Tras sorprender con el Decreto de Necesidad y Urgencia (DNU) 941/25 de fin de año, que dispone la reestructuración de la Secretaría de Inteligencia (SIDE), el Gobierno Nacional confía en que la justicia no dará lugar a los amparos presentados por referentes de la oposición que cuestionan la determinación, mientras, en paralelo diseña, la estrategia legal para hacerles frente en caso de que los recursos avancen, según reveló una importante fuente a Infobae.
“No debieran avanzar. Nadie puede acreditar legitimación. Para presentar una medida contra un decreto se debe acreditar daño y nadie que pueda acreditarlo”, sintetizó una importante voz con acceso al despacho presidencial.
La SIDE, encabezada por Cristian Auguadra y Diego Kravetz, se someterá a un proceso de cambios para “ordenar el sistema”. Los cambios fueron impulsados por el asesor presidencial, Santiago Caputo, para avanzar en la modernización del organismo ante la actual coyuntura. “Permite proteger al país frente a las amenazas contemporáneas, delimita competencias, reduce su estructura y fortalece los controles estatales”, argumentaron desde la secretaría a través de un comunicado.
A partir de la oficialización del decreto del pasado miércoles, que modifica la Ley de Inteligencia y que lleva la firma del presidente Javier Milei y todo e Gabinete, el organismo sumó facultades e incorporó la posibilidad de proveer su propia seguridad y aprehender a personas ante hechos de flagrancia.
La determinación despertó la reacción de legisladores de la oposición que cuestionaron el accionar del Poder Ejecutivo y anticiparon que acudirían a la justicia para impedir la aplicación de los cambios. Hasta el momento se presentaron tres amparos contra la medida. “Si este DNU que modifica la Ley de Inteligencia Nacional lo hubiera firmado el kirchnerismo, estaríamos ante un escándalo institucional de proporciones históricas”, supo cuestionar el diputado Maximiliano Ferraro, de los primeros en rechazar el decreto.
El pasado lunes, los diputados de la Coalición Cívica, Maximiliano Ferraro y Mónica Frade, y del Partido Socialista, Esteban de Paulón, presentaron una acción de amparo ante el fuero Contencioso Administrativo para exigir la suspensión de los efectos del DNU. “El Congreso está en condiciones de sesionar y una temática como esta requiere deliberación, equilibrio y control. Eludir este procedimiento debilita la legitimidad democrática de la norma”, sostuvieron al tiempo que solicitaron que se declare su inconstitucionalidad y la nulidad absoluta e insanable. Por sorteo, le tocó al juzgado en lo contencioso administrativo 4, de la jueza Rita Alián.
Por su parte, la Fundación Apolo que lidera el exlegislador Yamil Santoro también presentó un recurso para avanzar en la deslegitimación de las facultades de detención que le reconocen al organismo. “A nuestro entender exceden los límites constitucionales”, sentenciaron desde el entorno del referente a Infobae.
La última presentación ingresó ayer a la Cámara Federal en lo Contencioso Administrativo, y lleva la firma de un grupo de dirigentes vinculados a la Unión Cívica Radical (UCR) Leopoldo Moreau, Federico Storani, Ricardo Alfonsín, Luis Alberto Cáceres, Manuel Garrido, Eduardo Santín y Ricardo Terrile. “Arrasa con el plexo de los derechos y garantías consagrados en la Constitución Nacional”, sentenciaron.
En Casa Rosada se anticiparon a las posibilidades, y pese a que se muestran optimistas por el accionar judicial, los equipos de legales avanzan en la estrategia legal que desplegarán en caso contrario. “La falta de legitimación es clara. No pueden probar daño ni autoproclamarse la defensa del pueblo”, argumentó ante este medio un conocedor del tema. Además, aseguró contar con jurisprudencia “pacífica” que respalda la determinación de la administración.
Si bien se mostraron confiados, en Balcarce 50 creen que el Poder Judicial está teñido de intereses políticos, por lo que no descartan apelar y elevar el tratamiento. “Confiamos en que debería rechazar pero en caso contrario, si hay que debatirlo en Tribunales, vamos a ganar. La Corte tiene jurisprudencia que nos da la razón”, sentenció una importante voz del ecosistema libertario.
Según argumentan, se trata de lo que denominan como “jurisprudencia pacífica” que determina quién tiene legitimación y en qué casos. “No hay caso. ¿Cuál es el caso? No hay daño pero más aún, no hay caso”, insistían.
Desde el último día del 2025, fecha de oficialización del decreto, el jefe de Gabinete, Manuel Adorni, cuenta con un plazo de 10 días hábiles para presentar el decreto en el Congreso de la Nación a los que se le suman otros 10 para dar lugar al tratamiento en ambas cámaras.
En paralelo, la oposición presiona para avanzar en la conformación de la Comisión Bicameral de Inteligencia, de carácter permanente, que deberá elaborar un pedido de información a la Casa Rosada. Lo cierto es que hasta que no se trate, el DNU mantiene su vigencia y aplicación.
Como contó este medio, de los 16 miembros de la comisión, 11 continúan en funciones y quedarán cinco por nombrar que se repartirán entre los distintos espacios. En el oficialismo evitan hablar de plazos, y aunque aseguran que deben designar los nuevos lugares, admiten que el tema aún no fue abordado por el bloque por lo que se espera una prolongación de los tiempos.
Sin embargo, desde las bancadas opositoras precisan que, pese a la dilación, los plazos legales corren y el tratamiento de decretos puede habilitarse fuera del período ordinario, con el Congreso en actividad. “A partir de mediados de enero estaremos en condiciones de tratarlo”, prometen.