En medio del conflicto salarial que atraviesa el Hospital Garrahan, Ana Fustiñana, jefa de Clínicas del área de Emergencias, advirtió sobre el deterioro sostenido de las condiciones laborales dentro de una de las instituciones pediátricas más importantes del país. “La situación es muy desesperante, la gente se está yendo, tenemos renuncias masivas y lo que se rompa hoy del hospital no se va a recuperar”, señaló en diálogo con Infobae en Vivo, marcando un momento crítico en la tensión que involucra al personal médico, residentes y autoridades del sistema de salud nacional.
La médica explicó que el conflicto no es nuevo. Según detalló, durante los últimos ocho o nueve años se registraron momentos de tensión, aunque las negociaciones mantenidas entonces lograron evitar un colapso mayor. “Tuvimos épocas mejores, en los últimos 8 o 9 años hemos tenido conflictos con el salario, pero habíamos tenido negociaciones con la intención de que el hospital no se desmoronara. Pero hace un año y medio que esto no pasa”, afirmó. En este contexto, Fustiñana puntualizó que los trabajadores están reclamando una recomposición salarial, dado que desde hace un año no perciben aumentos y el poder adquisitivo ha disminuido drásticamente. “Nuestro poder adquisitivo es cada vez menor”, lamentó.
La situación se agrava con las condiciones internas que enfrenta el hospital. En el área de urgencias, que Fustiñana lidera, se atienden unos 77.000 pacientes por año, muchos de ellos con diagnósticos complejos. “Atendemos pacientes con cáncer, con enfermedades congénitas graves, enfermedades neurológicas, un montón de cuestiones que si las nombro una por una los voy a aburrir, pero que obviamente necesita médicos que tengan experiencia porque en general los pediatras no están acostumbrados a tratar pacientes en el estado que los atendemos nosotros”, indicó.
En este sentido, expresó su preocupación por la pérdida de profesionales formados y la dificultad para atraer nuevos residentes: “La gente altamente capacitada no se quiere quedar y los residentes no quieren entrar, es muy grave lo que estamos pasando”.
Uno de los puntos centrales del reclamo es la falta de transparencia presupuestaria. Fustiñana aseguró desconocer el monto de dinero que recibe actualmente el hospital. “Nosotros desconocemos cuánto es la cantidad de dinero que entra al hospital, en años anteriores había balances, pero ahora no podemos acceder a esa información”, sostuvo.
El conflicto estalló en medio de una medida de fuerza por parte del personal, incluyendo residentes, psicopedagogas y profesionales de salud mental. A pesar de que el Gobierno dictó la conciliación obligatoria, las manifestaciones continuaron.
En respuesta, la viceministra de Salud, Cecilia Loccisano, sostuvo que el problema del hospital no es la falta de recursos económicos, sino su administración. En sus redes sociales publicó que el Garrahan cuenta con 953 empleados administrativos y 478 médicos de planta, y que el presupuesto destinado a sueldos administrativos supera al destinado al cuerpo médico. Además, anunció la implementación de un sistema de control biométrico a partir del 1 de junio, con el objetivo de mejorar la eficiencia en el uso de los recursos. “No es un problema de plata. Es un problema de cómo se gasta. La medicina no puede sostener una estructura donde la burocracia pesa más que la salud de los chicos”, escribió.
Desde el sector gremial, la Asociación de Trabajadores del Estado (ATE) y la Asociación de Profesionales y Técnicos del Hospital de Pediatría Garrahan manifestaron su disposición a dialogar, pero consideraron que la conciliación obligatoria no resuelve el núcleo del problema: los salarios. Por su parte, la directora de Relaciones y Regulaciones del Trabajo, Mara Agata Mentoro, afirmó que la medida se enmarca en un procedimiento legal regulado por la Ley N° 14.786, y tiene como objetivo garantizar la continuidad de los servicios mientras avanzan las negociaciones.
Hasta 2017, el hospital era financiado en conjunto por el Gobierno nacional y la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, pero el esquema cambió, quedando bajo la órbita de Nación. Fustiñana advirtió que esta modificación generó un impacto financiero considerable y que hoy se atraviesa una coyuntura inédita: “Lo que se rompa hoy del hospital no se va a recuperar”.
En paralelo, trabajadores del hospital afirman que la crisis se manifiesta en las renuncias masivas, la dificultad para sostener la atención de alta complejidad y la precarización de las condiciones laborales. La exigencia principal es una recomposición salarial del 100 por ciento y que ningún salario quede por debajo de la canasta básica, en un hospital que atiende a miles de pacientes de todo el país y que realiza anualmente alrededor de 600 mil consultas ambulatorias, 10.000 cirugías y 100 trasplantes.
El conflicto sigue abierto, mientras los trabajadores evalúan nuevas medidas si no se logran avances concretos en los próximos días.