El próximo 8 de agosto, Entre Ríos deberá abonar un nuevo pago de capital e intereses de su deuda en dólares. Se trata del segundo vencimiento anual del bono ER 2025, emitido en 2017 y refinanciado en 2021.
La administración del gobernador, Rogelio Frigerio, tuvo serias dificultades para enfrentar el pago de febrero. A dos meses de asumir, debió salir a tomar deuda en pesos a fin de cancelar el vencimiento. Los fondos que había dejado el Gobierno del justicialista Gustavo Bordet fueron colocados en pesos. La devaluación de diciembre licuó esos recursos. Y obligó a las nuevas autoridades a una medida extrema.
Tras el sofocón, el Gobernador puso sobre la mesa la posibilidad de ir a golpear la puerta de los bonistas y plantear un reperfilamiento. Es que el esquema que renegoció Bordet tras la suspensión de pagos del 2020 puso toda la carga de vencimientos en la gestión que comenzaba en 2023. La renegociación, sin embargo, ya no figura en los planes oficiales.
― ¿La alternativa de refinanciación, acordando con los bonistas, quedó en el cajón? – preguntó Infobae a un funcionario de primera línea del Gobierno provincial.
― Sí – fue la respuesta tajante.
El bono ER 2025 fue lanzado en 2017 por Bordet. El entonces mandatario buscó limpiar la deuda en pesos, con altos intereses y a corto plazo, por otra con mejores condiciones. Después vino la debacle del 2018. Y dos años más tarde la pandemia. El ex gobernador acordó con los acreedores luego de que la Coalición de bonistas de provincias argentinas lo amenazara con una demanda en los Tribunales Federales de Nueva York.
La decisión política de Frigerio saca a Entre Ríos de la zona de riesgo en la que está La Rioja. La provincia que gobierna Ricardo Quintela dejó de pagar en febrero el bono verde que había emitido para construir un parque eólico que luego vendió en u$s 171 millones. Los fondos Beauregarde y Sandaglass demandaron a la administración riojana. Buscan cobrar intereses y amortizaciones caídas.
Lo que viene
“Como definición general, vamos a cumplir con todos los compromisos que tenga la Provincia. Para hacerlo, tenemos distintas alternativas”, expresó un funcionario del círculo íntimo de Frigerio ante la consulta de este medio.
Por el escenario financiero, la decisión no es sencilla. Entre Ríos tendrá que juntar, al tipo de cambio oficial, 60 mil millones de pesos para honrar su deuda. El monto representa el 120% de la recaudación de impuestos provinciales del mes de junio, que cerró en $ 50,7 mil millones. O el 35% del total de remesas federales del mismo mes, que rondaron los $ 170 mil millones.
En el Ministerio de Economía de Entre Ríos se manejan dos posibilidades. “Estamos barajando alternativas en el mercado financiero, bancos básicamente. Y también en el mercado de capitales”, explicó una fuente de esa cartera.
Si el Gobierno provincial va por la salida bancaria, se encontrará con una restricción. La Provincia tiene vigente un contrato de agencia financiera con el Banco de Entre Ríos, propiedad del Grupo Eskenazi. Este acuerdo obliga a la Administración Provincial a financiarse, primariamente, por esa entidad. Si el volumen u otro factor imposibilitan esta vía, queda abierta la chance de buscar un operador alterno en el sector bancario.
La otra ventanilla, la del mercado de capitales, es la que aparece como más difícil. Los tiempos son muy cortos. Y la experiencia reciente de otras provincias que han pretendido fondearse allí no es buena. “Hay poca aceptación de bonos provinciales. Otros gobiernos han intentado salir al mercado y no obtuvieron el éxito que esperaban”, observaron en el Ministerio de Economía de Entre Ríos.