Luego de que se detectaran varias irregularidades en las contrataciones realizadas por el Fondo de Infraestructura de Seguridad Aeroportuaria, el Gobierno nacional eliminó el Fondo Fiduciario Público que había sido creado para administrar el desarrollo integral en materia de seguridad aeroportuaria en todo el país. De esta manera, la tarea de gestionar el presupuesto del área será transferido a la Administración Nacional de Aviación Civil (ANAC).
La modificación en la normativa fue oficializada por medio de la publicación del Decreto 144/2025 en el Boletín Oficial, luego de que obtuviera el visto bueno del presidente Javier Milei, el jefe de Gabinete, Guillermo Francos, y el ministro de Economía, Luis Caputo. “Disuélvese el FONDO FIDUCIARIO PÚBLICO denominado “FONDO DE INFRAESTRUCTURA DE SEGURIDAD AEROPORTUARIA”, creado por el Decreto N° 1334/14“, establecieron en el artículo 1° del texto.
A partir de la eliminación del organismo, se estableció que la tasa de seguridad aeroportuaria pasaría a ser transferida en un 100% hacia la Administración Nacional de Aviación Civil (ANAC), el cual depende de la Secretaría de Transporte y, a su vez, del Ministerio de Economía.
No obstante, la ANAC tendrá la obligación de utilizar la mitad de los fondos recaudados, para garantizar la realización de obras y/o la implementación de sistemas o nuevas tecnologías que sirvan para fortalecer la infraestructura de los aeródromos repartidos en todo el territorio nacional.
A pesar de que el Fondo de Infraestructura de Seguridad Aeroportuaria dejará de estar a cargo de la administración de los fondos, se dispuso que continúe activo para “asegurar la coordinación y producción de información, así como la ejecución de los actos relativos a la administración de la disolución y posterior liquidación”.
En este sentido, determinaron que el proceso de liquidación del área dependerá de las medidas impartidas por parte del Ministerio de Economía. Asimismo, apuntaron que “se torna necesario establecer un nuevo criterio de distribución de lo recaudado, que continúe asignando recursos a dicha política pública“, tras los resultados obtenidos por medio de una auditoría realizada por la SIGEN.
Previo a esto, el organismo había activado las alarmas al detectarse compras y contrataciones faltantes de información, ya que en algunas transacciones se notificó por la ausencia de responsables y dependencias que habrían llevado a cabo la selección, supervisión del cumplimiento del contrato y la recepción de los bienes y servicios.
De esta manera, en el informe describieron la existencia de compras que no estaban relacionadas con la misión inicial del organismo, es decir, fortalecer la seguridad aeroportuaria. A modo de ejemplo, las autoridades denunciaron que se utilizaron fondos públicos para adquirir 140 computadores portátiles, 9 aires acondicionados split frío/calor, 592 neumáticos para los vehículos oficiales de la ANAC y la contratación de servicios de consultoría.
En oposición, el informe destacó la poca asignación de proyectos y proyección de obras a realizar en aeropuertos y aeródromos nacionales. A la vez que señalaron la existencia de contrataciones proyectadas en el Plan Anual de Contrataciones de la Administración Nacional de Aviación Civil que habían sido duplicadas, remarcaron la ausencia de informes de gestión que pudieran medir el impacto del área en materia de seguridad aeroportuaria.
A principios de 2025, el Gobierno ya había ordenado la eliminación de otros tres fondos fiduciarios, entre ellos, el Fondo Fiduciario del Servicio Universal, el Fondo Fiduciario para la Vivienda Social y el Fideicomiso del Programa de Desarrollo Rural y Agricultura Familiar (Prodaf) a través de la publicación del Decreto 6/2025. Los mismos fueron desarticulados por haberse encontrado irregularidades e incumplimientos en los objetivos.
En el caso del Fondo Fiduciario del Servicio Universal, creado bajo la Ley 27.078 —cuyo fin era desarrollar tecnologías de información y comunicación estableciendo y garantizando la completa neutralidad de las redes—, se detectó que varios programas asociados carecían de instrumentos que justificaran su continuidad y no cumplían con los objetivos estipulados.
Mientras que en el Fondo Fiduciario para la Vivienda Social se encontraron obras finalizadas que no contaban con las correspondientes rendiciones de cuentas y proyectos rescindidos sin devolución de los fondos, la decisión de disolver el Prodaf se tomó bajo la consideración de que ya había cumplido con las metas iniciales.
La eliminación de estas áreas fueron realizadas en el marco de auditorías y evaluaciones realizadas por el Ministerio de Economía, luego de que se estableciera la facultad de “modificar, transformar, unificar, disolver o liquidar los fondos fiduciarios públicos de conformidad con las reglas que allí se establecen” a través de la Ley Bases.