La Justicia Federal ordenó mantener en prisión al líder de la agrupación Resistencia Ancestral Mapuche (RAM) Facundo Jones Huala y encuadró la investigación como “caso complejo”, por lo que podría seguir tras las rejas hasta el año 2027.
Jones Huala fue imputado por asociación ilícita calificada. Este lunes se cumplieron los 90 días de prisión preventiva que ordenó el juez subrogante de Bariloche Ezequiel Andreani, tras ser detenido en junio pasado por Policía Federal. Cuando fue capturado no había orden para hacerlo, aunque el magistrado improvisó en pocas horas la documentación para avalar el procedimiento.
En el marco de una audiencia que encabezó el juez subrogante Gustavo Zapata, la fiscal coadyuvante de Bariloche, Angela Pagano Mata, solicitó extender la prisión hasta diciembre.
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La decisión provocó rechazo de la defensa, que atribuyó la decisión a la presión política de Casa Rosada sobre los jueces. “Los fiscales y jueces obedecen sin chistar las órdenes y recomendaciones del poder político y del ministerio de Seguridad” afirmaron, al cuestionar el desarrollo de la audiencia.
El activista está imputado por sus declaraciones durante la presentación del libro Entre Rejas, Antipoesía Incendiaria, en febrero pasado, en la que defendió los atentados incendiarios y los sabotajes como método de lucha “contra el sistema capitalista, las transnacionales y los terratenientes”.
Para sus abogados, el “lonko” dio apreciaciones ideológicas, opiniones sobre métodos de lucha, vertió reivindicaciones de acciones y exaltó hechos. “Todas fueron expresiones políticas” afirmaron.
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La denuncia fue presentada por el Ministerio de Seguridad de la Nación. “Hoy Facundo se arriesga a una muy larga condena a partir de sus dichos en la presentación de su libro de poesías” asegura la Gremial de Abogados y Abogadas de la República Argentina, a cargo de la defensa de Jones Huala.
Pagano Mata, que catalogó a la RAM como una “organización criminal”, admitió “dificultades” en la recopilación de evidencia para dicha investigación y lo atribuyó a la ubicación geográfica donde tuvo actuación la agrupación que lidera el mapuche, en las provincias Neuquén, Río Negro y Chubut. “La dificultad probatoria es realmente importante” reconoció.
Dijo que buscan pruebas para demostrar que la agrupación existe desde 2014, a partir de distintas reivindicaciones posteriores a atentados y hechos vandálicos.
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Hizo foco en la presentación del libro de Jones Huala y a material probatorio recuperado del celular del mapuche, donde confirma que pertenece “a una organización de índole militar con disciplina y estructura militar”.
Los defensores pusieron en duda la existencia de la RAM como grupo violento. “En ninguna de las causas abiertas se pudo concluir la existencia como estructura, más allá de la aparición en ciertos casos de volantes o pintadas que le atribuyen determinados hechos” dijeron, luego de la audiencia del lunes pasado.
Quién sostiene su existencia, a pesar de que no se conocen a otros integrantes de la RAM, es el propio Jones Huala. “No se probó, por ejemplo, que no sea simplemente un nombre que distintas personas o grupos utilizan para darle identidad o trascendencia política a distintas acciones independientes. No se imputó nunca a nadie”, aseguraron sus abogados.
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Durante la audiencia, la Fiscalía Federal no sólo solicitó la prórroga de la prisión preventiva, sino que solicitó además encuadrar al proceso como “caso complejo”, lo que podría extender la investigación hasta 2027, mientras que el proceso podría llegar hasta los seis.
“Facundo (Jones Huala) seguirá detenido por más tiempo, su causa es declarada “delito complejo” y la idea abierta y alevosa del Ministerio de Seguridad y de los funcionarios judiciales es llevarlo a juicio en estas condiciones e intentar condenarlo” se quejan sus abogados.
Sin embargo anticiparon que apelarán la decisión. Cuando el magistrado ordenó la preventiva, los abogados utilizaron ese recurso para gestionar su libertad mientras se extiende la etapa de investigación. Por su parte, el Tribunal Federal de Revisión de General Roca rechazó el planteó y avaló la decisión de Andreani.
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La defensa argumentó que la detención del mapuche fue ilegal, debido a que se ejecutó sin una orden previa y de manera irregular, según su criterio.
Planteó además que no era indispensable la prisión preventiva para llevar a cabo la investigación por los cargos que le endilgan y que su defendido podría permanecer en libertad durante el tiempo que se prolongue la investigación. Sin embargo, ninguno de los argumentos fue aceptado por el Tribunal.