Las 92 hectáreas que sigue ocupando la autoproclamada comunidad Buenuleo podrían ser restituidas a su propietario, luego de la imputación de cinco de sus integrantes y del pedido de desalojo que realizó el Ministerio Público rionegrino, durante la audiencia de cesura en la que también pidió penas en suspenso para los responsables.
El propietario del predio apuntó contra la ex titular del Instituto Nacional de Asuntos Indígenas (INAI), Magdalena Odarda, por el rol que cumplió durante el litigio.
Los integrantes del grupo podrían recibir penas de hasta dos años y seis meses de prisión en suspenso, si prospera el planteo que formuló el Ministerio Público y la querella.
La fiscalía solicitó dos años y tres meses por el delito de usurpación, y tres meses más para uno de ellos por perturbar el ejercicio de funciones públicas, debido a que ideó un plan para frustrar una audiencia judicial con una amenaza de bomba que ejecutó un conocido.
El delito de usurpación quedó comprobado en marzo. La fiscalía solicitó la condena y la liberación del espacio que aún retiene.
El principal referente de la agrupación, Ramiro Buenuleo, es quien carga con la peor acusación, al ser encontrado culpable de esa falsa denuncia. Los otros acusados son Lucas Dinamarca, Rosa Buenuleo, Aucán Maliqueo y Sandra Ferman, para quienes pidieron dos años de prisión. Otros cuatro integrantes del grupo fueron sobreseídos durante el proceso judicial.
La defensa de los imputados pidió la pena mínima para hechos de usurpación, que es de seis meses. El veredicto se leerá en los próximos días.
El predio en conflicto está ubicado al pie del cerro Ventana, a pocos kilómetros del centro de la ciudad. El caso se hizo conocido cuando funcionarios del gobierno que condujo Alberto Fernández se presentaron en el territorio para expresar su acompañamiento a los usurpadores.
En septiembre de 2019, los integrantes de la lof Buenuleo irrumpieron de forma intempestiva en el lote pastoril 172 y tomaron posesión de 92 hectáreas. Lo hicieron, según la Justicia, “con violencia y clandestinidad”.
Antiguamente, las tierras pertenecían a Antonio Buenuleo, aunque con el correr de los años el extinto poblador las comercializó de forma paulatina a distintos compradores. Sus descendientes desconocieron esas operaciones y decidieron ocuparlas bajo la figura de “recuperación ancestral”.
La Justicia machacó a los mapuches que el reclamo fue violento y no a través de los carriles que, a su criterio, hubiesen sido adecuados.
Odarda, durante su gestión, defendió el accionar de los usurpadores al argumentar su preexistencia en el territorio: “Están hace más de 130 años”, aseguró la ex funcionaria, quien fue citada como testigo durante el juicio.
La ex senadora y funcionaria nacional, incluso, defendió una resolución a contrarreloj emitida en 2020 a través de la cual reconoció a la lof Buenuleo como propietaria de más de 600 hectáreas, dentro de las cuales se encuentran las 92 en litigio. Dicha resolución fue refrendada dos años más tarde por el sucesor de Odarda.
La Sala IV de la Cámara de Apelaciones en lo Contencioso Administrativo Federal declaró la nulidad de la resolución y le dio la razón al propietario. Consideraron que el INAI no había cumplido debidamente el procedimiento previo al dictado de la resolución.
La Fiscalía, durante la audiencia de cesura, solicitó el desalojo del predio y además requirió que los responsables de la amenaza de bomba abonen $1.500.000 en concepto de los gastos que demandó el desalojo del edificio.
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