La comisión de Educación de la Cámara de Diputados dictaminó ayer sobre el proyecto de ley para declarar a la educación como servicio estratégico esencial y quedó más cerca de ser tratado en el recinto.
La iniciativa, al mando de los diputados del PRO Alejandro Finocchiaro y Cristian Ritondo, junto a Carla Carrizo de la UCR, busca garantizar los 180 días de clases en las escuelas públicas del país. “Si esto se convierte en ley, significa que en caso de que haya una huelga docente la escuela debe estar abierta. Durante los dos primeros días de protesta, tiene que haber una guardia mínima de directivos (docentes y no docentes) del 30% y, a partir del tercer día, se eleva al 50%, se deben dar clases en días y horarios habituales”, explicó Finocchiaro en Radio Mitre.
El también presidente de la Comisión de Educación informó que con este proyecto (“tratado con una mirada bajo la Convención sobre los Derechos del Niño”) durante una huelga docente “vamos a poder presentar abogados para meter un amparo obligando inmediatamente a abrir la escuela”, aunque también aclaró que con este dictamen “no se elimina el derecho de huelga”.
“El proyecto tiene su enfoque en los derechos de la infancia. No tiene que ver con el derecho laboral. No hay nada en contra de ningún docente ni del derecho de huelga. Queremos docentes bien pagos y chicos estudiando. Es un enfoque avalado internacionalmente por los derechos de la Convención Internacional del Niño”, explicó Carla Carrizo. Y agregó: “La propuesta se basa en dos cuestiones fundamentales: el interés superior del niño y el derecho a la educación”.
Además, la diputada por la Libertad Avanza, Mercedes Llano, que también participó de la comisión subrayó que este proyecto “es una herramienta que debe ir acompañada de otras reformas estructurales y que nos permitirá transitar de un modelo educativo Baradel, mediocre y decadente, hacia un modelo de excelencia, inspirado en los principios de Domingo Faustino Sarmiento, mediante el cual la educación vuelva a ser un vehículo de ascenso social”.
“Este proyecto es fruto de un acuerdo entre diversas fuerzas políticas y busca reinstalar la educación como pilar fundamental del progreso, tras los años de declive y deterioro que se dieron durante el gobierno kirchnerista”, dijo la legisladora mendocina.
Vale recordar que el 20 de febrero último, el Gobierno nacional confirmó que evaluaba declarar la educación como un servicio esencial, algo que estaba incluido en el Decreto de Necesidad y Urgencia 70/2023 que firmó el presidente Javier Milei a los pocos días de asumir.
El artículo 97 de esa norma establece que se considerará como “servicio esencial”, entre otros, a la educación de nivel inicial, primaria y secundaria, así como los servicios de cuidado de menores y la educación especial. La medida se ha discutido en el pasado como un mecanismo para garantizar el derecho a la educación frente a la prolongación de medidas de fuerza.
Finocchiaro agregó que “ayer, a través nuestro, la sociedad argentina le mandó al CTERA (Confederación de Trabajadores de la Educación de la República Argentina) la carta de desalojo de las escuelas. No son de ustedes, no pueden hacer paro por el Día de la Mujer o porque un sindicalista de ustedes cometió un delito en Chubut y fue preso o hacer un paro por el acuerdo con el FMI o porque no les gusta Javier Milei”, sostuvo el diputado.
El proyecto consiguió el apoyo de los bloques de la UCR, Coalición Cívica, La Libertad Avanza, Innovación Federal, Hacemos e Independencia. Quienes no acompañaron la iniciativa fueron los diputados de Unión por la Patria. En un comunicado, Finocchiaro agregó que “la educación debe proveer a nuestros chicos de libertad. Nuestro proyecto de declarar a la educación como servicio estratégico esencial se encuentra destinado a asegurar los derechos educativos. El Estado tiene la responsabilidad principal e indelegable de proveer los medios para garantizar una educación integral, permanente, gratuita y de calidad”, enfatizó.
Por su parte, Cristian Ritondo, jefe del bloque de diputados nacionales del PRO celebró el dictamen al afirmar “es un paso fundamental para garantizar el calendario escolar completo. Nuestros chicos tienen que estar en las escuelas y el Estado tiene que garantizarlo. Basta de que nuestros chicos sean rehenes de los paros”.
Por último, con respecto a la Ley Bases, Finocchiaro se refirió a lo que acordó con el jefe de Gabinete, Guillermo Francos. “En aquellos artículos en que el Gobierno ha hecho un acuerdo vamos a respetar a como vino del Senado, pero en aquellos otros que se ha desvirtuado la redacción original de Diputados -y el Gobierno no ha hecho ningún acuerdo- nosotros vamos a votar para insistir con la redacción original como en el caso de Ganancias o bienes del RIGI (Régimen de Incentivo para Grandes Inversiones)”.