubo quejas contra el Gobierno por la reforma laboral y también contra los gobernadores, que, con la excepción de algunos del PJ, eludieron reunirse con los sindicalistas en sus provincias para hablar del tema y parecen dispuestos a votar el proyecto en sintonía con la Casa Rosada.
“Esta lucha no termina porque después del Senado tiene que ir a Diputados; si se llega a aprobar esta ley en general, esperamos que en el tratamiento de artículo por artículo haya muchas modificaciones que respeten los derechos del movimiento sindical”, dijo Andrés Rodríguez (UPCN) tras la reunión. Y agregó: “Nosotros pretendemos prácticamente neutralizar todo aquel artículo que atente contra los derechos del trabajo”.
Por su parte, Gerardo Martínez (UOCRA) afirmó que la estrategia consiste en "seguir dialogando con todos los sectores que puedan influir en el rechazo a esta reforma que atenta contra los derechos individuales y colectivos de los trabajadores". Y si ese camino no prospera, advirtió que "recurriremos a la justicia para solicitar el rechazo de aquellos artículos que sean inconstitucionales".
Al encuentro de la CGT concurrieron sus cotitulares, Octavio Argüello (Camioneros), Jorge Sola (Seguro) y Cristian Jerónimo (empleados del vidrio); Andrés Rodríguez (UPCN), Gerardo Martínez (UOCRA), Hugo Moyano (Camioneros), Osvaldo Lobato (UOM), Héctor Daer (Sanidad), Sergio Romero (UDA), José Luis Lingeri (Obras Sanitarias), Juan Carlos Schmid (Dragado y Balizamiento), Sergio Palazzo (bancarios), Sebastián Maturano (La Fraternidad) y Horacio Calculli (aeronavegantes), entre otros.
Más allá de las críticas, los gremialistas ya dan por descontado que la reforma laboral se convertirá en ley y los esfuerzos ahora se dirigen a conseguir respaldos para que se modifiquen en el recinto algunos puntos que ponen en jaque el financiamiento de los sindicatos.
Sin embargo, como anticipó Infobae, las versiones que circulan sobre los cambios aceptados por el Gobierno apuntan, sobre todo, a congraciarse con los gobernadores, cuyo apoyo es clave para la sanción de la iniciativa y a la CGT sólo le darían un alivio a dos de sus demandas vinculadas con “la caja sindical”.
La nueva versión de la reforma laboral, según trascendió, incluiría una fórmula para conformar a los gobernadores por la baja de impuestos que contempla el proyecto: postergar para más adelante la reducción de alícuotas de impuestos, como Ganancias para grandes empresas, que afectarán la masa de recursos coparticipables que reciben las provincias.
Dicen que el Ministerio de Economía buscó una variante que no resignara la baja de impuestos, una bandera de los libertarios, pero que la difiriera para encontrar una salida a mediano plazo de esta encerrona que pone en riesgo la sanción de la iniciativa si los mandatarios del interior se rebelan. Hay en juego una merma de aproximadamente $1 billón para las provincias.
Al mismo tiempo, a la CGT le concederían dos de los puntos que reclama modificar: dejarían a salvo las cuotas solidarias para los sindicatos (no así los aportes obligatorios que van a las arcas de entidades empresariales en concepto de capacitación) y se eliminaría el artículo 161, que recorta la contribución patronal destinada a las obras sociales del 6% al 5%, y que, según los sindicalistas, implica en los hechos un desfinanciamiento directo del sistema de salud administrado por los gremios. Las estimaciones oficiales indican que esta rebaja representa una pérdida de entre 679 y 700 millones de dólares anuales, equivalentes a aproximadamente el 0,1% del PBI.
Quedarían intactos, pese a la presión de la CGT, los artículos que reglamentan el derecho de huelga en servicios esenciales, la prelación de los convenios por empresa, la limitación de la ultraactividad de los convenios y las restricciones de las asambleas.